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Tras conocer el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, un grupo de cuatro organizaciones nicaragüenses instó a una “transición pacífica y concertada”, mientras el Colectivo 46/2 exigió que el Estado nicaragüense rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia y que se impongan sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
El Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), la Unión Democrática Renovadora (Unamos), el Espacio de Diálogo y Confluencia entre Actores Nicaragüenses y la Unidad Nacional Azul y Blanco, suscribieron un comunicado en el que “asumen como propias” cada unas de las conclusiones y recomendaciones del informe del Grupo de Expertos, presentado el 10 de marzo de 2026, por lo que instaron a una “transición pacífica y concertada”.
“Es indispensable que todas las recomendaciones sean asumidas por la sociedad nicaragüense y por la comunidad internacional, como elementos ineludibles para cualquier transición o una apertura democrática”, señalaron las cuatro organizaciones firmantes.
Las organizaciones firmantes consideran necesario conocer previamente la “situación de todas las personas desaparecidas y liberar a todas las personas presas políticas”. Asimismo, instan a “poner fin a toda persecución por motivos políticos”.
El GHREN reveló que Murillo encabeza una cadena de “mando vertical” que coordina una amplia red de vigilancia e inteligencia, creada para determinar qué nicaragüenses exiliados deben ser perseguidos. El documento presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también revela que el régimen financió la represión con recursos del Estado.
Por otro lado, plantearon a la comunidad internacional, entre otras, las siguientes medidas:
- Investigar y enjuiciar penalmente sobre la base de la jurisdicción extraterritorial.
- Sancionar a personas, entidades e instituciones responsables o cómplices de violaciones, abusos y delitos graves.
- Asegurar que los mecanismos internacionales incluyan las dimensiones de género y violencia de género como parte de la persecución política.
- Garantizar la protección internacional de los nicaragüenses exiliados y defender el derecho a asilo o refugio.
Colectivo 46/2 pide rendición de cuentas
El Colectivo 46/2, coalición de 21 organizaciones internacionales, regionales y nacionales, también respaldó el llamado del GHREN de la ONU para que el Estado nicaragüense “rinda cuentas” ante la Corte Internacional de Justicia, tras un informe que documenta el agravamiento de la represión.
En su declaración, el Colectivo 46/2 demandó a la comunidad internacional que “se involucre en los procesos de rendición de cuentas”.
“Desde el Colectivo 46/2 reafirmamos nuestra apuesta por los métodos pacíficos y respetuosos del derecho internacional. Por lo que nos sumamos al llamado del Grupo para que la comunidad internacional sostenga el trabajo de escrutinio, vigilancia y se involucre en los procesos de rendición de cuentas, a partir de la información aportada por el Grupo sobre las graves violaciones a los derechos humanos y sus responsables”, señalaron en su declaración.
Las organizaciones recordaron que, entre sus conclusiones y recomendaciones, el GHREN señala que se deben “llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos penales sobre la base de la jurisdicción extraterritorial, incluida la jurisdicción universal”.
Además, recordaron que el GHREN también recomienda “imponer sanciones selectivas y otras medidas legales a las personas, entidades e instituciones identificadas por el Grupo como responsables o cómplices de las violaciones, abusos y delitos”.
Según el informe del GHREN, presentado el 10 de marzo de 2026, el Estado nicaragüense debe rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por incumplir la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961, y la Convención contra la Tortura.
Países deben proteger a exiliados nicaragüenses
Tras conocer el informe, las organizaciones del Colectivo 46/2 instaron a “todos los Estados miembros del Consejo a proteger a las personas exiliadas, en particular a quienes sostienen el trabajo de defensa de los Derechos Humanos enfrentando los riesgos de la represión transnacional”.
El informe del GHREN —subrayon—, profundiza en los principales patrones de violaciones transnacionales de los derechos humanos como son: la “vigilancia, amenazas, acoso y violencia física; el abuso de los mecanismos internacionales de control y cooperación; la privación arbitraria de la nacionalidad; la confiscación de bienes y las represalias contra familiares que se encuentran en el país”.
Durante un diálogo interactivo celebrado en Ginebra en el marco del 61º período de sesiones del Consejo, el GHREN instó al régimen nicaragüense a “desmantelar la arquitectura de la represión”. Más de una decena de países expresaron estar “alarmados por los resultados” del nuevo informe del Grupo de Expertos.
El Colectivo 46/2 reconoció que los informes del Grupo de Expertos “reafirman y le otorgan mayor legitimidad” a las denuncias que las organizaciones defensoras de derechos humanos han realizado desde el inicio de la crisis sociopolítica de abril de 2018.
La sociedad civil denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el cierre de 83 organizaciones durante 2025, la persecución a mujeres defensoras que incluye destierro y desnacionalización, y la usurpación de territorios indígenas y afrodescendientes mediante concesiones mineras a empresas extranjeras sin consentimiento previo.
