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La segunda audiencia en el caso judicial contra el derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, terminó el jueves 26 de marzo de 2026 sin una decisión del juez sobre la disputa por el pago de sus abogados.
El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanos por parte del Gobierno de EE. UU., que impide que el acusado pueda financiar su defensa.
La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.
Hellerstein, de 92 años y al que hoy se le pudo escuchar la voz algo quebrada, descartó desestimar el caso “porque eso sería tomar una medida demasiado seria”.
Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”.
No obstante, el magistrado respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, y recalcó que “las cosas han cambiado en Venezuela” y que EE. UU. ya “hace negocios” con el país caribeño.
Los cargos contra Maduro
Maduro está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.
Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y se definió a sí mismo como un “prisionero de guerra”.
