17 de julio 2017
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Afectados para bien y para mal por un informe en el que el Departamento de Estado de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos (y a cualquiera con una conexión a Internet) sobre las condiciones imperantes en Nicaragua para hacer negocios, representantes del sector privado se apresuraron a matizar el contenido del documento.
Además de detallar algunas de las ventajas de instalarse en Nicaragua (seguridad física, incentivos fiscales, mano de obra abundante y barata, la Ley APP), el documento también detalla las deficiencias de nuestra economía en temas como la corrupción estatal, las aduanas y el fisco, o la situación de corrupción y subordinación política que normalmente se asocia con la imagen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“El informe recoge cosas muy positivas, aunque hemos visto que se ha recogido más lo negativo. Vemos que la inversión sigue llegando en cantidades mayores que las que recibe el resto de países centroamericanos, y por eso hay que trabajar sobre estos aspectos negativos para que esto no detenga esa inversión y nos permita atraer más”, dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Por su parte, Álvaro Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), recordó vía correo electrónico que “el gobierno de Estados Unidos utiliza diversos métodos para elaborar sus informes (como los reportes de Transparencia Internacional, Banco Mundial, estudios de la Cepal, etc.) y que sus conclusiones no son muy diferentes de las que publica con cierta frecuencia Funides, por ejemplo”.
Su predecesor al frente de esa organización gremial, Roberto Sansón, asegura que “sabemos que hay problemas que tenemos que solucionar. Las cosas hay que matizarlas, no son todas blancas ni negras. AmCham lo que hace es tratar de explicar cómo son las situaciones en el país, y desde el punto de AmCham, tratar de exponer tanto lo positivo como lo negativo, y poner ejemplos con los inversionistas que ya están en el país. Complementar esa información, con lo que nosotros conocemos como gremio empresarial”.
Cosep pedirá reunión con la Embajada
Aguerri, presidente del Cosep, acepta que “este tema requiere de un análisis mayor. En la sesión del Consejo le pedimos a cada cámara que revise lo que corresponde a su sector. También tomamos la decisión de pedir una reunión con las personas de la embajada que hicieron este reporte para abordar algunos de los temas que plantea el documento”.
Reconociendo que el texto incluye “lo positivo y lo negativo que perciben los inversionistas estadounidenses”, añade que “tenemos el máximo interés de trabajar sobre los aspectos negativos que aparecen en el documento”.
“Nos interesa informar a la embajada sobre lo que se ha hecho en algunos de estos temas, porque en algunos se ha avanzado mientras que en otros hace falta tener una misma visión, una misma interpretación sobre lo que se está queriendo decir, y lo que nosotros entendemos que quieren decir”, añadió.
Consultado sobre los problemas de propiedad que afectan a algunos empresarios privados, nacionales y extranjeros, Aguerri dice que hay algunos problemas de propiedad en terrenos costeros “que están pendientes de dirimir, por la presencia de tomatierras que las han invadido, y tenemos que buscar cómo asegurar que se respete esa propiedad privada”.
“Son casos focales que ya han sido presentados al Gobierno. Por eso quisiéramos reunirnos con la embajada para saber qué otros casos existen, para trasladarlos al gobierno y buscar una respuesta. En nuestro caso, tenemos unos cuatro proyectos costeros que están pendientes de solución”, reveló.
Muchos de los ‘desafíos’ incluidos en el informe del Departamento de Estado, también están presentes en la Encuesta de Empresas Sostenibles elaborada y presentada por el Cosep en febrero de 2016. De hecho, el informe admite haber usado los resultados de esa encuesta como fuente de información.
De ahí que sea pertinente preguntar a Aguirre qué han podido avanzar con el gobierno en la solución de esos problemas, en especial por su relación privilegiada con los funcionarios de la administración Ortega.
“Hemos venido impulsando negociaciones que se traducen en respuestas a los problemas de falta de agilización de procesos, que a su vez se convertían en motivo de actividades ilegales o ilícitas que promovían la corrupción o el pago de coimas a funcionarios para que tu mercadería o tu permiso saliera más rápido”, dice el presidente del Cosep.
AmCham: impacto negativo
Álvaro Rodríguez, presidente de AmCham, detalla que “nuestra economía crece en promedio anual de 4.5%, lo que es bueno, pero no suficiente. Nicaragua necesita crecer más. Recordemos por ejemplo que si Costa Rica crece 2%, es muchísimo más que si nosotros crecemos al 5%, por el tamaño de nuestra economía”.
“Entonces, si existe una mala percepción (como las que se detallan en este informe), puede ser determinante a la hora de tomar la decisión de invertir (o no) en nuestro país. Eso es una lástima, pues esas noticias afectan el excelente trabajo que hace PRONicaragua, sumado al potencial que tenemos, la envidiable seguridad ciudadana y la paz social”, detalló.
Para Sansón, expresidente de AmCham, “el reporte es bien delicado, y se tiene que trabajar con bastante detalle porque si el Departamento de Estado sale informando esto en un reporte oficial, se vuelve algo bastante negativo porque será el primer mecanismo de consulta para mucha gente que pueda interesarse en Nicaragua”.
“Para esto, tanto nosotros en la Cámara, como otras instituciones, lo que buscamos es poder dar más información a los inversionistas, pero solo podemos atender a los que llegan a nuestras puertas, y hay muchos que no llegan hasta nuestras puertas y se van con este tipo de información”, lamentó.
Cosep: tres grandes tareas
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri menciona las mejoras que se dieron para resolver, por ejemplo, las quejas recurrentes de muchas empresas cuya mercadería recibía una ‘duda de valor’.
“Estas empresas pequeñas, que son las que se ven más afectadas, acababan cayendo en un esquema de tener que pagar para sacar más rápido su mercadería, en vez de utilizar los procesos legales. Eso promovía corrupción, pero también el encarecimiento del producto al consumidor final, porque tenían que pagar más por almacenaje, y cubrir mayores costos financieros, porque toma más tiempo recibir la mercadería”.
“Hoy, las empresas tienen la posibilidad de adquirir una fianza a través de las empresas de seguros, como alternativa para poder sacar esa mercadería sin tener que pagar esa coima, o sin tener que verse obligado a pagar lo que decía la Aduana, aunque no estuviera de acuerdo con ese cobro”, detalló.
También mencionó un esfuerzo público privado por medio del cual se logró homogenizar “todo lo que tiene que ver con los servicios que se le da a las empresas en las municipalidades. Hoy, ya no tenés que hacer un pago en una municipalidad que sea distinto de las demás, por el mismo servicio recibido”, detalló.
Aguerri añadió que establecieron mecanismos para que ya no haya interpretación de los funcionarios, además que se está creando una ventanilla única localizada en Managua, para realizar ahí “todos los trámites en mucho menor tiempo, sin tener que ir a tocar las puertas de cada institución en cada departamento, y andar pagando para que te saquen los permisos más rápido”, refirió.
Un tercer ejemplo es el caso de la DGI, en donde ahora hay mecanismos automáticos para evitar el problema que se generaba cuando una empresa tenía que enterar un impuesto y esperar que se lo devolvieran, y se acumulaban impuestos por devolver por parte de las autoridades.
Esto fomentaba la aparición de ‘gestores’ que cobraban un porcentaje por sacar esos impuestos más rápido. “Hoy tenemos un módulo para que las empresas de zona franca ya no acumulen impuestos por recuperar. Ya se está implementando en construcción, en minerías, en industria, etc., por lo que estamos eliminando esa otra área donde se daban estos niveles de corrupción”, señaló.
