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En Nicaragua hay una crisis social subyacente, resultado de una desigualdad acumulada, que afecta más a grupos vulnerables como las mujeres, las minorías étnicas o las familias del entorno rural, en un país donde la política pública no ofrece soluciones a ninguno de esos retos. Esta desigualdad se profundiza frente al contexto transnacional que ha cambiado la composición social y demográfica de los hogares, y el desamparo estatal en el ámbito ocupacional y profesional en el que quedan muchas mujeres.
Aunque la apuesta de Rosario Murillo es continuar con el clientelismo y los favores políticos como moneda de cambio en la nueva farsa electoral que ya prepara, hay una fuerte probabilidad de que su ego se estrelle contra un muro de malestar social ante esta creciente desigualdad.
Un cambio en la composición demográfica nicaragüense
Nicaragua es un país cuya composición social ha cambiado en los últimos diez años debido a la migración. Primero, la salida de más de 800,000 nicaragüenses provoca una mayor desaceleración del crecimiento poblacional, porque la migración resta población a la tasa de natalidad.
Segundo, este cambio poblacional afecta el tamaño de la fuerza laboral, ya que más del 90% de los migrantes eran adultos y la participación de mujeres como jefas de hogar crece a un 4% anual hasta llegar a constituir el 50% de los hogares del país.
Sin embargo, la participación de las mujeres en la fuerza laboral no aumenta de manera sustancial en comparación con la de los hombres. La ya histórica exclusión social y económica no le da espacio a la mujer para desempeñarse en la actividad laboral y productiva, en la que el gobierno cristiano y solidario de Murillo no mitiga esta desigualdad.
De ahí que la carga económica de las mujeres crezca desproporcionadamente ante el techo en la inserción laboral: con la migración, en la que el 60% de los que migraron fueron hombres, muchos de ellos dejaron a sus familias o parejas en el país y las mujeres se hicieron cargo. Pero lo hicieron, con el desafío de no poder conseguirse trabajo.
De hecho, un cambio importante en este fenómeno migratorio es que, con la carga económica, el número de hogares que dependen de la remesa se duplica en diez años hasta alcanzar el 70% y, de esos hogares, el 47% están encabezados por mujeres.
Esta condición produce una dinámica contradictoria: por un lado, las mujeres cuya participación laboral ha sido históricamente baja (del 35% en 2017 pasando solo a 39% este año) mejoran sus ingresos gracias a las remesas—su ingreso es un 40% mayor que el promedio de quienes no reciben remesas. Por otro lado, la carga económica de las mujeres como jefas de hogar aumenta debido a la falta de oportunidades laborales y al alto costo de vida.
Las mujeres que dependen de la remesa han logrado diversificar sus ingresos, pero, aun así, no les da para ahorrar dinero. Mientras tanto, las mujeres que no reciben remesas y son jefas de hogar enfrentan mayores dificultades económicas. Los hogares que reciben remesa de Estados Unidos, reciben alrededor de $7200 anuales, justo el costo de la canasta básica. Mientras que quienes no reciben, viven de menos de $5,000, o $400 mensuales.
Una situación desigual, para las mujeres
El peso económico sobre las mujeres menores de 35 años es aún mayor porque, como porcentaje, son un grupo menor que recibe remesas, pero su posición como madres solteras puede ser mayor.
Hay dos grupos dentro de este segmento: los que están en la economía informal y los que están en el sector profesional.
Las mujeres que operan en la economía informal, además de ser amas de casa, están agobiadas por el costo de vida, la dificultad de obtener trabajo mejor remunerado.
En ellas la desigualdad social es más visible porque viven con ingresos de $300 para mantener el hogar. El 30% de las mujeres tienen entre 18 y 35 años, y al menos un tercio ya son las encargadas del hogar con una carga económica muy fuerte. En la práctica, ellas tratan de hacer más de tres trabajos, uno, algún ‘emprendimiento’; dos, limpiar casa, vender comida, hacer un cuido, andar en taxi; y tres, cuidar a sus hijos.
El otro grupo, de mujeres profesionales, se enfrenta a retos económicos mayores porque muchas perdieron sus trabajos en puestos del sector privado, en el cierre de las ONG y en el Estado y tenían un estatus económico más holgado. Al perder sus ingresos y usar sus ahorros, en términos relativos a sus obligaciones familiares, el impacto en estas es mayor.
De los 20,000 empleos cerrados en la zona franca en los últimos dos años, más del 70% son mujeres con títulos universitarios o que estaban estudiando en la universidad y fueron afectadas por los cierres (cierto, muchas mujeres tuvieron que acomodarse a trabajos menos afines a su profesión, pero les ofrecían una mejor seguridad social).
De igual forma, dos tercios de las más de 5,000 ONG empleaban a mujeres, desde directoras ejecutivas de la organización, hasta ejecutoras de proyectos y asistentes administrativas. El número asciende a más de 25,000, muchas de las cuales se vieron obligadas a meterse a la economía informal, realizando diferentes actividades ocupacionales; otras, buscando en el sector privado, pero que tampoco crece, como en el sector público.
Estas mujeres han pasado por diferentes desafíos, además del económico, se enfrentan a una especie de muerte cívica. Uno de ellos es que ir a trabajar para el Estado se vuelve un asunto existencial porque, por un lado, sus referencias laborales apuntan a un sector satanizado o criminalizado por el Estado, y por otro, saben que este no es un Estado amigable. Como una mujer dice, “hay que estar muriéndose de hambre, para tener que ir pedirle trabajo a un ente estatal con gente que me va a preguntar por mi afiliación al Frente y me van a ver con ojos de odio.”
Pero, en conclusión, una colega me lo resume: “Además de las que históricamente estaban en situación de vulnerabilidad, nosotras nos sumamos a esa realidad, con la carga, además, de ser vigiladas por el gobierno”.
La presión social y política del espectáculo
También está otro aspecto, físico y emocionalmente extenuante, de las expectativas sociales sobre la mujer en Nicaragua. Hay una fuerte presión social tanto en los hombres como en las mujeres de ‘presentarse’ como personas de éxito y con carácter fuerte, o empoderadas.
La modernidad ha introducido la exigencia de mantener una imagen de éxito apoyada en la apariencia personal (su condición física y estética), de ser visto entre círculos sociales VIP, de ser parte de un círculo de entretenimiento y, además, de contar con un empleo y una profesión seguros. Esta sociedad del espectáculo a la que se refería ya décadas atrás Guy Debord y Vargas Llosa, más recientemente, ha acentuado la presión emocional frente a tanta carga económica porque cuesta vender el éxito bajo esos términos.
Pero la presión lleva al selfi, al encuentro en la calle, al equilibrio entre la apariencia y la conciencia, que se han acentuado más y, especialmente, han hecho más vulnerables a las mujeres frente a su obligación de madres solteras, proveedoras y más.
Una molestia latente, frente a la antesala electoralista
Estas desigualdades no son cosa nueva, pero se han acentuado por su naturaleza estructural, por la creciente carga económica de lo transnacional, por la presión social, y por el impacto de las medidas del gobierno que más bien las desprotegen—a esto se le desconoce, por ejemplo, la magnitud de la violencia doméstica o generalizada a la que están expuestas las mujeres.
Si la dificultad económica de sostener a la familia llega a superar tanto a la resiliencia económica y emocional, como la presión social de mantener esa imagen de éxito, uno entra en una etapa de mayor estrés. Y el retorno de más de 20,000 hombres deportados añadirá aún más complejidad al estrés social y familiar, lo que podría desembocar incluso en situaciones de violencia doméstica.
Cuando esta situación se convierte en un sentimiento colectivo, es decir, una masa crítica, especialmente entre las mujeres, ellas trasladarán la presión económica a la calle o al gobierno en forma de un intenso malestar social.
Esta posibilidad no es improbable si se considera que una disminución en el ingreso de remesas, aunada a más deportaciones, se aproxima al final de 2026, en medio del alto costo de vida y de la falta de buenas oportunidades.
Esta coyuntura irá coincidiendo con los preparativos electorales de Rosario Murillo.
Desde Febrero 2026 Murillo ha instruido a sus subalternos a que reorganicen el partido FSLN, que recluten al PLC como fuerza colaboracionista, y proyecten la imagen de un FSLN popular.
Mientras andan de puerta en puerta preguntando si quieren ser del partido, la oferta Murillista chocará de frente con un desagravio social y no la va a ver venir porque ella se siente segura de que su estrategia ‘electoralista’ se la van a tragar Estados Unidos, los ‘opositores’ tradicionales, y el mismo pueblo.
Pero el pueblo siempre sabe mejor.
