17 de agosto 2016
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Las familias que se benefician de los trabajos en el sector minero tienen mayor estabilidad económica y registran ingresos superiores a quienes no están incluidos en esa industria, revela una encuesta realizada por la Fundacion para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) sobre el impacto económico y social de la minería en el país.
En la muestra realizada a 800 hogares, 394 corresponden a trabajadores de minas metálicas y no metálicas, 50 hogares son de mineros artesanales (güiriseros) en Bonanza, y 350 hogares son de otros municipios donde no hay minería, pero las comunidades registran características similares.
El estudio mide algunos puntos como el salario promedio, la educación, el acceso a servicios de energía y agua, así como la tenencia de activos y la atención en salud. Aunque los municipios mineros estudiados, entre ellos Bonanza, La Libertad y Nindirí, tienen mejores índices que sus homólogos Río Blanco, Camoapa y Ticuantepe, la investigación muestra que aún existen muchos desafíos para el sector .
“Si bien es cierto que los ingresos de los jefes de familia son bastante más altos hay mucha dependencia por la actividad minera, en los no mineros hay una diversificación de la forma de ingreso, los hogares buscan otras formas de negocios”, dijo el economista Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES, en entrevista con el programa Esta Noche.
Los trabajadores de minas en La Libertad, Chontales tienen un ingreso mensual en la familia que puede llegar a 37,047 córdobas, siendo este municipio el más alto de todos. Luego le siguen Larreynaga, en León, y Nindirí, en Masaya, con 32,827 y 28,801 respectivamente. El más bajo se registra en los mineros artesanales de Bonanza, con 16,263 córdobas mensuales. El 92 % de las familias depende unicamente de esos sueldos para subsistir.
“Estos salarios relativamente cómodos generan algún tipo de ‘desinsentivos’ a otros miembros a buscar empleo. Esto fue un hallazgo bien interesante porque lanza luces a la industria de la importancia que este capital humano pueda dedicarse a otra actividad económica. ¿Cuál va a ser la opción económica de estas personas si las minas cierran? ”, inquirió Chamorro.
Por su parte, Sergio Ríos, presidente de la Cámara Minera Nicaragüense (CAMINIC), aseguró que los hallazgos del estudio le permitirán al sector desarrollar nuevos proyectos enfocados en mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. “Hay cosas interesantes que estaba viendo, hay que trabajar mucho en lo que es infraestructura, en casas, acceso al agua en cosas culturales”, expresó.
La minería artesanal
Aún cuando los mineros tienen salarios superiores a otros sectores, quienes se dedican a la minería artesanal se enfrentan a severas condiciones de pobreza e ingresos bajos. Tienen poco nivel de escolaridad y tienden a enfermarse con más frecuencia. De los encuestados en el estudio de FUNIDES, 50 son ‘güiriseros’ que extraen minerales con el mínimo proceso industrial y mucha inseguridad. No obstante, el ingreso mensual de estas familias es relativamente alto, con 16,263 córdobas.
A juicio de Chamorro, el principal problema es la incorporación de los mineros informales a la seguridad social, que les permitiría acceder a mejores servicios de salud. “Una de las cosas que hemos visto es que es un grupo relativamente grande, pueden llegar hasta unas 13 mil personas, una recomendación que le dejamos a la Cámara es que trabajen en programas para incorporar a estos artesanales al proceso productivo para que no utilicen el mercurio”, explicó el director de FUNIDES.
Los programas para integrar a los mineros artesanales a la industria, dice Ríos, ya se están ejecutando bajo un modelo al que han llamado ‘Bonanza’ que incluye la participación del gobierno central, las municipalidades y las empresas. Dentro de los puntos incluidos se encuentran la seguridad legal, construcciones de planteles para eliminar el uso del mercurio, construcción de centros infantiles, entrenamiento, entre otros.
“No son fácil de hacer estos modelos, ya hemos creado cuatro plantas y atienden a más de 8 mil mineros artesanales. Estamos en Nicaragua a la vanguardia en estos modelos de atención, en otros países piensan que no es problema de ellos, pero nosotros creemos que tenemos que darles respuestas”, manifestó el presidente de CAMINIC.
Las exportaciones de oro son el tercer producto en importancia del país, generando ganancias de 380 millones de dólares en 2015. Sin embargo, la industria es duramente criticada por su impacto negativo en el manto acuífero y en la salud de las personas, mayor aún cuando las condiciones de trabajo tienden a ser precarias.
El caso de Rancho Grande
El año pasado, el rechazo de la comunidad de Rancho Grande, en Matagalpa, a la concesión minera de la empresa canadiense B2Gold abrió un debate nacional sobre la marca que dejan estas operaciones en las poblaciones aledañas a los yacimientos.
En ese pueblo, todos los sectores se organizaron para expresar su descontento con los permisos otorgados a la trasnacional y obligaron a la autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) a cambiar su decisión. Para muchos, un triunfo del activismo social y ambiental.
No obstante, Ríos considera que el trabajo de estas empresas cumple con todos los requisitos que las instituciones de gobierno requieren, pero que deben esforzarse por consultar y convencer a las comunidades. “Vos como industria minera tenés que conseguir la licencia social. Demostrarle a los pobladores que la operación va a mejorarles la vida. Son decisiones que los municipios toman y nosotros como cámara la respetamos”, expresó Ríos.
