11 de marzo 2016
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Haití y Nigeria, separados por medio mundo de distancia, comparten una característica: un bajo ingreso per cápita. Los dos se parecen en otra cosa: escasa institucionalidad. En el otro extremo, Luxemburgo, Singapur o Finlandia, destacan por una institucionalidad fuerte, y ¡cómo no!, por estar entre los países con ingresos más altos. Casi toda Centroamérica (excepto Costa Rica), más Paraguay o Vietnam, están más ‘cerca’ de Haití y Nigeria, que de los miembros más ricos de la lista.
Aunque muchos factores inciden en la actividad económica, datos del Foro Económico Mundial y del Fondo Monetario Internacional muestran “una clara correlación entre la institucionalidad económica… y el PIB per cápita… conforme mejora la institucionalidad, el desempeño económico se vuelve más consistente”, según el Informe de Institucionalidad Económica, publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
El dato no es nuevo, y quizás por eso sea más triste conformar que el país siga tan rezagado en ese campo, al menos hasta que se recuerda que “las instituciones no son causa, sino efecto: primero se dan las condiciones [políticas], y después surgen las instituciones”, explica Tomás Delaney, miembro de la Comisión de Institucionalidad de Funides.
“Ningún sistema de gobierno, ningún modelo económico, puede existir sin institucionalidad. Este es como el motor que hace que el mecanismo funcione. Al final, no solo se trata de que funcionen las instituciones, sino que funcione todo el sistema completo”, añadió.
Citando nuevamente al Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Funides señala cómo el país ha mejorado en pilares como ‘macroeconomía’ o ‘infraestructura’, mientras decae en ‘salud y educación primaria’ o ‘instituciones’.
“Si bien las variaciones absolutas de la mayoría de los pilares del Índice mejoran, las posiciones de Nicaragua en el ranking relativo desmejoran en el tiempo, lo cual indica una pérdida de competitividad particularmente pronunciada en el ámbito institucional. Esto indica que Nicaragua perdió posiciones a nivel mundial, debido a las mejoras de otros países”, se explica.
Juicios más rápidos
Entre 2012 y 2013, disminuyó en Nicaragua el número de casos de propiedad ingresados al sistema judicial, hasta quedar en 3,920. Con todo, la cifra no permite comparación con nuestros vecinos: Panamá solo reportó 937 casos en el 2012 (menos de la cuarta parte), mientras Costa Rica tuvo 1,246 casos en el 2013, o sea, menos de la tercera parte.
Añádase a eso que en Nicaragua se tarda en promedio, mucho más tiempo para resolver cada caso: tres años o más, mientras Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá requieren dos a tres años, con Honduras y México resolviendo en uno o dos años. “Eso nos quita competitividad y eficiencia. Implica que los inversionistas que vienen a Nicaragua tienen que esperar un año más para encontrar respuesta judicial, cuando les surge un problema de propiedad”, dijo Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides.
El Informe de Institucionalidad Económica 2016’ se centró en analizar los derechos de propiedad y la seguridad jurídica. En referencia a los derechos de propiedad, se asegura que hay avances en la titulación, y estudia las implicaciones que puede tener la nueva Ley de Registro, sobre los derechos de los propietarios. También muestra mejoría en la duración promedio del proceso de inscripción de propiedades “en la modalidad regular y en la modalidad agilizada, entre 2013 y 2015, sobre todo en Managua”.
En el tema de la seguridad jurídica, se concluye que en la actualidad los procesos judiciales son más ágiles que en 2013, según los resultados de una encuesta efectuada entre 105 abogados. Datos oficiales muestran que “en la mayoría de los años recientes, el sistema judicial logró resolver más casos que los que ingresaron, disminuyendo de esta manera la cantidad de casos pendientes”.
“Un tema que reveló el Informe y que estamos analizando con especial atención por sus implicaciones para el país, en cuanto son los encargados de dar fe pública, es el acelerado incremento de notarios públicos en los últimos años sin que exista un sistema que evalúe sus capacidades y conocimientos de la ley notarial”, aseveró Chamorro. El estudio recomienda que la Corte Suprema de Justicia establezca un sistema de evaluación de nuevos notarios, como requisito para ser autorizado como notario.
