Una nueva encrucijada para la Policía

Quienes me conocen de hace tiempo, saben que en una época de mi vida fui policía. Me tocó en uno de los períodos más duros de la historia reciente: los primeros años de los noventa. En esa época, la Policía Nacional estaba en el ojo del huracán por las extendidas y multitudinarias manifestaciones y acciones sociales que ocurrieron como expresión de la llamada transición política. Estuve en la calle, con el uniforme puesto, al “otro lado” de las intensas jornadas de movilización social de entonces, y vi cómo la Policía se colocó en una encrucijada parecida a la de estos días.

Los conflictos de la transición estallaron inmediatamente después de la toma de posesión del Gobierno de Violeta Chamorro. Eran acciones de todo tipo: tomas de instituciones, marchas multitudinarias, huelgas. Todo tipo de acciones sociales. Y a la policía le tocó hacerse cargo de ellas. Al principio y muy ingenuamente, la jefatura policial se creyó lo que los dirigentes sindicales y gremiales del FSLN le dijeron: que no iban a comprometer a la institución con las acciones de protesta. Que iba a ser una “represión concertada” porque querían simplemente presionar al Gobierno para que no desmontara las conquistas de la Revolución. Pero la “represión concertada” duró menos que un suspiro. Mientras en la calle, los manifestantes se enfrentaban con la Policía, en otro lugar las cúpulas políticas negociaban sus arreglos.

Para 1991, la situación de la institución policial era precaria en todos los sentidos. Sus fuerzas y recursos estaban totalmente agotados, la institución no daba abasto para cubrir todas las actividades, el sentimiento de desmoralización en las filas policiales era muy fuerte y lo que más las golpeaba era la desconfianza, la pérdida de autoridad y credibilidad que se había alimentado entre la población. Era una policía nacida del propio pueblo.

El ciclo de movilización social no parecía disminuir. La jefatura estaba partida entre los que decían que la institución tenía que seguir fiel a los principios sandinistas y del partido, y los que decían que había que preservar el carácter nacional y profesional de la policía para, al final, preservar el derecho del pueblo a manifestarse en paz. En medio del dilema, se realizó una reunión del consejo ampliado de la policía con Daniel Ortega y lo que llegó a decir, en resumidas cuentas y de la manera más inflexible, es que la institución tenía que cargar con el costo de la pulsa de poder que en ese momento tenía con el Gobierno Chamorro. Su intransigencia inclinó definitivamente la balanza hacia la posición del grupo que propugnaba por preservar el carácter nacional y la profesionalidad de la institución, dando lugar al proceso que ya todos conocemos y alcanzó un gran reconocimiento. De todo eso fui testigo presencial.

Casi treinta años después, Ortega ha colocado a la policía en una nueva encrucijada, convirtiéndola en instrumento y cómplice de la represión contra los estudiantes. Lo que no logró a inicios de los noventa, lo ha conseguido ahora y con creces. Ha convertido a la policía en una máquina de muerte. Lo más grave de todo, es que a la hora de las horas, Ortega sacrificará a la Policía sin dudarlo, y sus oficiales se convertirán en los chivos expiatorios para exculpar a los verdaderos responsables de la represión y la matanza.

Si la jefatura de la Policía no tiene el valor para detener esa instrumentalización macabra, tienen la palabra los oficiales y policías decentes que todavía permanecen en la institución. No están obligados a obedecer órdenes que se contraponen a la verdadera naturaleza de la Policía y a la ley. Pero además, la obediencia debida no los puede obligar a sobrepasar sus principios. ¡Qué cese la represión!