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“Las redadas antinmigrantes son un laboratorio del autoritarismo en Estados Unidos”

Jonathan Blitzer: “Son prácticas brutales, usan agentes enmascarados en vehículos sin placas, están capturando gente que sí tiene un estatus legal”

Agentes del ICE y el FBI arrestan a un inmigrante en el condado de Los Ángeles, California, en junio de 2025. // Foto: EFE

Carlos F. Chamorro

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El periodista y escritor Jonathan Blitzer, reportero de la revista The New Yorker, ha investigado durante más de quince años la política migratoria de Estados Unidos, durante los Gobiernos demócratas y republicanos, y en particular las oleadas de migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, desde finales del siglo XX, hasta las redadas migratorias desatadas por la Administración de Donald Trump.

Su libro sobre la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, titulado “Todos los que se han ido están aquí: Estados Unidos, Centroamérica y la gestación de una crisis”, fue considerado entre los diez mejores libros de no ficcción en 2024 por The New York Times.

En una conversación en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Blitzer analizó las políticas antiinmigantes de Donald Trump que representan un ataque a las instituciones legales y democráticas: “las redadas antiinmigrantes son un laboratorio del autoritarismo en Estados Unidos”, advirtió el escritor.

En tu libro “Todos los que se han ido están aquí” contás la historia de los migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, El Salvador y Guatemala, que se fueron a Estados Unidos en las primeras dos décadas de este siglo. Pero hubo otra ola de migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que se intensificó entre 2020 y 2024. ¿Hay diferencias entre estos dos grupos de migrantes latinoamericanos?

Los migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, su perfil es más clásico con respecto a la cuestión de asilo. Los de Nicaragua y Cuba están huyendo, de alguna forma, de la persecución del Estado, y técnicamente el sistema del asilo en la frontera debe funcionar como para extender protección a esa población.

Cuando había un aumento de llegadas de migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela, también había una ola de migrantes de todo el mundo como consecuencia de la covid-19, del colapso económico en la región y e mundo. Así que hubo como un momento muy complicado en la frontera en que la Administración Biden, al asumir poder, pues tenía que hacer varias cosas a la vez: manejar esta nueva población llegando a la frontera, reestructurar lo que el primer gobierno de Trump desmanteló, y tratar de manejar la cuestión de cómo hacer que el sistema de asilo pudiera seguir funcionando.

Gente de Cuba y Nicaragua, en particular, que podía demostrar exactamente las formas de persecución estatal, en teoría hubiera podido solicitar asilo. Pero lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, en ese entonces, para tratar de minimizar el caos en la frontera, era ofrecer una vía temporaria, provisional, como para entrar en el país. Había un programa de parole para los nicaragüenses, los cubanos, los venezolanos y también los haitianos, para primero entrar en los Estados Unidos y luego, después de haber entrado en el país, podían solicitar varias formas de protección legal.

Y los migrantes más antiguos, los del Triángulo Norte, que se fueron de sus países, después del huracán Mitch, de los terremotos, de las maras de El Salvador y de la falta de condiciones socioeconómicas en sus países, ¿lograron legalizarse durante esos años?

Durante los años 80, principalmente, cuando la mayoría de los que estaban pidiendo asilo del Triángulo Norte, venían de El Salvador y de Guatemala, sí tenían casos muy fuertes. La realidad era que el gobierno se resistía aceptar las aplicaciones de asilo de salvadoreños y guatemaltecos, en particular, porque aceptar sus aplicaciones de asilo significaría efectivamente que el Gobierno estadounidense estaba reconociendo los abusos de sus propios aliados en la región. Luego, el Gobierno estadounidense tuvo que admitir que estaba, efectivamente, discriminando en contra de los migrantes de esos países en particular, así que surgieron algunas vías de legalizarse en estas poblaciones. Pero lo que pasó a comienzos de este siglo, fue que el sistema migratorio estadounidense realmente no se ha actualizado.

En los años de 2000, 2010, 2014, en momentos determinados en esa época, los que estaban llegando a la frontera de entre Estados Unidos y México pidiendo asilo estaban huyendo principalmente de las pandillas. Y técnicamente, en términos legales, la ley no contemplaba este tipo de persecución generalizada a través de las maras, en vez de algún gobierno. Entonces, tardó bastante en que el gobierno estadounidense empezara a reconocer la validez de aplicaciones para asilo para los que estaban huyendo de las pandillas. Y esto fue consecuencia de la argumentación de abogados que estaban tratando de expandir la definición de protección legal para que se aplicara a esa población.

Hay mucha gente que se ha ido del altiplano occidental en Guatemala, que técnicamente no fueron perseguidos por ningún gobierno, y de ninguna pandilla, sino que no tenía comida, y la desesperación total es lo que les motivó a emigrar. El Gobierno estadounidense podía reconocer esa realidad en la región, que había varias causas de la migración regional, pero las herramientas legales a través del sistema de asilo no aplicaba a esa población. Así que no había formas de asimilar un éxodo de la región.

¿Se puede estimar cuál es la dimensión de esta población de migrantes, de estas distintas olas migratorias, y en qué condición se encuentran hoy? ¿Son parte del universo de potenciales elegibles para ser deportados bajo la actual Administración Trump?

Es muy difícil determinar, exactamente, cuántas personas pudieron haber calificado para el asilo y no tuvieron la oportunidad. Se estima que hay, por lo menos, once millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Es una mezcla de poblaciones y también refleja una variedad de razones. Hay gente que entró en Estados Unidos con una visa, caducó la visa, por cuestiones legales no pudo salir del país para entrar de nuevo y normalizarse. Entonces, hay una población enorme que no tiene documentación legal y que se queda en una situación precaria.

Los demócratas en el Gobierno estaban tratando de limitar las deportaciones masivas del país, aunque siempre mantenían cierta brutalidad en la frontera. La metodológía durante el segundo término de Obama y durante la presidencia de Biden era priorizar la gente indocumentada. A lo mejor si alguien había cometido un crimen, esto sí pudo activar una deportación, pero la mayoría de la gente que no tenía ninguna vía legal por falta de legislación en el Congreso, que tenía familia, que llevaba décadas en Estados Unidos, que estaba trabajando, la idea era tratar de no atacar a esa población.

Ahora tenemos un gobierno bastante más brutal, que está tratando de arrestar cualquier persona, pues hay mucha gente que se queda en una situación muy vulnerable. Y además, ahora incluso estamos documentando casos en que esta Administración está arrestando y tratando de deportar gente que sí que tiene estatus legal. O sea que ahora estamos entrando en una fase, sin precedentes en cuanto a la indiferencia del gobierno al sistema legal.

Trump hizo campaña y anunció la construcción de un muro, en la frontera entre México y Estados Unidos que no detuvo la migración, durante su primera presidencia. ¿Cuál es la situación en la frontera hoy después de esta campaña de deportaciones y las redadas de ICE? ¿Ha detenido eso el flujo migratorio?

Es cierto que ahora no hay actividad en la frontera y esto refleja varias cosas. Por un lado, refleja la brutalidad de este gobierno y el reconocimiento de los migrantes de que este no es el momento adecuado de intentar cruzar la frontera. Pero al mismo tiempo, este flujo migratorio se estaba minimizando, incluso, a finales de los años de Biden. O sea que Trump, en cierto sentido, aprovechó de un cambio de la dinámica. Biden tardó bastante en saber exactamente cómo manejar la situación en la frontera, pero al final de su Administración, a comienzo de 2024, los números empezaban a bajar en cuanto a las llegadas a la frontera. Es interesante notar que una política de Biden que sí que afectó estas cifras en la frontera era crear vías legales para que la gente de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití y pudiera entrar en el país de una forma más organizada.

¿El parole humanitario?

Exacto, el parole humanitario. Hubo una baja de 90% de llegadas de migrantes de esos países como consecuencia de la creación de vías legales. La gente tenía la preferencia de emigrar a Estados Unidos en una forma más organizada, en vez de tener que ir a la frontera y esperar.

La suspensión del parole humanitario dejó a esta población en un limbo total, en una situación de vulnerabilidad. También estaban los que habían iniciado procesos de solicitud de asilo. ¿Se puede hoy obtener asilo en Estados Unidos?

Es muy complicado porque hay una cola enorme de más de un millón de casos en el sistema de asilo. Es decir, si alguien está planteando una aplicación, hay que esperar bastante tiempo. ¿Y qué va a pasar durante este periodo de espera? Pues el gobierno está enviando agentes federales a las cortes migratorias en Estados Unidos para hacer arrestos de gente que está cumpliendo con los requisitos, o sea, que está yendo a la Corte para cumplir con el requisito de dirigirse a un juez y explicar cuál es su caso.

En el primer gobierno de Trump, el consejo legal que los migrantes recién llegados, solían recibir era iniciar un proceso legal, justamente porque si había un proceso pendiente, pues el gobierno típicamente no puede intentar arrestarlo. Con un proceso pendiente, el gobierno no te iba a identificar como para arrestar y luego deportar.

Esto ha cambiado completamente. O sea, que ahora tratar de cumplir con los requisitos, es decir, ir a una cita con la agencia legal migratoria en Estados Unidos, que se llama Citizenship and Immigration Services, o de ir a la Corte para aparecer ante un juez en el caso de asilo, está convirtiendo a esa gente en blancos fáciles para el Gobierno.

Y lo mismo dicen los que llegaron con el parole, las autoridades saben dónde viven porque ellos entraron legalmente a través de un patrocinador.

Exacto. Así que es una especie de estafa gubernamental. Siempre era previsible que si hubo un cambio de gobierno, un gobierno del estilo de Trump iba a tratar de suspender estos programas en particular. Lo que ha hecho la Administración Trump justamente ha sido suspender los programase e ir a arrestar la gente antes incluso de que se caduquen sus permisos de trabajo. Pero es horrible, la lógica de estos programas de parole humanitario era de incentivar una forma de entrada más organizada, y podían anticipar cierto orden, cierta regularidad. Hoy en día el principio de la ley en Estados Unidos se ha convertido en una especie de vulnerabilidad y es algo inexplicable.

La campaña electoral del presidente Trump hizo una equivalencia entre lo que él llamaba migración ilegal y delitos graves, crimen organizado, Pero pareciera que se trata de una especie de persecución indiscriminada. ¿O hay alguna diferencia entre personas que han cometido delitos y otros que no tienen ningún récord?

Este gobierno ha intentado confundir las distinciones legales. Una infracción migratoria no representa la comisión de un crimen, el sistema migratorio es un sistema civil. El gobierno está tratando de convertir cualquier migrante en una especie de criminal y dice que está arrestando a los criminales. Y durante la campaña, la mayoría de la población al votar a Trump, pensaba que las deportaciones masivas iban a consistir en un intento de controlar la frontera e identificar a los criminales. Ahora tenemos cifras y demuestran que más del 70% de los arrestos han sido de gente que no tiene ningún récord criminal. Pero ahora ya se ha instalado en la conciencia pública esta confusión, cuando alguien como Trump está constantemente mintiendo.

El efecto acumulado de tanta desinformación ha logrado confundir al público. O sea, que en los comunicados oficiales del gobierno hablan de “los criminales” y ahora no hacen ninguna distinción entre los que tienen un caso pendiente legal ante el sistema migratorio y alguien que ha cometido un crimen.

¿Tiene la población migrante alguna protección en las cortes locales, las cortes federales que han intervenido en este proceso?

Es muy difícil saber porque el gobierno está cada vez más descartando los fallos y los órdenes judiciales. La protección que antes existía cuando un juez federal emitía una orden, el gobierno federal siempre la respetaba. Ahora tenemos casos muy bien documentados de más de 200 fallos de jueces federales que el gobierno está ignorando, y esto tiene implicaciones muy fuertes para la población.

Los migrantes que están en centros de detención migratorios están cada vez más dirigiéndose a los jueces federales en vez de los jueces migratorios. Esta Administración ha despedido a un montón de jueces migratorios de otras administraciones, y están tratando de instalar jueces que son fieles a la agenda de este gobierno.

El gobierno está tratando de detener la gente por un período indefinido. La lógica es forzar a la gente a abandonar sus casos legales porque las condiciones en los centros de detención son horribles. Y hay mucha gente que toma la decisión aceptar una deportación, incluso una deportación a un tercer país, simplemente para salir de condiciones tan peligrosas.

Así que la gente ahora está planteando una nueva herramienta en el contexto migratorio, que es una petición de habeas corpus, que típicamente hemos visto en las cortes federales. O sea, que los migrantes están apelando a los jueces federales como para que intervengan en sus casos particulares, porque el gobierno actual está tratando de detener a la gente por periodos indefinidos sin fianza. Y durante todo este tiempo también, la gente no tiene conexión o no tiene contacto regular con sus abogados, no tiene contacto regular con sus familias. Mierntras el gobierno, además, está moviendo a la gente, transfiriendo a la gente de un centro de detención a otro.

¿Qué impacto tiene este tipo de políticas de “crueldad” contra los migrantes, que incluso que ha derivado hasta en la ejecución y asesinatos de norteamericanos que ni siquiera eran migrantes, en el electorado de EE. UU. y particularmente en la base de Donald Trump?

Entre la base de él, nadie va a discrepar con el presidente, hay una lealtad completa entre los votantes más extremistas de Trump. Pero en cuanto a la población general, lo que estamos viendo está teniendo un efecto, la gente está rechazando la crueldad sin sentido de las actuaciones de este Gobierno. Por ejemplo, agentes que están trabajando enmascarados, que están capturando a la gente en vehículos sin placas, incluso atacando a los ciudadanos.

Lo llamativo de la muerte de esas dos personas, de las dos ciudadanas en Minnesota, era que los agentes responsables eran agentes migratorios. ¿Qué rol tenían ellos en asediar y atacar a los ciudadanos? Lo llamativo de todo esto es que para Trump y para su Administración, el ámbito migratorio es una especie de laboratorio para el autoritarismo del Gobierno. Es cada vez más claro que esto es el planteamiento del gobierno, y yo creo que va a haber un rechazo fuerte de la población.

Hemos visto un punto de inflexión en lo que pasó en el estado de Minnesota. Vamos a ver si tiene consecuencias en las elecciones de medio término. Los demócratas tienen que hablar de estos abusos.

¿Qué se puede esperar en los próximos dos años y medio de la Administración Trump en materia de política migratoria? ¿Va a lograr cumplir las metas que prometió de deportaciones masivas?

Creo que hay otra historia que estamos viendo, que está recibiendo menos atención. Los ideólogos dentro de la Casa Blanca, están cambiando el sistema legal migratorio en Estados Unidos. Y esto va a tener un legado muy fuerte en Estados Unidos. Están literalmente tratando de cambiar, quién puede ser considerado un migrante legal en Estados Unidos. Están tratando de cambiar las definiciones en cuanto a los términos técnicos. Incluso, el gobierno ahora está tratando de buscar casos de “fraude” en la población de ciudadanos naturalizados.

El gobierno está tratando de discriminar entre los ciudadanos nacidos en Estados Unidos y no nacidos en Estados Unidos. O sea, estamos viendo un cambio total en cuanto a cómo el gobierno piensa la cuestión de la migración. Si el Congreso cambia y si los demócratas toman, la Cámara Baja, vamos a ver más investigaciones, quizás van a poder frenar un poco algunos de los abusos más (visibles) del gobierno, pero no van a poder cambiar la ideología que sigue funcionando sin interrupción dentro de la Casa Blanca.

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Carlos F. Chamorro

Carlos F. Chamorro

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.

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