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La convergencia entre el agotamiento sistémico del modelo cubano y la estrategia multidimensional de la Administración Trump —vertebrada sobre los pilares de la seguridad nacional, el control económico y la contención de potencias externas— sitúa a la Isla ante una transición ya inevitable. Sin embargo, esta ruptura del statu quo, forzada por la parálisis interna y la presión externa, apunta hacia una trayectoria inédita que podría divergir de los horizontes democráticos proyectados históricamente para Cuba. Estamos ante un cambio de paradigma donde el pragmatismo geopolítico parece imponerse sobre la retórica de los derechos humanos.
La tesis de dos procesos paralelos —una negociación nacional soberana en sintonía con una bilateral con Estados Unidos— está siendo desplazada por un acuerdo de élites. En este escenario, el entendimiento entre Washington y la verdadera cúpula del poder en La Habana —el estamento militar nucleado en torno a GAESA— dejaría de ser un complemento para relegar el proceso entre cubanos a un plano secundario. Se prefigura un esquema donde la estabilidad sustituye a la democratización inmediata como prioridad. Para Washington, quizá el sector militar no es ya solo un adversario ideológico, sino el único interlocutor con control territorial capaz de garantizar una “transacción” ordenada que evite el caos.
A Washington le asiste una preocupación pragmática acerca de que el empobrecimiento crónico y el colapso de los servicios en Cuba deriven en una gobernanza caótica que facilite el auge del crimen organizado transnacional y una presión migratoria inasumible. Por ello, la Casa Blanca parece apostar por integrar a la Isla en la arquitectura de seguridad hemisférica, promoviendo una estabilización económica de mercado que mitigue las causas de la emigración, incluso si esto implica convivir con un modelo político aún restrictivo pero funcional.
Esta alianza de élites podría catalizar una reconstrucción económica apoyada en el emergente empresariado insular y en el vital sector empresarial del exilio, dispuesto a participar en la reconstrucción del país. El éxito de este modelo dependería no solo de la inversión, sino de la repatriación de capital humano cualificado —la diáspora técnica— y de una reforma institucional que garantice gobernanza técnica y seguridad jurídica, satisfaciendo así las agendas de desarrollo local y de estabilidad de Washington.
Bajo este esquema, la implementación democrática enfrentaría restricciones evidentes a corto plazo. No obstante, las cúpulas seguramente se verían forzadas a ceder espacios reales de participación. Esta concesión no provendría de una voluntad aperturista genuina, sino de la necesidad imperativa de conseguir niveles mínimos de eficacia en la gobernanza. Asimismo, resultaría indispensable ofrecer garantías políticas y seguridad jurídica al gran empresariado, cuya inversión es vital para la estabilización económica, y gestionar de manera estratégica la influencia del electorado cubano en Florida. Este último se erige como un actor transnacional con capacidad de voto, recursos financieros y una capacidad de propuesta decisiva en el diseño de la política exterior estadounidense, condicionando así cualquier posibilidad de normalización o flujo crediticio internacional.
En estas condiciones de “apertura controlada”, la articulación ciudadana podría evolucionar hacia organizaciones políticas y otros medios autónomos. Sin embargo, el paso de la “transacción” a la “democracia” no será un camino lineal ni garantizado. Por el contrario, es un proceso propenso a estancamientos donde el modelo de “capitalismo autoritario” podría intentar perpetuarse. La sociedad civil no enfrenta una transición abierta, sino un laberinto de rendijas tácticas dentro de un pacto de cúpulas. Aprovechar estos espacios para edificar un Estado de derecho requerirá transformar la resistencia moral en una fuerza política capaz de disputar la legitimidad institucional en un entorno de libertad restringida.
El mayor reto es superar el déficit de incidencia y la fragmentación de la oposición. El imperativo hoy es capitalizar cada espacio que la nueva realidad política abra, asegurando que la reconstrucción de Cuba no se limite a una reforma económica tecnocrática o un acuerdo de mercados bajo la bota militar, sino que culmine en una República fundada en la soberanía ciudadana plena. Es el paso necesario de la protesta reactiva a la política real capaz de gestionar el Estado. Transformar ese potencial en poder político efectivo requiere tres ingredientes: realismo, tiempo y esfuerzo sostenido.
Para que este proceso sea genuino, tal vez los cubanos necesiten un consenso sobre aspiraciones fundamentales que sean aceptables para todos, cimentado en la garantía plena de los Derechos Humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales); un Estado de derecho democrático y social, con separación de poderes y autonomía local; instituciones públicas eficientes; economía libre con responsabilidad social; centralidad del trabajo y dignidad laboral; igualdad de oportunidades e inclusión social; educación, salud y seguridad social universales; relaciones internacionales basadas en cooperación, soberanía y paz; y celebración de elecciones periódicas, libres y competitivas para la renovación de todos los cargos de autoridad. No hay en esta lista nada irrazonable. Son los mínimos civilizatorios sobre los que podría construirse un consenso nacional que trascienda la mera transacción de élites y devuelva el destino del país a sus ciudadanos.
