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Tanto los eventos en Venezuela como en Cuba traen consigo importantes lecciones para la codictadora Rosario Murillo, para decidir si está dispuesta a adoptar una ruta distinta a la radicalización de la dictadura.
Primero, el protagonismo en la política internacional ha sido liderado por Estados Unidos, desde un enfoque punitivo, cumpliendo las tareas propuestas (reducción de la migración, comercio recíproco, contener a China y lidiar con fuerzas que alteran el orden liberal). Segundo, la coyuntura de cada país (aislamiento y vulnerabilidad económica), ya sea en Venezuela o en Cuba, ha sido el factor de apalancamiento de Estados Unidos para ejercer presión. Tercero, independientemente del nivel de cohesión y concentración del poder, al interior de las cúpulas aparecen actores reformistas dispuestos a promover acuerdos.
La inevitabilidad de la presión internacional sobre Nicaragua se acerca a un momento crucial, y Murillo puede anticipar lo que se avecina y corregir el rumbo, o afrontar el peso del rechazo internacional.
La política en América Latina y el Caribe bajo Donald Trump
Aparte de la hipérbole verbal del presidente Trump, la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe se ha caracterizado por una tendencia punitiva frente a sus pares en la región o por premios a sus aliados.
Eso incluye manifestar su apoyo a las cárceles de Nayib Bukele; imponer el arancel más alto hacia Nicaragua (18%) con una moratoria de un año para subirlo aún más; favorecer un financiamiento de 20 000 millones de dólares para apoyar los planes de estabilización económica de Milei en Argentina; endosar a un candidato de derecha en Honduras (aunque no incidió en el resultado electoral), indicando que de ser presidente Asfura recibiría un mejor trato; dar trato recíproco comercial a El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, y Costa Rica; extraer a la fuerza a Nicolás Maduro de Venezuela y montar un proceso de transición; bloquear el suministro de petróleo a Cuba mientras conversa sobre una potencial transición; deportar más de 350 000 migrantes en estatus irregular; quitar visas a líderes haitianos, y parquear un par de buques frente a las costas de Haití mientras declaraba su apoyo a Fils-Aimé como primer ninistro de Haití.
No hay duda de que la oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado y otras entidades han estado muy ocupadas con la región latinoamericana.
Esta política Donroe refleja dos realidades importantes, una es el método coercitivo o premiador que usa esta Administración y que se separa de cualquier otra presidencia, excepto tal vez la época de Theodore Roosevelt. Las amenazas se han traducido en alguna acción y no quedan pegadas en el muro de las redes sociales.
La segunda realidad es que, a pesar de ser controvertida, la política exterior actual carece de contrapeso tanto externo como interno. El caso más emblemático es la extracción de Nicolás Maduro, en el que Estados Unidos violó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y ningún Estado se manifestó en contra. A pesar de que Canadá ha posicionado su independencia frente a la política exterior de Trump, su margen de acción en la región no ha cambiado y no se ha opuesto a Estados Unidos, contraviniendo sus políticas. Esto se ve con Haití o con el proceso hacia un acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos.
Hay un mutismo latinoamericano frente a Trump, unos por temor a represalias (una forma de interpretar la visita de Petro a Washington), y otros las apoyan calladamente, aunque no lo hacen en público, confirmando el dicho “el que calla otorga”.
Las coyunturas de cada país definen la acción política
La política no es estática; es muy dinámica. Murillo está sola en una coyuntura complicada. Y aunque quiera tapar el sol con un dedo, el país está más aislado hoy que en cualquier otro momento de los últimos siete años, y tanto Estados Unidos como varios miembros del sistema interamericano y de la Unión Europea desean que Murillo devuelva el país a la democracia.
Tanto Venezuela como Cuba, e incluso las elecciones en Honduras, muestran que las coyunturas que se generaron en torno al círculo de poder fueron aprovechadas por la Administración Trump para ejercer presión o coerción. En Venezuela, la movilización militar estaba calculada en función de la debilidad económica y del desprestigio internacional de Nicolás Maduro. Lo que estaba en duda era cuándo y cómo intervenir: si Trump esperaría más tiempo para actuar contra Venezuela o si intentaría una invasión. Sin embargo, el contexto nacional de Venezuela, frente a un país altamente dependiente de la exportación de petróleo, de su vinculación con Irán o China para venderlo, aumentó la vulnerabilidad que dio lugar a la extracción de Maduro. En Cuba, el colapso económico está eliminando cualquier otra opción de rescate o salvación.
En ambos países, el aislamiento internacional y el rechazo dictatorial les restan toda simpatía a sus dirigentes.
El aislamiento de Nicaragua continuará creciendo, incluso con un distanciamiento gradual por parte de China—reduciendo el monto o descontando el nuevo financiamiento. Ese aislamiento es evidente a través del turismo, que ha decaído proporcionalmente más que en Cuba—el número de llegadas de vuelos en 2025 fue igual al de 2015—; la gente no quiere ir a Nicaragua; a pesar de la propaganda pagada por Murillo, prefiere irse a Guatemala o Costa Rica.
De ahí que tanto el aumento del aislamiento como la coerción estén a la vuelta de la esquina; posiblemente, después de que se logre un arreglo sobre Cuba.
Independientemente de si el método de la Administración Trump es justo, moral y políticamente defendible, tanto la comunidad internacional como la población de Nicaragua y los grupos cívicos, coinciden en que la continuidad dictatorial no es aceptable, igual que ocurrió en Venezuela y Cuba.
¿Quién se opondrá a que aumente la presión de Estados Unidos contra la dictadura de Nicaragua, aunque esta no siga una línea de respeto a la soberanía? ¿Quién ha propuesto una alternativa que haya presionado exitosamente a la dictadura hacia una transición democrática? ¿Existe el capital político para que la oposición cívica se apalanque en la gestión de algunos Estados miembros de la OEA para proponer una mediación con Nicaragua?
Ante un deterioro o una contracción económica inminente, los parches no resuelven los problemas estructurales. La captura de Estado es un problema estructural que no resolverá el declive económico. Ya en enero de 2026, el volumen enviado en remesas (que fue 31% del PIB en 2025) disminuyó, porque hay menos remesadores y no se ha aumentado más de lo que se envió en diciembre de 2025. Un escenario conservador en el que las remesas crecen modestamente en 5% y las exportaciones 4%, el PIB crecería 2.5%. La probabilidad de ese crecimiento es por debajo del 40%, especialmente si las deportaciones aumentan y las penalidades comerciales se materialicen en el 2026, situación que generará menor crecimiento para al país y mayor malestar para el pueblo.
Nicaragua es un país joven, más del 50% de su población nació después del año 2000 —y la gran mayoría eran menores de edad en 2018—. Los que están en edad universitaria, entre 18 y 22 años, tenían entre 10 y 14 años. Ahora ellos son una población cuyo apetito de vivir con los valores y las oportunidades de la sociedad moderna es muy fuerte, y el hambre de lograrlo está chocando con el muro dictatorial, que ni la Policía podrá contener.
Los reformistas en las cúpulas del poder
La experiencia reciente de Venezuela y Cuba aporta otro insumo importante al escenario real que enfrenta Rosario Murillo; la lealtad de sus aliados en la administración del poder no es de hierro. Tanto en Venezuela como en Cuba hay ciertos allegados a Maduro y a la línea dura castrista, que ante un callejón sin salida ceden a la opción reformista y la transición en vez de la continuidad de la dictadura.
Murillo tendrá el poder en sus manos, pero, a pesar de las purgas (o por ellas mismas), siempre hay reformistas, disidentes o ‘ambivalentes’ dentro de su estructura, observando los cambios y listos para ofrecer una mano si cambia el equilibrio de poder.
La Nicaragua posible frente a estas realidades
Nicaragua no es Cuba, y tampoco se asemeja a Venezuela. Pero la secuencia política apunta a una confrontación inevitable con la dictadura de Murillo.
Aparte de una posible contracción económica, el régimen tiene una gran debilidad: la concentración del poder político y gerencial en un solo centro, el poder personal de Murillo. Una presión que descabece la cadena de mando fragmentaría cualquier tipo de respuesta defensiva dentro del régimen, especialmente con Daniel Ortega fuera del mapa político.
De ahí que a la cúpula del régimen se le presenten algunos cursos de acción en anticipación a la presión que se avecina.
Un curso alternativo consiste en desviarse de la ruta dictatorial mediante cambios simétricos, calendarizados y verificables. La forma es apalancarse gradualmente en los hallazgos de la investigación 301 de la Oficina de Comercio, ya que la simetría de los cambios coincide con los remedios a los daños causados en los derechos laborales y humanos, así como en el Estado de derecho. La calendarización es vital para proceder de seis y nueve meses, mientras el círculo de poder reorganiza su rol para desconcentrar el poder político. Frente al incumplimiento, la verificación no es ajena a Nicaragua e incluye el rol de los grupos cívicos nicaragüenses en ser parte que monitorea esta transición. Claro que hay mucha más tela por tejer, pero esto sería solo un comienzo.
La incidencia de los grupos cívicos dentro del sistema interamericano ofrecería una oportunidad para rescatar al Grupo de Trabajo sobre Nicaragua y presentarse como actor verificador, e incluso como actor independiente de la OEA misma. Las reformas están visibles como hoja de ruta.
La otra opción es continuar la línea dictatorial de Murillo, que experimentará más rechazo y un incremento de la presión externa, acompañada de un desgaste interno del círculo de poder, incluido un posible distanciamiento del Ejército. Como demuestran Venezuela y Cuba, la política de máxima presión es inminente e inevitable. Murillo tiene pocos meses para responder a la imposición de nuevos aranceles en 2027, mientras, su calendario electoral para reeditar una nueva farsa generará más presión externa e interna en su contra.
La radicalización dictatorial, tras las crisis de Venezuela y Cuba, no es sostenible. Rosario Murillo está entre la espada y la pared ante dos opciones: aceptar ahora un camino largo y sinuoso de reformas, para decretar el fin del régimen, o avanzar hacia un callejón sin salida que conduce al abismo.
