Dr. Uriel Pineda: El despojo de la nacionalidad y el acceso a la justicia universal

El experto en derechos humanos, Uriel Pineda, explica que la resolución judicial contra los 94 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, establece que las órdenes sean notificadas a distintas instituciones para su cumplimiento, como el Consejo Supremo Electoral, el Ministerio de Gobernación—cuya función es emitir y cancelar los pasaportes—, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para el caso de las propiedades confiscadas, las autoridades judiciales notificaron la sentencia tanto a la Dirección Nacional de Registros y a los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, porque la orden también incluye que se apropien de la participación accionaria de los perseguidos por Ortega.

Pineda agrega en esta entrevista que, si el régimen siguiera alguna lógica jurídica, el riesgo de la invalidación de los pasaportes sería mayor para el grupo de los 94 desnacionalizados, tomando en cuenta que el expediente judicial de los 222 reos de conciencia quedó cerrado con su destierro.

“Pero este Gobierno no se ha caracterizado por respetar formas jurídicas”, alertó Pineda, quien sostiene que, si el Estado de Nicaragua cancela los pasaportes de los 317 desnacionalizados, los nicaragüenses se convierten inmediatamente en apátridas en el caso de aquellos que carecen de otra nacionalidad.

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