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Los excarcelados políticos en Nicaragua viven bajo un “régimen de control policial permanente” y restricciones de movilidad que, según denuncian organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “prolongan la privación de libertad bajo modalidades menos visibles”.
Durante la audiencia pública “Nicaragua: Situación de personas privadas de libertad y excarceladas”, celebrada en el 195° Período de Sesiones en Guatemala, el Colectivo Nicaragua Nunca Más se refirió a la situación de 39 expresos políticos, que habían sido detenidos arbitrariamente entre junio y julio de 2025, y que fueron excarcelados entre noviembre de 2025 y enero de 2026.
La abogada, Katy Lechado, explicó que las personas excarceladas “no han recuperado plenamente su libertad y se encuentran en un régimen de control policial permanente”, lo que significa que el régimen no ha restituido plenamente sus derechos y “condiciona su vida privada, su vida familiar y su posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida”.
Nueve de los 39 excarcelados están obligados a presentarse diariamente a una delegación policial, entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana para firmar, lo que según el Colectivo, restringe “permanente su libertad de movimiento y su vida diaria”.
El “incumplimiento” de esta medida de control provoca reacciones por parte de las autoridades policiales. En uno de los casos, los agentes policiales acudieron al domicilio de una de las personas excarceladas políticas cuando no acudió a firmar para “localizarla y exigir explicaciones sobre su ausencia, obligándolo incluso a presentar evidencias”.
Fotografían a excarcelados políticos
El Colectivo aseguró que las personas excarceladas políticas, “permanecen bajo vigilancia policial constante” en su domicilio. La organización de derechos humanos ha documentado situaciones en la que agentes policiales “uniformados o de civil” se presentan a sus viviendas, en distintos horarios, para “verificar su presencia y tomarle fotografías”.
“Esta visita imprevisible ha creado que las personas excarceladas eviten salir de sus casas por temor a que su ausencia sea interpretada como un incumplimiento (…) Algunas personas han reportado seguimiento por civiles motorizados, un patrón ampliamente documentado en diversos informes”, dijo la abogada del Colectivo.
Cuatro de los 39 excarcelados políticos son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, y uno de ellos tiene medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que evidencia la “persistencia de riesgo para su seguridad e integridad” frente al control y vigilancia que ejerce el régimen.
Consecuencias directas de las arbitrarias medidas
Las restricciones también tienen efectos directos en la vida cotidiana de los excarcelados políticos, porque “dificultan el acceso al trabajo y a los medios de subsistencia”, por el hecho de tener que “presentarse diariamente en horario específico” a la delegación policial.
Según Lechado, los antecedentes policiales de estas personas “han quedado marcados por estas detenciones convirtiéndose en un obstáculo adicional para recuperar su empleo o encontrar nuevas oportunidades laborales”.
Según el organismo, hubo un caso en el que “personas desconocidas” acudieron al lugar de trabajo de una de las excarceladas políticas para advertir al empleador que “tendría problemas si volvía a contratarla”.
Las restricciones impuestas por la dictadura también han afectado el acceso a la educación. En otro caso documentado, una persona excarcelada política no pudo continuar con sus estudios porque se le “prohibió salir” del municipio donde reside.
El “aislamiento social” es otra de las situaciones que las víctimas enfrentan. La defensora advirtió que en varios casos “han recibido advertencias implícitas de que no deben comunicarse con organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación o incluso con familiares que se encuentran en el exterior, bajo amenazas de que podrían volver a prisión”.
Secuelas psicológicas
Los familiares de los excarcelados políticos también son “víctimas” de la represión del régimen. El Colectivo documentó tres casos en los que sus familiares fueron obligados por el Ministerio del Interior a abandonar Nicaragua de forma irregular antes de las excarcelaciones.
Quienes permanecieron en condición de desaparición forzada “no han querido hablar con sus propios familiares sobre los que vivieron durante su detención”, lo que, según Lechado, refleja “no solo el temor persistente que enfrentan, sino el impacto psicológico que dejó la privación de libertad y que aún siguen enfrentando”.
“La excarcelación de mi hermano ha sido una situación difícil, porque salió siendo otra persona. No logra, muchas veces, manejar las situaciones de estrés y siempre al estar firmando se siente agobiado”, afirmó el familiar de uno de los excarcelados a esa organización defensora de derechos humanos.
Puerta giratoria con presos políticos
Claudia Pineda, de la la Unidad de Defensa Jurídica, confirmó que al 26 de febrero de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas identificaba a 46 personas privadas de libertad “como mínimo verificable”, tras advertir que existe un “subregistro significativo, debido al miedo, las represalias y el hostigamiento contra familiares”.
Marylaura Acuña, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), afirmó que lo que ocurre actualmente en Nicaragua refleja un patrón de persecución que continúa pese a las liberaciones.
“Lo que se vive en el país es la profundización de una dinámica de puerta giratoria: mientras algunas personas son excarceladas, otras son detenidas”, señaló.
Según Acuña, las medidas que el régimen presenta como beneficios legales para los excarcelados políticos, en realidad mantienen la restricción de sus derechos.
“Estos ‘beneficios legales’ en la práctica prolongan la privación de libertad bajo modalidades menos visibles”, explicó.
