17 de noviembre 2022
Las declaraciones hechas este miércoles 16 de noviembre por el presidente Costa Rica Rodrigo Chaves generaron cuestionamientos y respuestas entre organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, personas refugiadas y solicitantes de refugio en el país.
Chaves dijo en conferencia de prensa que “toma medidas” ante el volumen de solicitudes de refugio que ronda las 200 000 y que son en su mayoría de nicaragüenses que salieron de su país a partir de 2018 cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, la cual continúa irresuelta y ha ocasionado el deterioro económico nacional. En Costa Rica actualmente también existe un flujo de migrantes venezolanos cuyo destino inicial era Estados Unidos, pero que se han quedado varados en el país por falta de recursos para continuar el viaje y ante la nueva medida del Gobierno estadounidense en octubre pasado cuando anunció que expulsaría a las personas de esa nacionalidad que llegasen vía terrestre a su frontera.
“Estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar”, aseguró. Chaves no se refirió de forma específica a alguna medida en concreto que haya tomado o que vaya a tomar al respecto, sino que lo subrayó como parte de una advertencia formulada hacia la comunidad internacional que, según se quejó, no brinda apoyo financiero a Costa Rica para atender a dicha población extranjera que ha llegado al país.
“Ya llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcional (sic) a nosotros como sociedad y la comunidad internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país para ser un buen ciudadano mundial”, dijo.
El Servicio Jesuita para Migrantes fue de los primeros en reaccionar con un comunicado en que expresa "profunda preocupación" antes "las advertencias" del presidente Chaves "que pueden colocar en circunstancias de mayor vulnerabilidad a las personas refugiadas en Costa Rica".
En el mensaje, le recuerdan al mandatario que la revisión de solicitudes de refugio es competencia de otras autoridades, según la legislación vigente en el país. También destacan que "es fundamental no caer en un tratamiento ligero de la tragedia que significa la movilidad forzada de personas y la complejidad de los flujos migratorios que suceden en Costa Rica y el resto del continente".
"Sepa usted que vale la pena que se reconozca el innegable aporte que hacen las personas en movilidad forzada que buscan salir adelante en Costa Rica. Por eso, no deben ser vistas únicamente como "un alto costo", por el contrario, sus contribuciones, su fuerza de trabajo, sus culturas, también son aspectos que, con algo de humildad, todas y todos deberíamos tener en cuenta y agradecer", concluye la exhortación firmada por la directora del Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, Karina Fonseca.
En declaraciones a 100% Noticias, la doctora Adilia Eva Solís, directora del Centro de Derechos Sociales del Migrante, también expresó su preocupación por las declaraciones de Rodrigo Chaves y señaló que muestran "un desconocimiento del debido proceso", y que los solicitantes de refugio pueden someterse a un proceso "sin temor a que se les vaya a negar bajo la presunción presidencial de que se trata de un migrante económico, porque son muchas las razones que llevan a una persona a pedir refugio en Costa Rica".
El doctor Koen Voorend, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, en declaraciones a Interferencia de Radioemisoras UCR, se mostró extrañado ante las declaraciones del presidente Chaves porque "más bien el apoyo de las agencias internacionales, en particular del Acnur, ha sido indispensable para mantener el sistema (de refugio). Lo que hizo el Acnur fue entrenar personal, contratar personal y apoyar el sistema de refugio para atender las solicitudes", dijo.
En esa misma línea, el investigador de dicho instituto, Daniel Alvarado, expresó que sí está bien "apelar a la solidaridad de la comunidad internacional", pero, a la vez, aseguró que los programas de protección social para la población refugiada en Costa Rica han caído en alcance y cobertura, y que, incluso, en muchos de estos programas el papel del Estado costarricense es minoritario y son, más que todo, organismos internacionales y organizaciones de sociedad civil los que brindan esta asistencia social.
Solicitar asilo es un derecho humano
"Costa Rica se ha caracterizado por ser un país respetuoso de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la población, por lo cual confiamos y creemos que continuará siéndolo", dijo, por su parte, Braulio Abarca, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Abarca también recordó que en Nicaragua se continúan violentando los derechos humanos, apresando a personas por razones políticas bajo un régimen autoritario, por lo que los nicaragüenses no tienen más remedio que salir de su país de origen. "Esperamos que esas declaraciones no pasen a más. Los nicaragüenses necesitamos un lugar donde tener refugio y poder contribuir a la economía y al bienestar de este país y que logremos convivir en paz. Apelamos al sentido de humanidad que siempre ha tenido Costa Rica", reiteró.
El observatorio de Derechos Humanos Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor recordó que "toda persona tiene derecho a solicitar asilo en cualquier país del mundo y que ningún país puede negar ese derecho de solicitud". También indicó que "este tipo de discursos que hablan de los migrantes con narrativas no aclaratorias y con cierto grado de populismo alienta el crecimiento del nacionalismo agresivo y fomenta la cultura de la xenofobia", dice el comunicado firmado por el director ejecutivo de esa organización, Jhoswel Martínez.