9 de marzo 2023
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Los directivos de las cámaras del sector privado que fueron ilegalizadas el lunes pasado por un acuerdo ministerial, tienen miedo. Nadan en la incertidumbre. Se preguntan por qué les dieron este golpe en este momento, cuando habían optado por mantener el perfil más bajo posible, precisamente con la intención de que no les pasara esto.
“Nosotros nos reunimos con (César) Zamora (presidente del Cosep), y nos contó de los esfuerzos que estaban haciendo para sobrevivir, también en lo económico, y se mostraba confiado en que la tormenta amainaría”, y que lograrían capearla, dijo desde el anonimato, el directivo de una cámara del sector productivo.
Es difícil saber qué sabía Zamora como para que se sintiera confiado, pero al atar cabos, otros directivos concluyeron que “no es algo que decidieron ahorita”, porque si algo tenían las cámaras en común, es que todas estaban tratando de cumplir los requisitos para completar el proceso que les llevara de nuevo del Ministerio de Fomento (Mific), al de Gobernación.
“Quizás César Zamora creyó que sacando ese comunicado no lo iban a cerrar, pero todo esto ya lo tenían planeado”, dijo una empresaria afiliada a una cámara del sector servicios, en referencia al comunicado del 13 de febrero, en el que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) agradeció al Gobierno, por su “decisión unilateral de liberar a 222 presos, entre ellos, siete miembros de Cosep”.
El gerente de una empresa dedicada a la manufactura, dijo que “ya se sospechaba el bombazo del lunes, después del cierre de Asobanp, así que algunas cámaras se adelantaron a liquidar a su personal, y como muchas ya no eran funcionales, muchas empresas hacían sus gestiones por su lado”.
Cuestionado al respecto, el gerente de una empresa que presta servicios al sector de la construcción, se preguntó “¿qué está detrás de decisiones como esta? ¿Qué fue lo que pasó?”, en especial al considerar que la pareja gobernante “normalmente reacciona ante lo que consideran agresiones” para con ellos.
Esta fuente valoró que si la excarcelación de los 222, sirvió para “bajar la tensión”, no se entiende que después declararan traidores a la patria y confiscaran a los 94, y que ahora se lancen de frente en contra de las cúpulas del sector privado en pleno.
¿Quién es el próximo?
Más allá de las respuestas a esas preguntas, los directivos de las entidades afectadas tienen serias preocupaciones, no solo porque no hay certeza de cuáles son los mecanismos para cumplir con la orden de cierre, sino por la posibilidad de que algunos de ellos sean víctimas de nuevas medidas coercitivas por parte del régimen.
Hay muchas dudas y mucha preocupación por el destino de los bienes y de las cuentas bancarias, pero los directores temen que los arresten al llegar a Gobernación o a la Procuraduría, como ocurrió al presidente y vicepresidente del Cosep, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente.
También temen que al llegar a gestionar, aunque no los detengan, los incluyan —a ellos o sus familiares— en una lista similar a la de los 94 expatriados.
“Nadie quiere exponerse. Sé que hay mucha preocupación de que les afecten a título personal, así que prefieren esperar hasta que las aguas se tranquilicen”, dijo uno de los directivos.
A pesar del temor, hay mucha gestión que alguien debe realizar. Por ejemplo, para definir qué va a pasar con la sede del Cosep, que está hipotecada con un banco comercial, que sigue cobrando sus cuotas, por lo que los empresarios se preguntan si al confiscarla, el Gobierno se hará cargo de seguir pagándola, o simplemente la confiscarán.
“Supuestamente, hay dos meses para liquidar todo. La Procuraduría les ha estado explicando que este es un proceso de disolución, y que los activos pasan a nombre del Estado”, dijo la fuente.
Si bien la mayoría de los consultados aseguró que las cuentas bancarias están congeladas, por lo menos desde la noche del lunes, esta fuente confía en que la cámara a la que está afiliada la empresa que coadministra, podrá usar el dinero que queda en el banco para cancelar al personal y a los proveedores.
Se preguntan cómo pagar a los trabajadores
“También estamos consultando con los abogados qué es lo que se puede hacer con el resto del dinero después de pagar cuentas”, reveló.
La empresaria citada esperaba que tendrían la posibilidad de pagarle al escaso personal que todavía trabajaba para la cámara en la que su empresa estaba afiliada, partiendo de que “la ley otorga 72 horas para la disolución, disponer de los recursos y cancelar las liquidaciones por despido, pero bloquearon las cuentas”, lamentó.
“Están definiendo con quién abocarse para proceder a pagar las liquidaciones, porque el acuerdo ministerial no especifica procesos”, señaló por su parte el exdirectivo de una de las cámaras clausuradas.
El proceso dista de ser igual para todos, siendo que las cámaras más grandes tienen mayor cantidad de personal que liquidar, y activos que entregar. Algunas tienen sus propios edificios, mientras que otras alquilaban oficinas. Algunas operaban con solo tres personas, mientras que otras, mucho mayores, tienen una planilla de 70 empleados que despedir.
De cara al futuro, la opción es aprovechar la tecnología para reunirse de forma virtual, y coordinar actividades empresariales, pero ahora como grupo, no como cámaras, para seguir trabajando en lo que la ley permita, aunque no ya puedan, por ejemplo, seguir teniendo cuentas bancarias.
