5 de octubre 2020
AA
La caída de la actividad económica, tras la masacre oficial contra la protesta social de 2018, el desempleo, la liberación de miles de reos comunes, y la pasividad de las autoridades ante el actuar delictivo de grupos irregulares armados, mientras se dedican a perseguir a opositores, incrementan la actividad criminal en las zonas productivas del Nicaragua.
Cada año, el inicio de la cosecha cafetalera, que ocurre en los departamentos del norte, pero también en Carazo y El Crucero entre otras localidades, trae aparejado un aumento de la actividad delictiva, explica Federico Argüello, presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan).
La razón es muy sencilla: el café es un rubro que mueve mucho dinero en poco espacio de tiempo, y en zonas específicas del país. “Es por eso que vemos robos a finqueros, pero también a los cortadores y asalariados en general”, añade.
Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) detalla por su parte que la inseguridad también se manifiesta en asaltos, asesinatos, abigeato, destace ilegal de ganado, robos en fincas cafetaleras.
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“Estamos preparándonos para la cosecha de café, que involucra a más de 300 000 personas, e implica un incremento en el flujo de dinero para pagar planillas. Hay riesgo para el productor, cuando traslada ese dinero para pagar, pero también para el colaborador, cuando recibe su salario y va hacia su casa o a comprar alimentos a la tienda, y se vuelve una víctima potencial”, detalla Vargas.
Armas confiscadas
En las zonas productivas del país, los nicaragüenses se enfrentan a parapoliciales que operan impunemente en los caminos y a delincuentes comunes, pero además, lo hacen desarmados, tanto si siembran café, como si crían ganado.
“Al menos 85% de ganaderos son pequeños y medianos, y la mayoría vive en sus fincas, así que están sujetos a mayor riesgo de robo en sus casas, que están fuera de las zonas urbanas. Como son pequeños, no tienen capacidad para pagar vigilancia”, algo que ya comenzaron a hacer los productores de otras zonas, relata Vargas.
Suma a eso que la Policía ha confiscado las pistolas, escopetas, y rifles .22 que tenían estos productores para defender a sus familias, bienes y propiedades, y que tampoco hay importación legal de municiones, que sí entran de contrabando, y se pueden conseguir a tres o cuatro veces su precio habitual.
El resultado es que “el sector está indefenso ante el incremento de la delincuencia, que llega con armas de guerra, mientras el productor ya ni siquiera tiene su viejo rifle .22 para defenderse”.
Policía “ocupada” en persecución política
La situación descrita por Vargas y por Argüello, no es exclusiva de cafetaleros y ganaderos. Otros rubros, como maniceros y cañeros, también están viendo un deterioro en los niveles de seguridad en que vivían.
Además del riesgo de que les quemen sus plantaciones, los productores de caña también deben lidiar con ladrones que les roban las piezas de sus tractores, de sus bombas eléctricas y de sus equipos de riego para vender los metales, explica Mario Amador, gerente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar (CNPA).
Lo mismo pasa con cables de electricidad, que son sustraídos para vender el cobre, o la tubería de riego que termina vendida como aluminio, aunque es “peor si llegan a robarse un banco de transformadores, porque te dejan en desgracia”, valora.
Aunque algunos productores acuden a la autoridad policial en busca de ayuda, muchas veces encuentran que los uniformados “están más ocupados en perseguir delitos políticos, que en prevenir delitos comunes”, denuncia Amador.
Con las cosechas será peor
Los maniceros todavía no están en esa situación (porque no ha comenzado la cosecha), pero no dudan de que están en alto riesgo de vivir en la zozobra que ya sufren sus colegas de otras zonas y otros rubros.
“Haber liberado tantas personas que cometieron delitos, y ahora no tienen trabajo, complica la actividad para nosotros, igual que para los cafetaleros”, estima Juan Álvaro Munguía, expresidente de Upanic.
El también productor de maní, dijo que el gremio está preocupado, porque “hace seis meses no veíamos estos niveles de inseguridad, pero ahora vemos asaltos en negocios pequeños o grandes, robos en los barrios, y hace que nos sintamos inseguros hasta en nuestros hogares”, confiesa.
Ni los tabacaleros ni los arroceros reportan niveles de riesgo similares. Los primeros, porque sus áreas de cultivo están más bien cerca de las ciudades, lo que minimiza los niveles de impunidad con que pueden operar los delincuentes, dijo una fuente del sector. Los segundos —que tampoco están muy alejados de las zonas urbanas— porque cuentan con el apoyo del Ejército.
Los arroceros “no hemos tenido muchos problemas en Malacatoya, ni en Sébaco”, afirma Ulises Espinoza, presidente de la Asociación Nacional de Arroceros (ANAR), quien sí dijo saber de asaltos a otro tipo de negocios en esas zonas: una empresa tabacalera, así como a ciudadanos privados que efectuaban una transacción con oro, y sufrieron un robo valorado en cinco millones de córdobas. Fuera de eso, los arroceros están bien.
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