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Con algunas variantes en el nombre, la medida conocida como “Estado de Conmoción Exterior” está presente en las legislaciones de todos los países. Se trata, primordialmente –aunque cambie la denominación–, de un Estado de Excepción: recurso legal e institucional del que disponen los países para hacer frente a situaciones de alta peligrosidad como catástrofes naturales, escenarios de riesgo extremo provocados por violencia callejera o ante la inminencia de una guerra, lo que incluye acciones o ataques de grupos militares o bandas delictivas.
Dice la teoría, y desgranan los textos legales, que el Estado de Excepción existe para proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos, y para asegurar que las instituciones del Estado y los servicios de carácter público prioritario –como la seguridad ciudadana o las redes hospitalarias y los centros de salud– continúen operando y cumpliendo con sus vitales e indeclinables funciones.
Hay que añadir, además, que la figura del Estado de Excepción es siempre controvertida, porque supone una especie de doble proceso, inseparable uno del otro. Son las dos caras de una moneda: de un lado, la suspensión y reducción temporal de derechos fundamentales de los ciudadanos; del otro, el aumento, por lo general sin controles ni contrapesos, del poder del Estado para tomar decisiones y actuar.
Esto permite sintetizar el Estado de Excepción en una fórmula simple y terrible: período en que el poder se hace más poderoso y el ciudadano más indefenso. En otras palabras: período en el que se acrecienta todavía más la brecha entre la fragilidad real de las personas y la expansión, prácticamente ilimitada, de la unilateralidad y letalidad de los poderes, en especial de los servicios de inteligencia, las fuerzas militares, las agencias policiales y el Poder Judicial.
En el núcleo de esa desproporción entre el poder ilimitado y la reducción del sujeto al estatuto de ente desprotegido, se ubica la controversia central y la pregunta urgente del Estado de Excepción: la salvaguarda de los derechos humanos. Cómo proteger el derecho a la vida, a la libre información proveniente de fuentes diversas; cómo salvaguardar el derecho a reunirse y a organizarse, a la disidencia y la protesta, a expresar opiniones: todo esto frente a un poder que es la redundancia misma, lo puede todo. De hecho, en alguna medida, el Estado de Excepción supone, en los países democráticos, suspender elementos fundamentales del Estado de derecho, como el debido proceso y el derecho a la defensa.
¿Cambia la realidad venezolana que el dictador Nicolás Maduro decrete un Estado de Conmoción Exterior? Solo hasta un determinado punto: Maduro ya controla absolutamente todos los recursos, instituciones y capacidades del Estado, y mantiene plenamente sometidos a los habitantes del territorio venezolano más allá de cualquier límite. El régimen secuestra y encierra a familias completas como represalia o como perversa medida de presión para obligar a que los ciudadanos perseguidos se entreguen a los esbirros de Maduro: práctica copiada del nazismo, conocida como Sippenhaft.
Como en la Cuba de los Castro y de Díaz-Canel, o en la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Venezuela transcurre sin garantías ni derechos para los ciudadanos, de forma permanente: la condición de intemperie crónica no cesa nunca. Es el carácter universal, sempiterno, corrosivo, corrupto y humillante, profundamente humillante, que impera en los hogares y en las calles de todo el territorio.
No hay quien escape ni a la vigilancia ni a las acciones del régimen. No hay organismo o entidad estatal que no forme parte de esta enorme estructura de aplastamiento de la dignidad y las libertades humanas. De hecho, quien revise la historia de la legislación venezolana, desde 1999 hasta ahora, se encontrará con que se ha ido instaurando, paso a paso, ley a ley, decreto a decreto, un establecimiento jurídico y político que solo cabe describir con una frase plagada de contradicciones: estado de excepción ilimitado, estado de terror permanente.
Nada tiene que ver con Trump y su despliegue militar. Nada. Desde hace más de una década, la superestructura dictatorial cambia las leyes a su antojo y las desconoce sin impedimento alguno. Secuestra a ciudadanos inocentes e indefensos, les inventa expedientes (al modo de Stalin), les suprime todo mecanismo de defensa, extorsiona a sus familias y, en cualquier momento, los presenta ante un tribunal bajo su control que les dicta castigos fuera de toda lógica.
Mientras todo esto ocurre, en calles, avenidas y autopistas, uniformados impiden el paso, extorsionan, siembran drogas, cobran vacunas, despojan a los ciudadanos de sus documentos de identidad, roban sus mercancías y hasta los desaparecen.
Pero el listado de horrores, que incluye corrupción y extorsión en oficinas públicas en trámites fundamentales como la obtención de cédulas de identidad y pasaportes, no puede ni debe omitir la existencia de presos políticos que son torturados y reducidos a condiciones de reclusión asfixiantes, asquerosas y cargadas de sadismo. A ese fin está destinado el Decreto de Conmoción Exterior del dictador: a asegurar a su red de criminales y esbirros que pueden seguir violentando los Derechos Humanos, porque sus leyes los protegerán.
*Este artículo se publicó originalmente en La Prensa Gráfica.
