25 de mayo 2024
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La caída de Virgilio Silva como presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), y el traspaso de esta institución bajo el control del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), estuvo relacionada a unos negocios “anómalos” del exfuncionario, según fuentes vinculadas al MTI.
“Virgilio era propietario de equipos de dragado que se usaban en los puertos y los tenía a nombre de testaferros”, dijo una fuente que habló con CONFIDENCIAL bajo condición de anonimato.
La destitución de Silva, a la sazón, uno de los pocos altos funcionarios de confianza de la pareja presidencial que formaba parte del gabinete original conformado en enero de 2007, tras el retorno de Ortega al poder, se conoció desde inicios de la semana pasada, aunque no existe una información oficial.
Una fuente vinculada al Ministerio de Transporte e Infraestructura reveló que la presidencia ejecutiva de la EPN la ejerce el viceministro del MTI Félix Granados, mientras que Erving Roa, asumió como vocero y director ejecutivo.
Además de Silva, fueron destituidos e investigados por la Policía el gerente de informática, Henry Talavera; el encargado de Redes de Informática, Ronald Hernández; y un encargado de soporte técnico, de nombre Wilfredo Mendoza. Todos ellos estarían acusados de encubrir movimientos financieros anómalos en las operaciones de inversión, para favorecer un supuesto desvío de fondos en beneficio de Silva.
Virgilio Silva bajo la lupa desde inicios de 2024
Los problemas para Silva comenzaron en enero de 2024, cuando se formó una comisión especial para investigar a la EPN, integrada por el ministro de Transporte e Infraestructura, el mayor general en retiro Óscar Mojica —nombrado recientemente como presidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico—, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, en la que también participaron Francisco (Chico) López, y Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial.
La comisión comenzó a solicitar informes de gestión sobre algunos grandes proyectos de inversión de la EPN que estaban a cargo de Silva, especialmente el de ampliación y modernización de los puertos de Corinto y Puerto Sandino, en el Pacífico, así como la preinversión en el muelle de Bluefields, en el Caribe, y la ampliación del Paseo ‘Salvador Allende’, en el Lago Xolotlán.
CONFIDENCIAL supo que López y Laureano Ortega abogaron por Silva, pero al final se impuso la opinión de Mojica de proceder una investigación policial a cargo del ministro asesor de la presidencia para asuntos de Seguridad, el comisionado general en retiro Horacio Rocha, y el secretario de organización del FSLN, Fidel Moreno, que culminó con la defenestración de Silva.
