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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha suspendido los títulos de abogados y notarios públicos a nicaragüenses dentro y fuera del país, según diversas fuentes judiciales. La decisión, que comenzó a notificarse sin un procedimiento disciplinario, amenaza con desestabilizar la “seguridad jurídica” de Nicaragua.
Entre los profesionales notificados figuran la exmagistrada de Justicia, Yadira Centeno González, y su hija, la abogada Lucía Flores, confió una fuente a CONFIDENCIAL.
“Ya las notificaron, sin proceso y que entreguen todo, hasta los protocolos. No se sabe cuántos más, porque hasta hoy comenzaron a notificar”, dijo la fuente.
Los abogados comenzaron a enterarse de la medida a inicios de julio de 2026. Sin embargo, no existe un pronunciamiento oficial de la CSJ que explique el alcance de la decisión, los criterios utilizados para cancelar las credenciales o el total de afectados.
“Por ahora no hay notificaciones oficiales. Alguien más me dijo lo de Yadira y su hija. Parecen ser las únicas avisadas”, subrayó la fuente.
La noticia de la cancelación de los títulos y la eliminación de credenciales para acceder al Sistema Nicarao fue adelantada por el diario La Prensa, cuyas fuentes aseguran que más de 2000 abogados han sido afectados.
Otras versiones dentro de la CSJ
Dentro del Órgano Judicial circulan versiones contradictorias. Una sostiene que las cancelaciones responderían a un “problema técnico” en el sistema informático que administra el registro de abogados y notarios.
“Hay otra versión de que supuestamente hubo un problema técnico informático que provocó un desbarajuste, y que están tratando de corregirlo”, explicó la fuente.
Esa explicación, sin embargo, no convence a los abogados que desde hace varias semanas detectaron irregularidades en el registro y aseguran que no existe un patrón que permita identificar quiénes están siendo borrados del sistema.
“Conozco un abogado que la semana pasada (primeros días de julio) ya no estaba. Él es de la empresa privada, militante sandinista y sin meterse en política”, comentó la fuente.
“También conozco —prosiguió— (los casos) de la asistente de un juez que no sale registrada, de una defensora pública, de abogados litigantes exmilitares o simplemente litigantes consuetudinarios que viven del día a día”.
Consecuencias a todos el sistema de justicia
Aunque, no hay un “patrón que indique lo que está ocurriendo”, algunos especialistas en informática fueron llamados a la sede central de la Corte para revisar el sistema, mientras otros abogados “han presentado cartas solicitando aclaraciones”.
“Hay abogados que no aparecen registrados en la lista de control de abogados y notarios y esto tiene implicaciones más allá de un problema informático o una decisión psicótica del régimen: ¿que pasará con las escrituras de los abogados que ya no son? ¿Qué pasará con las causas civiles, penales o cualquier otra donde actuaban como defensa o acusadores?”, cuestionó otra fuente del sistema judicial.
Agregó que la medida “trastoca toda la seguridad jurídica del país, ministerio del interior, Ineter, registros, juzgados etcétera”.
“¿Cómo afecta a la población pobre que requiere servicios baratos para que puedan saber quién es o no abogado? Muchos litigantes del día a día usan servicios de secretaria o fotocopias. ¿Cuántos empleos indirectos se afectan?”, se preguntó la fuente.
Abogados sin proceso disciplinario
El abogado especializado en derechos humanos Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN), cuestionó la forma en que se están ejecutando las suspensiones.
Los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados —que Brody ayudó a redactar desde la Comisión Internacional de Juristas en 1990— establecen que los gobiernos deben garantizar que los abogados puedan “desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias”.
Las actuaciones disciplinarias contra abogados —establecen los Principios Básicos— se llevarán ante un “comité disciplinario imparcial establecido por la profesión jurídica”, es decir, ante un “organismo independiente establecido por la ley o ante un tribunal judicial, y serán objeto de revisión judicial independiente”.
“Nadie puede ser apartado del ejercicio profesional sin un proceso justo ante un órgano independiente. En Nicaragua no hubo proceso, no hubo órgano, no hubo nada”, señaló Brody.
En 2023, la CSJ suspendió de “manera definitiva” de los títulos de abogados y notarios públicos a 25 profesionales del Derecho, entre ellos, 15 excarcelados políticos —de los 222 desterrados en febrero 2023 a Estados Unidos— y 10 del grupo de 94 desnacionalizados acusados por el orteguismo de “traidores a la patria”.
Las resoluciones fueron firmadas por la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos; el vicepresidente Marvin Aguilar; y la magistrada Juana Méndez. Todos cercanos y con antecedentes de subordinar sus decisiones judiciales a la voluntad de la dictadura de Daniel Ortega.
La mayoría de los abogados suspendidos estaban vinculados con la defensa de presos políticos, organizaciones civiles y sectores críticos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Hemos hablado con varios de los abogados afectados. Nos cuentan que se enteraron sin notificación previa y sin ningún proceso. Simplemente ya no aparecen en el sistema, y con eso quedan impedidos de ejercer”, alertó el experto de la ONU.
