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El 19 de julio, que marcó el 47 aniversario del derrocamiento de Anastasio Somoza, es un hito importante para Rosario Murillo dentro de su estrategia política de montar la nueva farsa electoral de noviembre de 2027. Ya desde febrero ha convocado a un reclutamiento masivo de personas para mostrar su activismo dentro del FSLN, a pesar de carecer de liderazgo. Desde la conmemoración del Repliegue guerrillero a Masaya, hasta el 19 de julio, ella ha instruido que se haga notar un ruido popular a favor del FSLN como parte de su plan electoralista, y las palabras de Ortega lo reafirmaron. De agosto a noviembre, Murillo irá afianzando otras medidas previas a la farsa electoral, que incluyen más purgas y cooptación de partidos colaboracionistas y medidas represivas.
El significado del discurso de Ortega
Para muchos, el discurso de Ortega fue un mensaje contundente de no elecciones de cara al futuro, e interpretado en la comunidad internacional como el comienzo de un absolutismo de partido único. Tanto Murillo como otros han evitado corregir a Ortega. Es importante considerar tres elementos en el discurso.
Primero, Ortega hace una advertencia triunfalista que postula que el autoritarismo represivo, bajo el marco dinástico, continuará prevaleciendo en Nicaragua a través de la farsa electoral en la que ellos escogen los partidos políticos ‘opositores’ que irían a perder frente a una victoria ‘preavisada’ del FSLN.
Segundo, decir que “se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas volverán a llegar al gobierno…” Ortega está indicando que, para respaldar la farsa electoral, ellos se blindarán con medidas que impidan que grupos democráticos en el exilio participen de forma directa e indirecta, so pena de más represión.
Lo que refleja Ortega, sin embargo, es que el clan familiar sigue siendo consciente de que el peso de su radicalización desde el 2018 lo resienten los nicaragüenses, aunque no lo expresen públicamente (más del 60% de los hogares tienen a un familiar en el exterior y la mitad salió por razones políticas, después del 2021, y el 70% no cree que viva en libertad).
El tercer punto es la estrategia típica de la dictadura: prevenir una mayor presión internacional mediante un mensaje indirecto a Estados Unidos: “si no les gustan estas reglas que impusimos, hablemos”, con la expectativa de que la respuesta de este país sea muda o de baja intensidad.
Lo que es claro es que lo que se venía advirtiendo sobre los preparativos para una farsa electoral fue formalizado con las reglas de juego que impusieron Ortega y Murillo: si hay elecciones, las ganamos nosotros; no habrá verdadera oposición, mucho menos para los que están en el exilio.
¿Es posible un cambio político?
Esta radicalización en la que se encuentra Nicaragua pone a prueba la voluntad política de la comunidad internacional, toda vez que ellos, y Estados Unidos en particular, son los actores clave para el cambio.
El cambio político se debe a una combinación de cuatro factores que debilitan a los autócratas. Uno es el deterioro de las circunstancias materiales y aspiracionales del electorado, que se refleja en una molestia subyacente y colectiva, pero visible para el mundo; segundo, la presencia de un movimiento opositor organizado y legítimo; tercero, un círculo de poder con fisuras internas; y cuarto, un contexto internacional adverso y dispuesto a ejercer presión política.
Las condiciones económicas de Nicaragua están relativamente estables debido a una fuerte dependencia de las remesas: el 45% de los hogares las recibe. A pesar de ello, las dificultades económicas persisten en los hogares. Existe un leve malestar que se intensificará el otro año en la medida en que se desaceleren las remesas y aumente la llegada de deportados (ya son 25,000) —Nicaragua no cuenta con un modelo de crecimiento económico que no dependa de las remesas o la captura del Estado.
Sin embargo, cuando habló Ortega, con el lenguaje de la calle, de leve exasperación, se ha añadido una especie de desolación y desesperanza silenciadas, y la gente ahora se pregunta: “¿Entonces? ¿Ya no hay esperanza de que nos libremos de estos dictadores?” Esta situación aumentó la ansiedad, pero aún es invisible para la comunidad internacional, a pesar de que la noticia del anuncio de Ortega, después del pleito en Irán, fue el tema de discusión de la semana en todo el mundo.
En segundo lugar, la destrucción de la oposición nicaragüense ha dejado fragmentos poco organizados en el exilio, con un bajo nivel de riesgo político y muy atomizados políticamente, de manera que no les permite presentarse como una fuerza viable.
Y tercero, Murillo ha cohesionado el círculo de poder, achicándolo y sometiéndolo a un mayor control de vigilancia. El reto está en identificar a los disidentes que sí existen, aunque estén encubiertos.
Y cuarto es ¿dónde quedan la comunidad internacional y Estados Unidos?. La presión de Estados Unidos ya existe, pero no ha sido proporcional al nivel de represión y radicalización de la dictadura. Es el actor con mayor margen de maniobra. Pero, la óptica de Estados Unidos se mide en función de tres grandes factores: uno, la trayectoria histórica de cómo abordar Nicaragua, dos, la reacción ante la coyuntura, y tres, la decisión política del Ejecutivo. Esta decisión también incide en los demás actores regionales y europeos.
En el primer caso, la premisa histórica respecto de Nicaragua desde 1978 es que la solución a los conflictos en ese país se logra por la vía electoral—el fenómeno de la Contrarrevolución en los 80 fue instrumental para ese camino. En ese sentido, las opciones de acción se instrumentalizan desde esta perspectiva y no aconsejan otra ruta. Embajadores como Pezullo, Gutiérrez, Maisto, Trivelli, Callahan, Dogu y Sullivan, cuyos puestos coincidieron con diferentes crisis políticas internas, resaltaban, en la mayoría de los casos, que el pluripartidismo era fundamental para mantener el estado de derecho, pero que no había que subestimar la preponderancia sandinista como fuerza política, y prepararse frente a la creciente acumulación de poder de ellos.
Lamentablemente, muchas instancias prueban que la soberbia política de los partidos no sandinistas prevaleció (frente al pacto de 1999 y en las subsiguientes elecciones, incluido el factor Montealegre en 2006), compitiendo contra el mismo enemigo político, Daniel Ortega, y, aunque se les ha demostrado equivocados, han optado por la atomización en lugar de la unidad, ignorando las advertencias de terceros.
En el segundo aspecto, la lectura es que Estados Unidos asumirá el riesgo de presionar más a los dictadores, toda vez que haya un movimiento legítimo y un desencanto visibles. Si esos dos elementos están ausentes, el riesgo de ‘subir la parada’ es bajo, y a eso apuestan los dictadores.
Y en tercer lugar, bajo la administración Trump, la política exterior ha demostrado tener una óptica punitiva ante lo que percibe como un oportunismo global contra Estados Unidos: cuando no hay transacción a mano, el presidente Trump opta por el castigo, ya sea por vía arancelaria, por sanciones, por diplomacia agresiva y hasta por la intervención militar, como lo muestra el proceso en Irán y Venezuela.
Ambos casos han sido precedidos por el montaje de un caso que justifique la intervención, y el informe del Departamento de Estado sobre la injerencia cubana en Estados Unidos y las subsecuentes sanciones, pueden indicar un cambio de rumbo en la presión ejercida sobre ese país.
Entonces, la interrogante es si el ejecutivo decide adoptar medidas más coercitivas que las que ha aplicado hasta ahora contra Nicaragua, dado que cuenta con los medios y las herramientas para hacerlo y para poner a Ortega y Murillo en una esquina sin salida.
En la medida en que los asesores del presidente Trump decidan ponerle más atención a Nicaragua (y considerando que este país se declara fiel aliado de Irán, Rusia, China, y hasta Corea del Norte), la posibilidad de ejercer más presión crece. Siendo Nicaragua parte de este círculo de ‘fuerzas malignas’, el imponderable se vuelve probable, especialmente porque tanto en el Congreso como en el Ejecutivo la indignación ante el discurso de Ortega fue muy fuerte.
Pero la decisión final depende de la combinación ponderada de estos tres factores, por ello, cuando a Ortega-Murillo se les descubrió su maraña de farsa electoral antes de tiempo, decidieron arremeter contra cualquier consideración de oposición democrática, ya que saben que el descontrol económico no es inmediato, y Murillo vigila a sus fichas al interior del círculo de poder.
La presencia de un bloque opositor sigue siendo prioritaria y el próximo paso necesario frente a estos discursos y respuestas de la dictadura, y debe prevalecer sobre la soberbia de quienes creen que pueden solos o que los gringos se encargarán.
Esta es la disyuntiva actual, lo que puede significar que los Ortega-Murillo tienen un gran chance de salirse con la suya, a menos que prevalezca el apetito punitivo de la administración Trump.
