28 de octubre 2025
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El 13 de octubre de 2025, los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fueron heridos de bala en un atentado sicarial ocurrido en Bogotá. Ambos se habían refugiado en Colombia en septiembre de 2024, tras huir de la persecución política del régimen de Nicolás Maduro debido a sus labores en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Gina Romero, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, calificó este ataque como un caso de “represión transnacional”.
Apenas dos días después, en Roma, en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, perpetrado por agentes de la dictadura de Pinochet en 1975, el presidente chileno Gabriel Boric apuntó directamente al régimen de Nicolás Maduro como el principal sospechoso del asesinato del exmilitar y opositor venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en Santiago de Chile el 21 de febrero de 2024.
Tanto el asesinato de Ojeda como el reciente atentado en Bogotá no son hechos aislados, sino manifestaciones del endurecimiento de la dictadura venezolana, que desde hace años proyecta su violencia fuera del país. Así lo advierte el centro de pensamiento The Atlantic Council en su informe “Venezuela: un manual para la represión digital” (julio de 2024): “Desde 2019, el régimen venezolano ha intensificado sus esfuerzos de represión más allá de sus fronteras. Estas actividades incluyen intimidación, violencia física por parte de simpatizantes del régimen en otros países y operaciones transfronterizas más complejas, como el secuestro y el retorno forzoso de exiliados a cárceles venezolanas”.
Esta escalada autocrática del régimen de Nicolás Maduro se inscribe dentro de un alarmante fenómeno global en expansión que se ha denominado “represión transnacional”. Se trata de un conjunto de prácticas transfronterizas utilizadas por regímenes autoritarios, como el venezolano, con el objetivo de controlar, coaccionar, castigar y silenciar a exiliados políticos y miembros de la diáspora en el extranjero.
Para alcanzar sus objetivos transfronterizos, las dictaduras han desarrollado un amplio abanico de instrumentos de represión que van desde las tácticas más violentas y directas, como asesinatos, atentados físicos, detenciones y deportaciones ilegales, hasta formas más sutiles, pero igualmente efectivas. Estas últimas incluyen el acoso digital, amenazas a familiares, y campañas de difamación.
Gobiernos del mundo intentan silenciar la disidencia transfronteriza
Desde 2014 Freedom House ha venido elaborando una base de datos que documenta casos de represión transnacional en todo el mundo. Entre el 2014 y el 2024 la organización registró un total de 1.219 incidentes físicos y directos de represión transnacional. Estos actos —que incluyen asesinatos, agresiones, detenciones y deportaciones ilegales— fueron perpetrados por 48 gobiernos diferentes, quienes traspasaron las fronteras de 103 países que sirven de refugio a disidentes exiliados y comunidades de la diáspora. Es decir, que durante la última década uno de cada cuatro gobiernos del mundo ha perseguido a exiliados en más de la mitad de los países del planeta. Es importante resaltar que estos incidentes denunciados probablemente representan solo una pequeña fracción del total de casos que ocurren.
De acuerdo con Freedom House, el Partido Comunista Chino ha sido el principal responsable global de estas prácticas, habiendo perpetrado 272 de los 1.219 incidentes totales registrados entre 2014 y 2024. Otros gobiernos que llevan a cabo agresivas campañas de represión transnacional son Turquía, Ruanda, Camboya, Arabia Saudí, Rusia e Irán.
El informe más reciente de Freedom House, publicado en febrero de 2025, advierte que la tendencia se recrudeció durante 2024, cuando 23 gobiernos perpetraron 160 incidentes de represión física transnacional en 34 países. De esos incidentes, 73 se clasificaron como eventos masivos, que involucraron el ataque simultáneo contra tres o más personas. El caso más grave y notorio del año ocurrió en Kenia, donde 36 activistas ugandeses fueron secuestrados y devueltos a Uganda. Posteriormente, estos activistas fueron acusados de “recibir entrenamiento terrorista” por su participación en un taller de la sociedad civil.
Outsourcing represivo: el largo brazo criminal del chavismo
Una de las principales estrategias del autoritarismo transnacional es la tercerización de la represión, mediante la cual gobiernos dictatoriales se asocian con entidades no estatales para maximizar el control sobre sus poblaciones en el extranjero. El Dr. Stephan Blancke, especialista en inteligencia, alerta en su estudio “Transnational repression” (2025) sobre el uso creciente de la cooperación entre agencias de inteligencia estatales y estructuras criminales para intimidar o eliminar a disidentes y críticos en el extranjero, citando casos que involucran a países como Rusia, Turquía, Irán y China.
El asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Chile ilustra claramente esta dinámica de tercerización represiva. Héctor Barros, fiscal chileno responsable de la investigación, ha sostenido públicamente que la hipótesis principal del secuestro y asesinato de Ojeda apunta a un “encargo político del gobierno venezolano” y que la operación fue ejecutada por la banda criminal transnacional Tren de Aragua siguiendo órdenes de Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y segundo hombre fuerte del régimen.
La represión digital transnacional de las autocracias
Otra estrategia clave y creciente de los regímenes autocráticos es el aprovechamiento de las tecnologías digitales como instrumentos de coerción y control más allá de las fronteras nacionales. A través de ellas las dictaduras recopilan inteligencia, ejercen vigilancia remota, lanzan amenazas y campañas de acoso en línea, realizan hackeos, censuran contenidos y promueven campañas de desinformación o de difamación en contra de exilados y comunidades de la diáspora.
Los estudios demuestran que la represión digital transnacional opera de manera complementaria a los ataques físicos. Según la investigación “Out of Sight, Not Out of Reach”, de Freedom House (Schenkkan y Linzer, 2021), se documentaron 608 casos de represión física directa entre 2014 y 2020, perpetrados por 31 Estados. De ellos, al menos el 84% también hizo uso de la represión digital transnacional, y cerca del 55 % utilizó spyware (software espía) para atacar a personas en el exilio. Entre los principales responsables figuran China, Rusia y Arabia Saudita, junto con Estados más pequeños como Kazajistán y Vietnam, que emplean estas herramientas para extender su poder coercitivo más allá de sus fronteras y mantener bajo control a sus comunidades emigradas.
En el caso venezolano, organizaciones como Ve Sin Filtro, ProBox, Freedom House y Electronic Frontier Foundation han venido exponiendo cómo el régimen de Nicolás Maduro ha ido incorporando de manera creciente mecanismos de vigilancia y represión digital. Desde organismos como el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), el SEBIN y el Ministerio de Comunicación e Información, el chavismo ha desarrollado un ecosistema tecnológico, apoyado por cooperación con Rusia, China, Cuba e Irán, orientado al control de la información, la vigilancia masiva y el acoso digital de los venezolanos.
Aunque buena parte de estas prácticas de coerción digital se concentra dentro del territorio nacional, su lógica represiva se ha extendido más allá de las fronteras venezolanas. El Instituto CASLA, en su Informe Anual 2024-2025, ha documentado campañas de estigmatización, criminalización y acoso sistemático perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro contra exiliados y miembros de la diáspora venezolana, incluidas amenazas dirigidas a familiares dentro de Venezuela.
Con más de siete millones de personas desplazadas, la diáspora venezolana constituye hoy un actor político de significativo peso. Desde el exterior, dirigentes políticos, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos han ayudado a movilizar la presión internacional, desmontar la narrativa propagandística del régimen, suministrar información veraz a la población dentro del país y canalizar recursos para sostener la resistencia cívica. Esta capacidad de incidencia explica por qué el control de la diáspora se ha convertido en una prioridad estratégica para Nicolás Maduro.
La represión transnacional del régimen chavista constituye una amenaza no solo para los exiliados, sus familias y la diáspora venezolana, sino también para la seguridad y la soberanía de los países que los acogen. Ante este panorama es urgente que los Estados democráticos desarrollen instrumentos efectivos de protección, investiguen estos mecanismos criminales transfronterizos y exijan responsabilidades a los regímenes que exportan su violencia.
*Este artículo se publicó originalmente en Deutsche Welle (DW).
