13 de mayo 2020
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La historia de Nicaragua nos enseña dos historias centrales. Primero, el crecimiento económico sin instituciones democráticas no conduce a un desarrollo sostenible. Segundo, farsas electorales no solucionan los conflictos políticos y sociales. Tarde o temprano conducen a la debacle.
A pesar que durante la dictadura de los Somoza Nicaragua logró por diversos factores -la mayoría no gracias al gobierno- las tasas de crecimiento económico más altas de su historia, la ausencia de institucionalidad democrática condujo a una creciente conflictividad política. La farsa electoral que tuvo lugar a las dos semanas de la masacre del 22 de enero de 1967 no resolvió nada. Luego de esa farsa electoral se produjo el pacto entre Fernando Agüero y Anastasio Somoza. Ello permitió la reelección de Somoza en 1974 lo que agravó la crisis política. ¿Se repetirá ahora esa trágica secuencia histórica: masacre, farsa electoral, pacto, reelección del dictador y posterior guerra civil?
Al triunfar la revolución sandinista en 1979, el FSLN influenciado por la visión ideológica del ¨modelo cubano” rechazó los aspectos centrales de los sistemas democráticos liberales. La visión marxista simplista del poder supone que el Estado es el medio de dominación de una clase sobre otra y que el proletariado al derrotar a la burguesía y alcanzar el poder por medio del partido comunista, necesariamente tiene que controlar todas las instituciones del Estado. Esa es la esencia política del ¨modelo cubano¨. Influenciado por esa ideología, el FSLN sostuvo en la década del ochenta que el poder “no se rifaba” en elecciones al estilo de las ¨democracias burguesas¨. La ¨elección¨ presidencial de 1985 fue una farsa que no resolvió nada. Daniel Ortega resultó electo presidente. Se prolongó la guerra civil y el derrumbe de la economía.
La transición democrática inconclusa
En 1990 el FSLN se vio obligado a realizar elecciones. Lo hizo forzado por las circunstancias y porque suponía que iba a gana fácilmente. En el segundo quinquenio de los ochenta el bloque socialista entró en una grave crisis y limitó su apoyo al gobierno del FSLN, que estaba desgastado por la guerra civil interna y la grave crisis económica. Esas circunstancias obligaron al FSLN a realizar con supervisión internacional las elecciones de 1990. En 1990 Doña Violeta ascendió a la presidencia y se inició lo que se denominó la triple transición: de la guerra a la paz, de la dictadura a la democracia y de una economía estatizada a una economía libre de mercado. Con el retorno al poder de Daniel Ortega en el 2007 la transición a la democracia resultó frustrada. Se trató de una transición inconclusa. El reto actual es construir la institucionalidad democrática.
Después de las elecciones de 1990 el FSLN se dividió en dos corrientes. La primera representada por el MRS evolucionó hacia el socialismo democrático. Esta corriente, aunque nunca hizo el mea culpa de sus pecados históricos, terminó aceptando los principios básicos de las democracias liberales. Ello no es extraño en la experiencia de otros países y en la historia del marxismo. La social democracia internacional a pesar de sus orígenes marxistas terminó aceptando los principios básicos de la democracia. Partidos denominados socialistas, como el PSOE en España, el partido socialista chileno o el partido socialista francés participan en elecciones democráticas, respetan el Estado de Derecho y la división de poderes. Quienes dentro de la oposición intentan excluir a las corrientes ahora social demócratas que se originaron en el FSLN histórico, cometen un grave error. Naturalmente que en la coalición opositora es necesario un balance con predominio de los sectores de mayor tradición a favor de la democracia.
Después de la elección de 1990, la segunda corriente del FSLN liderada por Daniel Ortega resultó dominante y experimentó una doble transformación. Primero. Se privatizó al FSLN. Se reemplazó la dirección colegiada que hubo en la década del ochenta por el control personal de la familia Ortega Murillo. Segundo. El FSLN adoptó políticas de libre mercado de corte ¨neoliberal, fondomonetarista¨ se convirtió al capitalismo de amigotes --no al capitalismo competitivo con inclusión social-- y surgió un nuevo grupo financiado por la corrupción con la cooperación venezolana. A nivel de retórica, ideológicamente el FSLN-ORMU se declaró partidario del denominado Socialismo del Siglo XXI, opción política que se derrumbó con la crisis venezolana.
En realidad, el FSLN-ORMU desde hace rato dejó de ser un partido de izquierda. No tiene ideología o al menos ninguna que sea coherente. El único objetivo de la familia gobernante es mantener el poder absoluto. Y como dijera Montesquieu “...todo estará perdido cuando los tres poderes del Estado se concentran en una sola persona o en un solo grupo”. Esto último es lo que ocurrió en Nicaragua en los últimos años. Para guardar apariencias el FSLN se enmarcó dentro de lo que hoy se denominan “dictaduras electorales”, donde el pueblo vota, pero no elige y los partidos compiten en las elecciones, pero no pueden alcanzar el poder político. La recompensa para el zancudismo cómplice es acceder a diputaciones y a participar en la corrupción. Ocurrió con los Somoza y volvió a ocurrir a partir del 2006. Y podría volver a ocurrir en las elecciones del 2021.
La historia no está predeterminada. En realidad, no existe un camino hacia el futuro, sino varios caminos. El futuro camino en el que se enrumbará Nicaragua, dependerá de las decisiones que adopte la oposición y la comunidad internacional en los meses venideros. Hay varios escenarios posibles. Se han presentado alternativas muy discutibles. Comentamos sólo algunas de ellas.
El tiempo se agota para reformas y elecciones
Crear un gobierno de transición no es viable. No existe el respaldo de la comunidad internacional para ello, la oposición no controla ninguna parte del territorio nacional y no existe una fuerza beligerante que respalde a un eventual gobierno de transición. Además, esa alternativa implicaría una guerra civil que nadie desea y que no es viable.
Otros proponen ir a elecciones con Ortega en el poder. Se argumenta que por razones de realismo político -realpolitik- que no existe otra alternativa. Pero ¿Qué significaría realmente ir a elecciones con Ortega en el poder? ¿Elecciones con los paramilitares listos y dispuestos a disparar contra los opositores? ¿Elecciones con una Policía Nacional sancionada por cometer crímenes de lesa humanidad y dispuesta a reprimir y a disparar contra la oposición? ¿Elecciones con un Consejo Supremo Electoral totalmente partidarizado? Como ha sido señalado por muchos, Ortega jamás hará voluntariamente las reformas electorales necesarias para lograr elecciones legítimas y creíbles. Conservará a los paramilitares y a la policía como instrumento de represión contra la oposición y el control en el Consejo electoral para garantizarse los resultados de la farsa. A lo sumo hará reformas electorales cosméticas para engañar a ingenuos de dentro y fuera del país y liberará a los presos políticos cuando le resulte conveniente. ¿No será acaso que los radicales e irresponsables no son los que rechazan elecciones con Ortega en el poder, sino quienes expresa o tácitamente proponen ir a unas elecciones con él en el poder, lo que probablemente terminaría en otra masacre?
Otros pronostican que la crisis agravada por la pandemia producirá otra explosión social como la de 2018. De ocurrir, lo cual es posible, terminaría en otra matanza de imprevisibles consecuencias. Por otro lado, hay quienes sugieren una resistencia pacifica prolongada estilo Gandhi lo que es muy improbable por la cultura nicaragüense.
Por su parte, un analista político propuso en un artículo reciente en La Prensa, que a pesar de que considera imposible que Ortega realice elecciones creíbles, convenía mantener como plan A el ir a elecciones con Ortega y preparar un plan B para cuando se cometa el pronosticado fraude electoral. ¿Qué sentido tiene si se sabe de antemano que no habrá elecciones creíbles con Ortega mantener el plan A, de asistir a una farsa electoral? Ninguno.
El tiempo se agota. Es urgente que se adopten las decisiones cruciales que definirán el futuro de Nicaragua. Somos muy escépticos, por decir lo menos, de que haya elecciones libres. El escenario más probable es otro fraude electoral acompañado de una elevada abstención. Sin embargo, para definir de una vez por todas, si tiene algún asidero la alternativa electoral, sugerimos que la oposición Nicaragua con el apoyo de la comunidad internacional, establezca un plazo perentorio de tres meses para que el régimen realice las reformas necesarias para la realización de elecciones creíbles. No creemos que lo haga, pero al menos está sugerencia contribuiría a descartar la ilusión de que puede haber verdaderas elecciones con el actual régimen.
Para que la sugerencia anterior tenga alguna posibilidad de éxito y Ortega se vea obligado a realizar elecciones creíbles sería condición indispensable, que los EE. UU y la Unión Europea ratificasen que no reconocerán a ningún gobierno que no resulte de una reforma y de un proceso electoral creíble supervisado por la OEA, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Es importante que la comunidad internacional tenga claro que la política de gradualismo en las sanciones ya fracasó. Solo una política de sanciones contundentes, de shock, podría obligar al régimen a realizar elecciones creíbles y legitimas.
Aunque somos pesimistas reconocemos que el futuro no está predeterminado. Hay aún una pequeña esperanza. El futuro de Nicaragua para los próximos años dependerá de las decisiones de que se adopten en los próximos meses, no sólo por la oposición sino también por los poderes fácticos, particularmente por los grandes empresarios. La transición a la democracia le conviene a todos, a los grandes, medianos y pequeños empresarios, ya que sin instituciones democráticas se profundizará la crisis económica.
Pero más que por razones económicas: el respeto a los derechos humanos fundamentales no es posible con la continuación del régimen actual. El desarrollo humano sostenible requiere de un cambio de gobierno.
Si la oposición y el sector empresarial no están dispuestos a adoptar una posición firme y si la comunidad internacional no está dispuesta a aplicar sanciones contundentes en nuestra opinión, y deseamos estar equivocados, el escenario más probable es que no habrá reformas creíbles, habrá abstención y no se resolverá la crisis. Tarde o temprano ello llevará a otra catástrofe de dimensiones históricas. Se profundizaría la pobreza y la crisis económica y política. ¡Trágico pasado y trágico destino sería el de la patria!
