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El desenlace de la política del gobierno de Trump hacia Venezuela está siendo presentado por algunos como una solución salomónica: una hábil división entre dos imperativos contrapuestos de la política exterior estadounidense. Por un lado, el enfoque de máxima presión, estrechamente asociado al secretario de Estado Marco Rubio, que sostenía que Nicolás Maduro no era un jefe de Estado legítimo sino un narcotraficante al frente de una empresa criminal. Por el otro, una visión transaccional y centrada en la energía —frecuentemente vinculada a la lógica de Richard Grenell— que buscaba evitar una guerra abierta mientras protegía los intereses petroleros de Estados Unidos mediante la negociación y el uso del poder.
Según la narrativa oficial, ambos objetivos se habrían cumplido. Maduro se encuentra bajo custodia estadounidense, tratado no como un presidente soberano sino como un acusado en un caso de crimen organizado transnacional. Al mismo tiempo, Washington ha dado señales claras de que está dispuesto a trabajar con Delcy Rodríguez —vicepresidenta del régimen— para estabilizar el país y reabrir el sector petrolero venezolano a las empresas estadounidenses. Estados Unidos ha removido a la persona que identifica como el problema, mientras intenta reutilizar el aparato estatal que hizo posible su permanencia en el poder.
Esto puede parecer sabiduría salomónica. En realidad, se trata de un acuerdo frágil, cargado de contradicciones que amenazan con hacerlo inviable.
La primera contradicción es la de la legitimidad política. El argumento central de la administración ha sido que Maduro nunca fue un jefe de Estado legítimo, que gobernó mediante fraude, represión y redes criminales. Sin embargo, la estrategia actual se apoya en la continuidad constitucional del propio entramado chavista. Si Delcy Rodríguez es lo suficientemente “constitucional” como para fungir como interlocutora de Washington y garante del acceso al petróleo, entonces Estados Unidos está validando implícitamente la cadena institucional del madurismo, incluso mientras niega la legitimidad de Maduro. No se trata de una inconsistencia menor, sino de un giro estratégico profundo.
Esta contradicción se vuelve aún más evidente al observar el aparente marginamiento de María Corina Machado. Machado no es una figura secundaria. Es la líder indiscutida de la oposición democrática venezolana, el eje moral y organizativo de la resistencia al régimen, y una ganadora del Premio Nobel de la Paz cuya legitimidad no proviene de tecnicismos constitucionales, sino de respaldo popular, coherencia política y sacrificio personal. Su movimiento ganó de manera contundente las primarias opositoras y, según la mayoría de las evaluaciones creíbles, triunfó en las elecciones de 2024 que posteriormente Maduro desconoció.
Sin embargo, en el enfoque actual de Estados Unidos, Machado ha sido desplazada: se le ha restado apoyo, se le ha excluido de la planificación de la transición y se le ha tratado como un obstáculo incómodo en lugar de ser el pilar democrático que debería sostener cualquier salida post-Maduro. Esto no es solo una afrenta personal; es un error estratégico. Al dejar de lado a la única figura con legitimidad democrática incuestionable, Washington corre el riesgo de construir una transición que los propios venezolanos no reconozcan como legítima, por más ordenada que parezca desde el punto de vista legal.
La segunda contradicción radica en los incentivos de los actores del régimen. En público, los sobrevivientes del chavismo han exigido el regreso de Maduro y denunciado la acción estadounidense como una invasión. En privado, Washington parece apostar a que el miedo, los incentivos económicos y el acceso a rentas petroleras generarán cooperación. Pero Delcy Rodríguez y su entorno enfrentan un dilema fundamental: una colaboración visible con Estados Unidos puede provocar fracturas internas, golpes palaciegos o violencia por parte de sectores duros que consideran cualquier concesión una traición. El resultado más probable no es una cooperación genuina, sino una obediencia performativa: aceptar en privado para evitar represalias inmediatas, mientras se bloquean o dilatan las reformas en la práctica.
Esto produce un vacío de gobernabilidad. Maduro ya no está, pero el sistema que lo sostuvo sigue intacto, armado y profundamente imbricado en economías ilícitas. Quitar la cabeza no desmantela un Estado cartelizado. Sin un acuerdo político creíble e inclusivo —que incorpore a la oposición democrática— Estados Unidos no está facilitando una transición, sino administrando un país mediante supervisión coercitiva, no autoridad legítima.
La tercera contradicción es estratégica. El petróleo ha pasado de ser un sector económico a convertirse en el eje ordenador de la transición. La premisa parece ser que los ingresos petroleros estabilizarán el país, financiarán la reconstrucción y validarán la intervención a posteriori. Pero el sector petrolero venezolano no se reactiva con declaraciones. Años de mala gestión, sanciones, corrupción y fuga de capital humano implican que incluso grandes inversiones tardarán años en traducirse en aumentos sustanciales de producción. Apostar la estabilidad política a una recuperación petrolera de corto plazo es ignorar la realidad industrial.
Más aún, el petróleo sin legitimidad no genera estabilidad. Los contratos firmados bajo un esquema transitorio, políticamente cuestionado, serán jurídicamente frágiles, socialmente rechazados y políticamente reversibles. Los inversionistas lo saben. Los venezolanos lo saben. Y los actores del régimen también lo saben, lo que debilita —no fortalece— la posición estadounidense.
El tratamiento dado a María Corina Machado sintetiza el problema de fondo. El juicio de Salomón funcionó porque reveló quién realmente valoraba la vida del niño. La estrategia actual revela algo distinto: una preferencia por la manejabilidad transaccional sobre la legitimidad democrática. Machado representa movilización popular, claridad moral e imprevisibilidad política —elementos incómodos para el “deal making”, pero indispensables para reconstruir la confianza institucional. Delcy Rodríguez representa continuidad, control y negociabilidad: útil para la administración de corto plazo, pero tóxica para la reconstrucción democrática de largo plazo.
Washington aún puede corregir el rumbo, pero solo si deja de tratar a Venezuela como una transacción inmobiliaria y empieza a considerarla un problema de gobernabilidad. Eso exige tres cambios inmediatos.
Primero, Estados Unidos debe anclar públicamente la transición en un calendario electoral claro y verificable, con garantías internacionales y participación de la oposición. Segundo, cualquier interlocución con actores del régimen debe estar condicionada explícitamente a avances democráticos comprobables, no simplemente al acceso al petróleo. Y tercero —y más importante— María Corina Machado y la oposición democrática deben volver al centro del proceso, no ser consideradas prescindibles una vez removido Maduro.
Un compromiso transaccional puede parecer pragmático. En Venezuela, el pragmatismo sin legitimidad es simplemente una pausa antes de la próxima crisis. Capturar a Maduro es un acto dramático. Construir un Estado democrático después es la verdadera prueba. Una “solución” que margina a la líder democrática más legítima del país mientras empodera a los remanentes de un régimen autoritario no es sabiduría salomónica. Es una apuesta de alto riesgo que puede satisfacer intereses de corto plazo en Washington, pero compromete seriamente el futuro democrático de Venezuela.
