23 de febrero 2023
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El Diálogo Interamericano está preparando las condiciones para el debate entre el director de su Programa de Migración, Remesas y Desarrollo, Manuel Orozco, junto al director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (ambas con sede en Washington, DC), Ryan Berg, y el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, sobre el apoyo financiero del Banco a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Se calcula que, entre enero de 2017 y junio de 2021, el BCIE le había aprobado 2289 millones de dólares, al Gobierno de Ortega, y que si se le suman los siguientes tres semestres, la suma asciende a USD 3500 millones en los últimos años, montos que, a juicio de Berg “son desproporcionados en comparación con otros países centroamericanos”.
La actitud de Mossi -que ha sido ampliamente señalado como cómplice de la dictadura o, como mínimo, de ignorar las múltiples violaciones a derechos humanos en el país- valió para que Orozco y Berg ‘invitaran’ a un debate a Mossi, reto que el hondureño aceptó públicamente para “demostrarle con hechos, que son públicos, cómo [Orozco] confunde a la opinión pública”, invitando a ponerle fecha y lugar al debate.
CONFIDENCIAL supo que al menos cuatro personas participarían en la actividad, para la que aún no se acuerda una fecha: Orozco, Berg, Mossi, y un moderador.
Aunque el director del BCIE centró su respuesta en el nicaragüense Orozco, la verdad es que él no es el único que ha cuestionado a Mossi. CONFIDENCIAL reportó la denuncia del exrepresentante de Costa Rica ante el BCIE, Ottón Solís, por los gastos desmedidos que efectúa la administración del Banco, en especial en materia de viáticos y salarios, así como la carta con la que nueve directores del Banco, demandaron transparencia al catracho.
El riesgo de invertir en Nicaragua
En un documento preparado para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), Berg enlistó siete maneras en las que Estados Unidos puede tratar de frenar el comportamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), constituido en el más generoso proveedor de recursos para la dictadura de Daniel Ortega.
Hasta ahora, a pesar de la aprobación de leyes como la NICA Act y la Ley Renacer, Estados Unidos no ha podido cambiar la dinámica que permite al BCIE seguir financiando generosamente al régimen, especialmente bajo la administración de Mossi, que en noviembre buscará su reelección para dirigir el Banco por cinco años más.
“A pesar de tener una población menor que la de Guatemala y Honduras, Nicaragua ha recibido casi el 26% de la cartera de préstamos del BCIE, lo que ilustra la importante posición financiera del país dentro del Banco. De hecho, Nicaragua ha recibido más fondos que Guatemala y El Salvador juntos”, detalla Berg, recordando que en un reciente evento del CSIS, un panelista se refirió a Mossi, como “el banquero de los dictadores”.
El experto observa que la participación del BCIE en Nicaragua ha resultado en el financiamiento de la Policía Nacional, que fuera sancionada por Estados Unidos por abusos a los derechos humanos, y la apertura de una nueva sede en Managua en marzo de 2022, lo que le costó al BCIE casi 20 millones de dólares.
La baja calificación crediticia de B- otorgada por Fitch Ratings a Nicaragua “amenaza la posición financiera del BCIE al invertir en un Estado financieramente poco confiable, con una de las clasificaciones más bajas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 de Transparencia Internacional”, añade Berg.
EE. UU. debe coordinarse con sus socios
Las opciones propuestas por Berg tienen el común denominador de tratar de impedir que el BCIE obtenga más dinero para financiar a Ortega, sea cortando sus propios flujos; buscando el apoyo de sus países amigos que son accionistas en el Banco, además de presionar a las altas autoridades del mismo retirándoles las visas, y haciendo que el Congreso y el Senado estadounidense investiguen al Banco.
Berg propone que Estados Unidos se asegure de que sus agencias de desarrollo como Usaid y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), y las entidades de su sector privado, “suspendan todo trato con el BCIE mientras el Banco esté asociado con el financiamiento de dictaduras”.
“Estados Unidos debería involucrar a Taiwán, Corea del Sur y la Unión Europea (especialmente España), así como a otras partes interesadas en el BCIE, para ayudar a crear conciencia sobre la falta de transparencia dentro de la organización”, para “cortar el financiamiento del BCIE”, afirma el analista.
El experto dice que “Estados Unidos debería hacer un llamado a los otros socios fundadores, como Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, para monitorear cuidadosamente las decisiones y el desempeño del BCIE”, en especial porque “los préstamos excesivos a la inestable Nicaragua no solo reducen la disponibilidad de crédito para otros países, sino que también constituyen un riesgo regional ya que la situación política y económica de Nicaragua” aumenta la migración y la inestabilidad.
