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La eventual aprobación de una ley para mantener los centros de llamadas en Estados Unidos, presentada el 29 de julio de 2025 en el Senado de ese país, podría afectar a unas 14 000 personas que se dedican a esa actividad en Nicaragua, y a miles más alrededor del mundo.
Esta iniciativa forma parte de la estrategia republicana, liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para repatriar empleos que las empresas de su país trasladaron a otros territorios donde pueden pagar menores salarios. En el proceso, miles de estadounidenses perdieron esos empleos que ahora tratan de hacer regresar a su país.
CONFIDENCIAL conversó con tres empleados de esa industria en Nicaragua. Raúl, que pidió ser identificado como “colaborador de un BPO”; Armando, que labora para una agencia de empleos establecida en un país de Sudamérica, y Álex, que trabaja desde Nicaragua para un contact center ubicado fuera del país.
De la conversación con los tres hombres, resulta evidente que sus empleadores no les han comunicado nada acerca del riesgo de que se queden en el desempleo dentro de unos meses. “Nadie nos ha dicho nada”, asegura Armando. A Raúl y sus compañeros de trabajo, tampoco les han dicho nada. Él sospecha que es porque “las empresas no suelen comunicar estas cosas, hasta que ya está confirmado que es algo que pueda afectar a la empresa”.
Explica que “este tipo de noticias genera un ambiente de zozobra e incertidumbre, porque no sabes si hoy tenés trabajo y mañana no”. Añade que en ocasiones similares, las empresas emiten prohibiciones para que el personal deje de hablar de un tema determinado. Es lo que pasó “durante la crisis de 2018, y en el 2020 con el tema del covid”, para contener el nivel de ansiedad de la gente.
Impartir clases de inglés, para no caer en el desempleo
Un hipotético cierre de esas empresas de tercerización de servicios conlleva el efecto potencial de dejar a muchas personas en el desempleo. Una ventaja para muchos de ellos, es que se trata de personal capacitado -no solo bilingüe- que también posee otras calificaciones.
Raúl explica que en un call center labora mucha gente de distintas profesiones -médicos, ingenieros, abogados, etc.- que dejan su carrera para trabajar en lugares como esos, buscando mejores salarios. “Son personas que al desempeñarse en lo suyo no ganan lo suficiente, así que aprovechan que son bilingües, para trabajar en un call center donde le van a pagar un poco mejor, así sea que tengan que aguantar el sistema tóxico de un call center”, describió.
Aunque hay quienes trabajan simplemente como operadores telefónicos, los centros de llamadas también requieren gente con conocimientos y habilidades especiales. Desde vendedores especializados en productos de software, hasta asesores contables, pasando por expertos en soporte técnico, investigadores de fraude, gerentes de operaciones, supervisores, y líderes de área.
Cerrar varias de esas empresas generaría “a lo inmediato, un caos total”, opina Raúl. Su criterio es que “sería una gran pérdida para la gente, porque el call center en Latinoamérica representa una mejoría en la vida de las personas. Aún con toda su toxicidad y su explotación, el call center permite acceder a mejores salarios”, reconoce.
Enfrentado a ese escenario, considera que los que tienen mayores posibilidades de seguir generando un ingreso en esa misma actividad, son los profesionales que pueden volver a lo suyo. Eventualmente, también todo aquel trabajador que tenga conexiones con gente que ya trabaja vía remota para empresas extranjeras.
Aunque sigue esperando que la empresa les comunique cualquier cosa que permita calmar los ánimos, Armando no ha renunciado a pensar en cuáles serían sus opciones laborales. Reconoce que no tiene muchas opciones, por lo que no le resultaría raro verse impartiendo clases de inglés.
En riesgo, por las sanciones
El silencio de las empresas no ha impedido que las personas que trabajan en ellas, se enteren del riesgo que corren sus empleos, si aprueban esa ley en Estados Unidos. Quizás por la distancia, el escepticismo parece ser la respuesta más extendida entre los contactos de Álex. “Nadie cree que eso pase”, relata. Pero “si pasa, hay mucha gente en el país que se quedaría sin empleo”. Y aunque no ha pensado en sus opciones, reconoce que él y muchos de sus colegas quizás tendrían que buscar un empleo freelance, “o cualquier trabajo convencional”.
Raúl también ha estado sopesando otras opciones, incluyendo tratar de poner un negocio propio, porque “si un call center se va de Nicaragua, y deja mucha gente tirada, la competencia por buscar trabajo con empresas extranjeras será mucha”.
Esa es una verdad válida tanto dentro como fuera de Nicaragua, pero Raúl advierte que los nicaragüenses tienen un elemento en contra. “Es muy complicado que una empresa extranjera quiera contratar gente de Nicaragua. No porque los nicaragüenses sean malos trabajadores, sino por el tema de las sanciones”, señala.
El empleador estadounidense tiene conciencia de que, más allá del llamado riesgo reputacional, eventualmente podría verse afectado por el estira y encoge vivido entre Managua y Washington.
Relata que si países como Costa Rica y Panamá se consideran ‘de alto riesgo’, por los altos salarios que se pagan en esas jurisdicciones, los trabajadores nicas y los venezolanos enfrentan otro tipo de problema. “Las sanciones políticas y económicas”, impuestas por Estados Unidos y otros países, elevan el nivel de riesgo con el que se califica al país. “Por eso es muy complicado que una empresa gringa quiera contratar directamente, a un nicaragüense hoy en día”, sentenció.
