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La cooperación internacional en Nicaragua enfrenta la transformación más drástica de su historia reciente, arrastrada por el cierre del espacio cívico en 2018 y la cancelación abrupta, en 2025, de programas vinculados a derechos humanos, gobernanza y sociedad civil.
El informe “Cooperación en Tensión (2017–2025)”, auspiciado por la Fundación Sin Límites, revela que el ecosistema de la ayuda mutó hacia un “modo supervivencia”, donde la persecución legal y el retiro de donantes históricos han obligado a las organizaciones —dentro del país y en el exilio— a priorizar “los logros pequeños, discretos y seguros”, por encima de “las metas expansivas”.
“Entre 2017 y 2025, la cooperación internacional hacia Nicaragua experimentó cambios significativos en sus modalidades de operación, transitando desde esquemas relativamente programáticos, con circuitos institucionales más estables, hacia configuraciones más adaptativas, con mayor énfasis en la gestión fiduciaria, la intermediación y la operación desde fuera del país”, detalla el documento.
Ortega y Murillo apostaron por socios autocráticos
La cooperación internacional que recibe Nicaragua ha mutado por diversas razones. Algunas, ante las que no se puede hacer mucho, tienen que ver con la reconfiguración del ecosistema donante, que se aceleró después de los ataques terroristas contra Estados Unidos en septiembre de 2001. Otras, de tipo doméstico, estuvieron condicionadas por la violenta reacción del régimen ante las demandas ciudadanas que sustentaron la Rebelión de abril de 2018.
El informe explica cuál fue la respuesta del régimen ante el cierre de los grifos financieros de Occidente por las violaciones a los derechos humanos. La alternativa implementada pasó por buscar recursos entre prestamistas subregionales, fondos climáticos, y nuevos aliados autocráticos. Esos que no imponen condiciones democráticas.
La fuga comenzó varios años antes
El retiro de la cooperación tradicional no fue un suceso repentino. En realidad, comenzó mucho antes de 2018. A partir de 2001 el discurso de los cooperantes comenzó a migrar hacia temas como la guerra contra el terrorismo, que hizo énfasis en tres elementos. Estos fueron la contención del crimen organizado, combatir el tráfico de drogas, y frenar la migración irregular. Los cambios se aceleraron con la crisis financiera global de 2008 y la paulatina retirada de los donantes nórdicos, que reorientaron sus prioridades hacia otras regiones del planeta.
Con todo, el punto de quiebre definitivo ocurrió como reacción a la sangrienta respuesta estatal a las protestas cívicas de abril de 2018. A partir de ese año, Nicaragua dejó de ser vista como un socio para el desarrollo, mientras se implantaba una crisis democrática que solo ha ido en aumento. Los primeros en congelar las transferencias directas destinadas al aparato estatal fueron Estados Unidos y la Unión Europea, al imponer como condición, que se consiguieran mejoras tangibles en la situación de derechos humanos.
Criminalizando a las oenegés y sociedad civil
Mientras los cooperantes recortaban los fondos destinados al control estatal, se comenzaron a reorientar recursos hacia la asistencia humanitaria y la sociedad civil independiente, lo que encendió las alarmas dentro de El Carmen. Si en un primer momento la pareja presidencial se puso a la defensiva, en poco tiempo decidieron pasar a la ofensiva. La Asamblea Nacional fue su punta de lanza institucional.
En 2020, el legislativo aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040) junto a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Con la Ley 1040, la recepción de fondos externos se transformó en un asunto de seguridad nacional. Al penalizar el financiamiento externo fuera del control del régimen, se desató una cacería de organizaciones de la sociedad civil que forzó un exilio de esas entidades, que apuntó hacia Costa Rica, México y España.
Los sobrevivientes tuvieron que transformar sus agendas hacia temas menos “tóxicos” para el Gobierno, como la asistencia humanitaria de emergencia.
El BCIE, Pekín y Moscú
Pese al aislamiento político, el Estado nicaragüense logró sostener un importante flujo de recursos, que tuvo como soporte principal al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La ventaja es que el Banco regional no está sujeto al veto estadounidense, como sí ocurre con otros multilaterales como el BID y el Banco Mundial.
De esa manera, el BCIE se erigió en prestamista de último recurso para la dictadura. En especial bajo la administración de Dante Mossi, el banco centroamericano otorgó recursos multimillonarios para infraestructura, energía, y salud.
Ortega apostó por una nueva fuente de recursos cuando rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en diciembre de 2021, para establecerlas con la República Popular China. Si bien varias empresas chinas han firmado contratos de financiamiento con el régimen, estos tienen la condicionalidad de que Nicaragua debe entregar a la empresa china, el 20% del total pactado.
Por su parte, Rusia se ha posicionado como socio en áreas de seguridad y de salud. En especial, al proveer las vacunas Sputnik V y reactivar el centro de adiestramiento policial en Managua.
El portazo ambiental: el fiasco de Bio-CLIMA
El intento de captar recursos frescos para financiar proyectos ambientales fracasó cuando el régimen intentó aprovechar la narrativa del cambio climático para acceder a los fondos globales. En noviembre de 2020, el Fondo Verde para el Clima aprobó 116.6 millones de dólares para el proyecto Bio-CLIMA, diseñado supuestamente para frenar la deforestación en las reservas de Bosawás e Indio Maíz.
El resultado fue un fracaso rotundo. Tras recibir denuncias de comunidades locales y de organizaciones independientes, el Fondo Verde finalmente canceló el proyecto. Entre otros, se argumentó la existencia de altos riesgos de captura clientelar por parte de la dictadura. También el incumplimiento de las salvaguardas ambientales, y la total falta de consulta previa e informada con las poblaciones indígenas de las Regiones Autónomas del Caribe.
Aunque este caso evidenció los límites de la ingeniería financiera del régimen, los bancos regionales y aliados como China y Rusia aún proveen un flujo que apoya la supervivencia económica del régimen. Aunque sea a un alto precio. En contraste, la pérdida de los estándares de transparencia y el veto de la cooperación internacional tradicional, siguen pasando una factura de aislamiento que la propaganda oficial no logra ocultar.
