27 de junio 2024
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La investigación periodística de CONFIDENCIAL, que revela cómo la familia Ortega Murillo usó la empresa de fachada Agronegocios Comerciales, presidida por el empresario privado Tirso Celedón Lacayo, para apropiarse de las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur con fondos de Albanisa, “es la confirmación de que en Nicaragua se ha instalado un Estado mafioso”, opina el economista Enrique Sáenz, investigador de Puentes para el Desarrollo, en una entrevista en Esta Noche con el periodista Carlos F. Chamorro
En febrero de 2013, TSK y Melfosur, dos compañías de origen español que operaban en Nicaragua, crearon el consorcio TMI para comprarle Disnorte y Dissur a Gas Natural. Siempre se dudó que las dos pequeñas empresas dedicadas a la construcción de obras de ingeniería fueran las verdaderas dueñas de las distribuidoras estatales, pero CONFIDENCIAL corroboró con nuevas evidencias esa vieja sospecha.
Sáenz recuerda que, cuando se produjo la transacción, se informó que las negociaciones se realizaron en instalaciones de Albanisa, por lo que afirma que “ya esto era evidencia de que algo oscuro estaba ocurriendo”.
Añade que, poco tiempo después, la Asamblea Nacional aprobó un conjunto de concesiones para las empresas de distribución eléctrica, en las cuales los nuevos propietarios se comprometían a hacer una inversión de hasta 75 millones de dólares, deducibles de su impuesto sobre la renta, para reducir las pérdidas técnicas.
“Ese conjunto de incentivos fiscales a los nuevos propietarios era indicio en ese momento de lo que ahora confirma CONFIDENCIAL: que en realidad el grupo en el poder estaba detrás de esta transacción desde su inicio fraudulenta”, añade Sáenz. El economista asegura que eso es parte de la estrategia del clan Ortega Murillo al anular la institucionalidad pública y controlar el aparato judicial, así como al Ejército y la Policía.
¿Qué significa el vínculo entre la empresa de fachada Agronegocios, el empresario privado Tirso Celedón, y el negocio privado de los Ortega Murillo con la distribuidora eléctrica que fue privatizado de forma anómala con los fondos de Albanisa?
Es la confirmación de lo que ya se ha dicho: que en Nicaragua se ha instalado un Estado mafioso. Es un concepto que ya tiene patente académica. Un Estado mafioso es un grupo que se apodera de la totalidad de las instituciones públicas para acumular riquezas de manera fraudulenta; que asegura impunidad al controlar el aparato judicial, y trata de garantizar su continuidad en el poder, al subordinar a la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Esta investigación de CONFIDENCIAL confirma que en Nicaragua se ha instalado un Estado mafioso que controla la energía, el negocio del combustible y el negocio del oro, entre otros sectores estratégicos del país.
En 2013 aparecieron comprando Disnorte y Dissur dos empresas de origen español: TSK y Mercosur, que crearon una tercera llamada TMI. Ahora se sabe que detrás de ellas estaba esta empresa de fachada, Agronegocios, controlada por el empresario Tirso Celedón. ¿Qué responsabilidad tuvieron o tienen esas empresas españolas en la privatización anómala de la empresa estatal estratégica?
Recuerdo cuando se produjeron estas transacciones, que las negociaciones —y eso lo informaron medios de comunicación— se realizaron en las instalaciones de Albanisa. Ya esto era una evidencia de que algo oscuro estaba ocurriendo. Poco después, la Asamblea Nacional aprobó un conjunto de concesiones a las empresas distribuidoras, entre ellas —y esto tiene que ver también con el presente— era que los nuevos propietarios se comprometían a invertir hasta 75 millones de dólares, deducibles del impuesto sobre la renta, para reducir las pérdidas técnicas. Ese conjunto de incentivos fiscales a los nuevos propietarios era indicio en ese momento de lo que ahora confirma CONFIDENCIAL, de que el grupo en el poder era quien estaba detrás de esta transacción desde su inicio fraudulenta.
¿Qué pasa con los responsables de las instituciones que deberían ejercer labores de regulación estatal, empezando por el INE, el Ministerio de Energía y Minas, y la Contraloría? ¿Tienen alguna responsabilidad o complicidad en esta operación?
En realidad, la gente que está en el INE no son funcionarios públicos, son sirvientes del grupo en el poder, lo mismo en el caso del Ministerio de Energía y Minas, e igual en la Contraloría, porque cualquier acción que vaya en contra de los intereses del grupo en el poder significaría el despido por no cumplir a cabalidad el papel para el que fueron designados, que es servir. No son servidores públicos, sino sirvientes del grupo en el poder.
El grupo económico Ortega Murillo, si se le puede llamar así, se convierte en dueño de la distribución eléctrica, pero también es dueño en parte de la generación eléctrica a través de las plantas de Albanisa. ¿Qué significa que Ortega sea, como empresario privado, juez y parte de la energía?
Esto hay que situarlo desde la perspectiva de cuánto margen de utilidad obtiene Ortega empresario, y cuánto perjuicio provocan esas utilidades a la población nicaragüense, sean empresarios o consumidores. Y aquí voy a mencionar algunos temas que son conocidos pero que hay que recordarlos. En primer lugar, Ortega empresario otorgó 200 millones de dólares en concepto de crédito por medio del INE, para reducir el impacto del aumento de los precios del petróleo, y sostener la tarifa.
Esos 200 millones de dólares del empresario Ortega también provenían de los fondos de la cooperación venezolana, y aquí es donde aparece con claridad el carácter fraudulento de estas operaciones de Ortega, porque mientras Venezuela otorgaba los créditos petroleros al 2% de interés, Ortega usurero entregó esos 200 millones de dólares al 8% de interés, teniendo la garantía del pago, y quien costeaba esos intereses que iban directamente al bolsillo de Ortega, eran los consumidores porque el cobro aparecía en la factura.
Recordemos también que en una buena parte de esta historia, el mismo grupo económico encabezado por Ortega controlaba las importaciones de hidrocarburos y en consecuencia, también la generación. La energía que se generaba con hidrocarburos ya venía castigada con los precios que imponía Ortega. Por la vía de la generación, sabemos que Alba Generación ha tenido la mayor capacidad de producción de energía del país, una parte con plantas obsoletas y otra parte con nueva inversión.
De aquí se deriva lo que sigue de negocio, no por la vía del crédito, no solo por la vía de los precios de los hidrocarburos, sino que por la vía de la imposición de tarifa. Como ejercen el monopolio de la distribución por medio de Disnorte y Dissur, pueden imponer una tarifa eléctrica que es de las más caras de Centroamérica, lo que refleja la imaginación fraudulenta que tienen para castigar a empresarios y consumidores.
De manera increíble, pregonan la cantidad de inversiones que se han hecho en el sector eléctrico: entre 400 y 600 millones de dólares del BCIE; créditos del Banco Europeo de Inversiones, créditos de Corea, etcétera. Uno tendría que pensar que después de todas esas supuestas inversiones, el sistema eléctrico mejoraría, pero los datos oficiales dicen que las pérdidas técnicas han aumentado en los últimos cinco años.
¿Se puede estimar cuál es el impacto neto que tiene esta colusión de intereses o este negocio por encima del sistema de la distribución y generación eléctrica en la tarifa, en lo que pagan los ciudadanos y lo que pagan las empresas?
Una parte son las pérdidas técnicas. Según datos oficiales, el 23% de la energía se pierde en la ineficiencia del mecanismo de distribución, y ese costo no lo asumen Disnorte y Dissur, sino que se carga a la tarifa eléctrica, así que los consumidores pagan la ineficiencia. Además, los créditos que ha recibido el país no elevaron el consumo de electricidad, sino que ha disminuido, y uno se pregunta: si han invertido semejante cantidad de millones de dólares en mejorar el sistema eléctrico y más bien las pérdidas técnicas han aumentado y el consumo ha disminuido.
Hay una cuestión peor, y es que con toda la inversión que cuenta la propaganda oficial, resulta que ahora Nicaragua es importadora de energía y de manera creciente. Se ha transformado después de El Salvador en el principal comprador de energía. ¿Quién se queda con ese margen? Porque compra energía barata en los países centroamericanos, pero impone tarifas caras a los consumidores. Esas importaciones se han multiplicado casi por 30. Se compraban de dos a tres millones de dólares hace diez años. Después, se compraban USD 33 millones, y el último año fueron USD 121 millones en importaciones.
En consecuencia: por la vía de los créditos, por la vía del precio de los hidrocarburos, por la vía de los créditos internacionales (que no sabemos a qué empresas van); por la vía de la compra de energía barata, y venta de energía cara a los nicaragüenses, por distintos lados, el grupo en el poder exprime los bolsillos de empresarios y consumidores, y esto tiene repercusiones mayores, porque si un empresario industrial, comercial, paga tarifas más altas que sus competidores centroamericanos.
Volviendo al papel de esta empresa de fachada Agronegocios y el empresario privado que aparece como supuesto dueño encubriendo el control económico de la familia Ortega Murillo de la distribución de energía, ¿puede este papel del testaferro evadir las sanciones internacionales?
Cuando se habla de las sanciones, el flanco más débil de esta dictadura son sus propios negocios. No ha habido necesidad, ni la hay en este momento si se quiere golpear económicamente a la dictadura, de incursionar en campos que pueden repercutir en perjuicios para la población o para los empresarios. Ortega tiene suficientes negocios, y son los que le duelen, porque hasta ahora ninguna sanción ha repercutido en la migración como él ha dicho, ni en daño a la población. Aquí tenemos tanto al testaferro como a la empresa formalmente identificados, que definitivamente ofrecen un blanco para debilitar a la dictadura en lo que más le duele, que son sus intereses económicos.
