7 de marzo 2023
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La cancelación de las personerías jurídicas del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y 18 cámaras empresariales, orden es 6 de marzo por la dictadura que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, provocó una ola de solidaridad entre los gremios empresariales del istmo centroamericano que la denunciaron, rechazaron y condenaron, a la vez que adverten el daño que puede acarrear a la economía nicaragüense, e instaron al régimen a reflexionar.
La Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap) manifestó su “rechazo y profunda preocupación”, ante la cancelación de las personerías jurídicas, y recordó que “la libertad empresarial, la libertad de expresión, y todas las demás libertades civiles, son la base de la democracia y la apertura a la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico y social de la población”.
La Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica (Fedecatur), además de rechazar el hecho consumado de la cancelación de personerías jurídicas, aclaró que “para las actuaciones que corresponden, continuará reconociendo únicamente a la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), como único miembro pleno de esta Federación que representa al sector privado turístico organizado de ese país”.
“Las asociaciones empresariales juegan un papel muy importante para el desarrollo económico tanto a nivel nacional como internacional impulsando acciones de fomento al sector al que pertenecen, promoviendo el desarrollo empresarial y enfocados en canalizar el necesario apoyo público-privado de acuerdo con las necesidades, en este caso del sector turismo”, añadió.
La Federación de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecagro), además de condenar la ilegalización de los 19 –incluyendo su socia, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic)– recordó que “el respeto a las libertades fundamentales constituye la base del Estado de derecho necesario para la inversión, la creación de empleos, la paz y la prosperidad”.
Cacif, de Guatemala: “Una seria amenaza a la democracia”
Entre las entidades nacionales similares al Cosep, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), de Guatemala, declaró que “esta decisión atenta contra los derechos de asociación y libertad, y supone una seria amenaza a la democracia y a los principios fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses”, por lo que exigieron detener “las medidas represivas que amenazan el crecimiento y la estabilidad”.
Para la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), las acciones del Gobierno de Nicaragua, contravienen la libertad de asociación empresarial y ponen en riesgo el impulso económico del país, por lo que hace un llamado a reflexionar sobre el impacto negativo que traerá esta situación, tanto para el desarrollo económico como social.
“Las 18 cámaras afectadas representan un sector importante que funge como motor para la economía nicaragüense, por lo que preocupan las consecuencias en cuanto al clima de inversión extranjera en esa nación, el cual se volverá complejo”, advierte.
Para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), “esta medida violenta la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, así como el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación; el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, y el Convenio 144 sobre Consulta Tripartita, poniendo en precario los derechos fundamentales de Nicaragua”.
Añade que “esta decisión pone en peligro la institucionalidad gremial, la libertad de asociación y de representatividad en la República de Nicaragua, limitando así las condiciones para la atracción de inversiones y generación de empleo”.
El director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Randall Murillo Arce, condenó la decisión del Gobierno de Nicaragua, se solidarizó con la Cámara Nicaragüense de la Construcción, y llamó “a las cámaras empresariales y a sus cúpulas, a unirse con el objetivo de exhortar a los sistemas políticos a respetar las libertades constitucionales existentes en los países democráticos”.
“En cualquier país el sector empresarial es clave para el desarrollo económico, al mejorar las condiciones de vida de la población gracias a la generación de empleo y a la provisión de productos y servicios que contribuyen a la economía, por eso lamentamos la situación que hoy vive Nicaragua”, concluyó.
Finalmente, el presidente de la Federación de Cámaras de Costa Rica (Fedecamaras), Francisco Llobet Rodríguez, dijo que esa entidad “seguirá reconociendo y apoyando a todas las cámaras empresariales del sector privado de Nicaragua, y estaremos ofreciéndoles ‘puertas abiertas’... para lo que consideren necesario”.
