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Al menos 800 000 nicaragüenses, un 11.6% de la población total, han abandonado Nicaragua entre abril de 2018 y noviembre de 2025, según datos del Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua divulgado el jueves 18 de diciembre en ocasión del Día Internacional del Migrante.
“Cada 18 de diciembre el mundo conmemora la dignidad y los derechos de las personas migrantes. En Nicaragua, esta fecha se vive marcada por la escandalosa cifra de 800 000 nicaragüenses forzados a abandonar el país en un éxodo sin presentes por la falta de libertades”, indicó esa oenegé, integrada en su mayoría por activistas nicaragüenses y con sede en San José.
Ese organismo anotó que esas personas que han salido de Nicaragua buscan refugio, protección y oportunidades en otras naciones, algo que en su país “hoy es imposible debido a la persecución, falta de libertad, falta de democracia y lo más importantes, una falta de respeto a la vida”.
Observó, además, que en el caso de Nicaragua no se trata de una elección libre de migrar, sino del resultado directo “de años de represión sistemática, hostigamiento y persecución política ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
“Esta migración empobrece a Nicaragua y los nicaragüenses. Arruina el futuro del país porque cada persona que emigra es una menos que a través de su intelecto y trabajo, podría contribuir al desarrollo de la nación. Y Nicaragua pierde así su recurso primordial que es el valor humano”, criticó ese colectivo.
Cierre de organizaciones
Asimismo, esa oenegé advirtió que desde 2018 “esta dictadura también ha confiscado y cerrado 5651 organizaciones de la sociedad civil y 41 universidades”, ha desnacionalizado a 492 nicaragüenses, y ha forzado el exilio de más de 307 periodistas y de igual número de religiosos.
“Es responsable del robo de cientos de propiedades y de crímenes lesa humanidad”, añadió.
Además, quienes denuncian las violaciones de derechos humanos que se suceden en Nicaragua, enfrentan destierro, desnacionalización, apatridia de facto y criminalización, alertó.
“Esta política pública de destierro y confiscación valorada en al menos 250 millones de dólares a empresas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y personas que involucra a todas las estructuras del Estado dictatorial, provoca la separación de familias, comunidades y nuevas generaciones de nicaragüenses que crecen en el exilio, enfrentando discriminación y precariedad”, señaló.
“Este día pedimos a la comunidad internacional denunciar el destierro como política de Estado en Nicaragua, además de seguir presionando a nivel internacional por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país y garantizar mecanismos de protección y refugio para quienes se ven obligados a huir”, abogó.
La crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha provocado el mayor éxodo de su historia, superior incluso al de la década de 1980, cuando en el país hubo una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, de acuerdo con el Colectivo.
