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La estrategia de “inundar la zona” de la administración Trump puede impedirnos percibir que se ha llegado a un punto de inflexión en la caída de Estados Unidos en el autoritarismo. Se dirá que eso es un objetivo de la estrategia (que se basa en un avance gradual sobre los derechos de las personas y los controles institucionales). Pero es posible que la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este mes en Minneapolis sea exactamente ese punto de inflexión.
Una de las características principales de los gobiernos autoritarios es la facilidad con que pueden usar una fuerza excesiva contra sus oponentes. Aunque todos los gobiernos usan tácticas coercitivas en el mantenimiento del orden público, existen límites evidentes. El gobierno británico puede usar la fuerza para despejar manifestaciones en algunos lugares. Pero una variedad de controles institucionales y la fortaleza de las normas contra el autoritarismo hacen inimaginable una matanza indiscriminada de manifestantes por parte de las fuerzas policiales en el Reino Unido.
En cambio, la respuesta asesina del entonces presidente sirio Bashar al-Assad a las protestas de la Primavera Árabe no sorprendió a nadie. Se da por sobreentendido que los gobiernos autoritarios utilizarán ese tipo de fuerza contra opositores, medios de comunicación independientes y otros pilares de la sociedad civil.
En sociedades democráticas o mayoritariamente no autoritarias, varios impedimentos se alzan contra la represión violenta de la oposición. En primer lugar, provocaría estupor e indignación en otras ramas del gobierno y en la sociedad civil, de modo que por lo general sería contraproducente. En segundo lugar, el gobierno ni siquiera puede estar seguro de que sus fuerzas de seguridad acatarán la orden. Durante la primera presidencia de Trump, los mandos militares estadounidenses dejaron claro que no lo harían.
Pero el ICE tuvo un crecimiento significativo en 2025, y todo indica que reclutó a jóvenes muy cercanos a la versión más extrema de la agenda antiinmigratoria de Trump. También se le dio un mandato demasiado amplio, con licencia para usar tácticas que en el pasado hubieran sido inimaginables para cualquier agencia federal. El Departamento de Justicia muestra un apoyo inquebrantable a acciones probablemente ilegales del ICE e incluso se niega a investigarlas.
El simbolismo de lo sucedido en Minnesota es inconfundible. El ICE ya mató a dos civiles inocentes: Renée Good, madre de tres hijos que acababa de dejar a uno de ellos en la escuela, y ahora Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos que estaba observando y grabando una de sus redadas. Que agentes federales usen amenazas y tácticas violentas contra manifestantes que documentan sus actividades es habitual. Pero lo más significativo es que otorgando al ICE inmunidad de facto, la administración Trump le dio luz verde para intensificar esa violencia.
Si no se la controla, puede marcar de hecho un punto de inflexión, porque creará un modelo para que otras fuerzas de seguridad incluso más alineadas con Trump usen la fuerza contra cualquier manifestación opositora. En ese caso, tal vez sea difícil revertir la caída en el autoritarismo, al paralizarse la sociedad civil ante la represión creciente y debilitarse cada vez más las normas contra esas formas de violencia.
Las dos ramas del gobierno que presuntamente deberían poner controles a la presidencia (el Congreso y la Corte Suprema) ya se han mostrado muy complacientes con la agenda de Trump. Y el no menos importante control institucional por parte de organismos independientes también está debilitado, sobre todo por la facilidad con que el presidente ha podido nombrar a aliados y secuaces en puestos clave. Como sostengo en otro lugar, el objetivo general de la administración es crear una especie de presidencia imperial no sujeta a límites; exactamente la forma en que se consolida el autoritarismo (de lo que sirven los ejemplos contemporáneos de Hungría, Ecuador, México, Nicaragua, Turquía y Venezuela).
Hay otro sentido en el que este momento puede ser un punto de inflexión. En enero de 2017, sostuve que el único modo de contener a la primera administración Trump era mediante protestas pacíficas. Incluso entonces, era obvio que las otras ramas del gobierno no iban a poner límites efectivos a Trump, y que si lo intentaran, Trump iba a manipular las normas a su favor.
Pero aunque las protestas resultaron ser una potente defensa contra los intentos de ampliación de poderes y avance hacia el autoritarismo de la primera administración Trump, la energía que las impulsó en 2017 ya no existía en 2025. Una de las razones fue que muchos analistas y buena parte de la población interpretaron que la mayoría del voto popular obtenida por Trump en las elecciones de 2024 le daba un mandato más grande que en 2016 (cuando no obtuvo esa mayoría).
Pero hubo otra razón más importante: durante los años de Biden, los activistas del Partido Demócrata agotaron su legitimidad. En la función pública, en universidades, ONG e incluso en el sector privado, se extralimitaron y perdieron mucho apoyo por desestimar inquietudes legítimas en relación con los cambios sociales que propugnaban. De modo que al volver Trump con una agenda mucho más radical en enero de 2025, no encontró a la sociedad civil preparada para ofrecerle una resistencia importante.
Minneapolis puede cambiar esta situación. La energía y la solidaridad de gente que ayuda a sus vecinos inmigrantes y protesta contra las tácticas brutales del ICE son preanuncio de un duelo decisivo. El resultado dependerá en parte de cuán dispuestos estarán los aliados de Trump en el Congreso a aceptar la violencia y la ilegalidad del ejecutivo, y en parte de lo que hagan Trump y el estrecho grupo de asesores afines que lo rodean. Pero el factor más importante será la determinación de la sociedad civil, empezando por Minnesota.
*Este artículo se publicó originalmente en Project Syndicate.
