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El régimen está ajustando su modelo de represión y control, mientras las familias de los presos políticos resisten el embate en condiciones adversas de intimidación y persecución. Al mismo tiempo, los excarcelados aseguran: La denuncia es el único mecanismo que protege a las personas desaparecidas y presos políticos.
El último año la comunidad internacional ha modificado su estrategia de negociación con los detentores del poder en Nicaragua en la demanda de presentación de prueba de vida de las personas desaparecidas y la liberación de los presos políticos. A esto, el régimen respondía con el exilio y la expatriación de las personas. Aunque se sigue demandando la prueba de vida y la liberación de los presos políticos, el mecanismo de expulsión del país, como ocurrió en febrero de 2023 y septiembre de 2024, ha sido reconsiderado.
El cambio de estrategia es resultado de tres consecuencias de la expatriación:
- Empobrece el capital político de Nicaragua al reducir la diversidad y desintegrar las opciones de alternativas políticas nacionales, facilitando el mantenimiento del status quo político que empobrece el país.
- Facilita la apropiación indebida de propiedades y bienes de los y las expatriados con los que el régimen cubre los impactos presupuestarios negativos resultantes de malos manejos y profundos procesos de corrupción.
- Transfiere los costos del abuso político, económico y social del gobierno autócrata nicaragüense a la comunidad internacional para sustentar a los nicaragüenses despojados de recursos y esperanzas.
Así, la nueva estrategia internacional se centra en presionar por la reapertura democrática y la restitución del Estado de derecho, evitando a la vez los excesos del exilio.
Excarcelados, pero no libres
En este contexto, con el mantenimiento de los esfuerzos de denuncias y demandas de familiares de personas desaparecidas y presas políticas, los detentores del poder en Nicaragua han optado por excarcelar a algunas de las personas desaparecidas y presas políticas, aunque bajo estrictas restricciones. Esta práctica la hemos visto a lo largo del 2025, pero de manera más ostentosa el último mes.
Estas personas excarceladas han sido entregadas a las familias. Estas se enfrentan, por un lado, al alivio de saberlos vivos y poder reconfortarlos en sus penurias y, por el otro lado, la indignación de saberse vejados por un poder abusivo carente de empatía y despojado de signos de humanidad.
A los excarcelados se les impide salir del departamento o municipio asignado, reunirse, trabajar o participar en redes sociales, manteniéndolos en una situación de privación de derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Siguen negados como sujetos ciudadanos, es decir, siguen siendo presos políticos a toda regla.
Las familias deben de garantizarles donde vivir, alimentación y salud, además de dignificar una situación difícil y compleja para ellas. Este modelo permite al régimen incrementar el número de personas bajo restricción severa de derechos al liberar espacio en las cárceles y transferir parte de los costes de la represión a las propias familias.
Las familias no solamente asumen los costos de los excarcelados, sino también son víctimas de represión, persecución, acoso e intimidación permanente, en términos políticos, económicos y sociales. Sus negocios y empresas son cerradas, o pierden sus empleos, su círculo social se estrecha por el miedo a la represión. Esto ha llevado, desde hace algunos años, a miembros de las familias bajo represión a huir del país.
Las familias empobrecidas costean la crueldad de su verdugo, resistiendo a una presión que intenta quebrar su dignidad y la voluntad de resistencia ciudadana.
Este modelo parece estar en proceso de prueba y refinamiento, con nuevas narrativas seudolegales y modelos de vigilancia y control.
La denuncia colectiva y el camino hacia la restitución de derechos
Las familias que continúan sin saber de los suyos siguen consumidas por la angustia y la incertidumbre de un régimen que carece de marco legal e institucional real que permita defenderse.
¿El gobierno de facto de Nicaragua pretenderá que la amenaza de desaparecer nuevamente a los excarcelados sea suficientemente aterradora para producir nuevos estándares de sumisión tanto en las familias que han recibido a los suyos como en aquellas que no? ¿Tendrán como expectativas Ortega y Murillo, y el grupo que le queda de sustento, que los familiares de las personas aún desaparecidas y presos políticos encarcelados guarden silencio ante el espanto?
Los testimonios de los excarcelados y expresos políticos, en los últimos años, han dejado claro que la denuncia es el único mecanismo que protege a las personas desaparecidas y presas políticas. Y no sólo la denuncia individual, sino sobre todo la denuncia colectiva que sigue siendo el mecanismo más eficaz de protección y resistencia
Es cierto que la primera demanda es que se dé muestra de vida de los nicaragüenses desaparecidos por la represión política, pero la demanda principal sigue siendo la liberación de los presos políticos y la restitución de todos sus derechos.
Nicaragua se encuentra en una situación donde sólo un diálogo amplio con todas las partes involucradas, organizadas en representaciones políticas y organizaciones ciudadanas, podrá reencaminar la actual situación fuera de control. Pero los violentos, aquellos que se exceden, tienen que ser puestos de un lado si queremos una nueva gobernabilidad democrática, basada en derecho que nos permita una sociedad incluyente, integrada y sostenible.
Este es nuestro compromiso y propósito para un 2026 que devuelva la esperanza y el futuro a Nicaragua.
