31 de agosto 2021
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Estados Unidos acusó este martes al Gobierno de Nicaragua de intentar intimidar a las instituciones financieras al bloquear las cuentas de los funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados, y puso de ejemplo el caso del presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas.
El banquero Rivas, quien se encuentra detenido desde el 15 de junio pasado, fue acusado el lunes por el Ministerio Público de Nicaragua del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
“El arresto del presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas, por supuestamente incitar a la interferencia extranjera, parece un intento desesperado e inhumano de intimidar a las instituciones financieras que están cumpliendo con las sanciones internacionales”, indicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. en un mensaje en Twitter.
El arresto del presidente ejecutivo de Banpro, Luis Rivas, por supuestamente “incitar a la interferencia extranjera”, parece un intento desesperado e inhumano de intimidar a las instituciones financieras que están cumpliendo con las sanciones internacionales. pic.twitter.com/FNVGb17ZP8
— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) August 31, 2021
En el mensaje, enviado a la prensa por la embajada estadounidense en Managua, Washington consideró que con el arresto de Rivas, hace dos meses y medio, se “señaló que la represión radical del presidente (Daniel) Ortega iría más allá de la oposición y de sus críticos, y buscaría castigar a cualquiera que se haya cruzado con él y con la cleptocracia que ha establecido en Nicaragua”.
Bloqueo de cuentas
Sostuvo que el Banpro, que forma parte del grupo financiero Promerica y es “el banco más grande de Nicaragua, ha bloqueado cuentas de funcionarios del régimen sancionados por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea”, y que Rivas, un economista de formación que ocupó cargos en la Administración del expresidente nicaragüense Enrique Bolaños (2002-2007), “puede estar pagando el precio”.
Las sanciones internacionales han afectado a cerca de 30 empresas, funcionarios, allegados y familiares del presidente Ortega, entre estos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cuatro de sus hijos, además de su consuegro y director de la Policía, Francisco Díaz, y el titular del Parlamento, Gustavo Porras.
La Fiscalía acusó a Rivas junto a los exguerrilleros sandinistas disidentes Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, y la dirigente opositora Suyén Barahona, del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.
Rivas forma parte de los 24 dirigentes políticos y profesionales independientes que han sido acusados por la Fiscalía en los últimos ocho días por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional o lavado de dinero.
Detenidos y acusados
Entre los acusados se encuentran Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, que antes de ser arrestados en junio pasado habían anunciado sus intenciones de aspirar a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el mandatario busca una nueva reelección.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a 35 dirigentes políticos opositores, entre ellos siete que expresaron su intención de competir por la presidencia en los comicios de noviembre, así como profesionales independientes.
Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Murillo.
