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Una agenda económica para la nueva presidenta de México

México es un país con desigualdades profundamente arraigadas, donde la productividad ha estado estancada por décadas

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Foto: EFE | Confidencial

Santiago Levy

7 de junio 2024

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La primera presidente mujer de México, Claudia Sheinbaum, asumirá el 1 de octubre y, durante por lo menos la primera mitad de su mandato de seis años, la coalición de partidos que la llevó al poder tendrá una mayoría en ambas Cámaras del Congreso.

La primera orden del día de Sheinbaum será definir el presupuesto de 2025 del Gobierno. Aquí, la mayor prioridad debe ser achicar el déficit presupuestario de México -que alcanzará el 5,8% del PIB en 2024, comparado con el 2% en 2018- y así enviar una clara señal de que la deuda del país es sustentable.


El próximo desafío será hacer que la economía vuelva a crecer. Durante la Administración saliente de Andrés Manuel López Obrador (comúnmente conocido como AMLO), el crecimiento anual del PIB promedió apenas el 1,1%. Algunos podrían decir que el crecimiento lento fue producto de la pandemia del covid-19, no de las políticas del Gobierno, pero durante el mismo período, Estados Unidos -el mayor socio comercial de México- creció dos veces más rápido. El ingreso per cápita de México en 2024 será el mismo que hace seis años.

Para impulsar el crecimiento, a Sheinbaum le dirán que debería intentar aprovechar el impulso en muchos países occidentales, entre ellos Estados Unidos, a favor de la “deslocalización cercana” (near-shoring) -es decir, el traslado de las cadenas de suministro a países que son más amigables y/o que están geográficamente más cerca que China-. Esta tendencia -una reacción tanto a la pandemia como a las crecientes tensiones con China- podría presentar una oportunidad importante para México a la hora de atraer más inversión extranjera.

Ahora bien, para aprovechar esta oportunidad, el Gobierno debe demostrar un compromiso más sólido con el estado de derecho, incluida la independencia judicial. También debe ampliar el acceso a los suministros de energía en todo México y mejorar su seguridad. En los últimos meses, el país ha sufrido cortes de electricidad programados -una consecuencia de un sistema sobrecargado que opera con márgenes estrechos.

Va a ser particularmente difícil cumplir con la exigencia energética. La buena noticia es que México tiene un amplio margen de maniobra para hacer uso de energías renovables, y que Sheinbaum está decidida a expandir la capacidad de energías renovables. La mala noticia es que está comprometida a defender la promesa de su antecesor de mantener al menos el 54% de la generación eléctrica bajo control estatal. Será muy difícil cumplir con esta promesa a menos que la compañía de electricidad estatal, Comisión Federal de Electricidad, aumente rápidamente su capacidad generadora eliminando al mismo tiempo el carbón y el diésel de manera gradual.

Más allá de la electricidad, México también necesita más gas natural. Sin embargo, su compañía de petróleo y gas estatal, Pemex -la compañía energética más endeudada del mundo- no está en condiciones de aumentar la oferta rápidamente. En este contexto, la mejor apuesta de México es abrir la producción y el transporte a participantes privados.

El antecesor de AMLO, Enrique Peña Nieto, intentó hacer precisamente eso. Pero AMLO revirtió gran parte del progreso. Hoy, Sheinbaum debe decidir entre mantener la posición dominante de Pemex -ejerciendo así más presión sobre un presupuesto federal ya sobrecargado- y revertir la política de AMLO.

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Desafortunadamente, aun si todo sale bien y la Administración de Sheinbaum logra sacar ventaja de la deslocalización cercana y aumentar el atractivo de México a los ojos de las empresas extranjeras, no alcanzaría para poner en marcha el crecimiento. En las tres décadas previas a la presidencia de AMLO, el crecimiento anual del PIB de México promedió apenas el 2-2,5%. Es un desempeño muy mediocre, dado que México, durante este período, gozó de un dividendo demográfico, un contexto macroeconómico estable y un crecimiento espectacular de las exportaciones de productos manufacturados (que representan el 40% del PIB y hoy superan a las del resto de América Latina en su conjunto). Pero nada de esto podría superar los efectos de una productividad estancada.

En la raíz de este estancamiento existen fallas profundas en el diseño y operación de instituciones clave. En particular, el sistema de protección social de México subsidia las actividades informales e impone grandes costos a las actividades formales; su sistema tributario subsidia a las empresas improductivas y obstaculiza el crecimiento de las pequeñas empresas productoras, y las deficiencias en la aplicación de los contratos dejan a la mayoría de las empresas sin acceso al crédito.

En México, las empresas informales menos productivas pueden competir con las empresas formales más productivas, gracias a cargas impositivas y costos laborales más bajos, y a la capacidad de evadir reglas y leyes. Como resultado de ello, solo unas pocas empresas de alta productividad crecen, mientras que un número mucho mayor de empresas de baja productividad sobreviven, en lugar de quedar expulsadas del mercado.

Esto significa que la inversión se derrocha continuamente -un peso (de capital y mano de obra) produce más del 35% de mayor valor agregado en el sector formal que en el sector informal. Y si bien constantemente se crean empleos, estos se agrupan en el sector informal improductivo. Esta situación ha persistido a pesar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su sucesor, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué la deslocalización cercana habría de cambiar esta situación?

Nada de esto pretende decir que Sheinbaum no debería intentar que México resulte más atractivo a la inversión extranjera. Por supuesto que debería intentarlo. Pero si el objetivo es el crecimiento inclusivo, como insiste, afortunadamente, Sheinbaum, tendrá que ir mucho más lejos.

Sheinbaum debe abandonar dos ideas de larga data, pero profundamente erróneas: que la informalidad desaparecerá naturalmente en tanto se acelere el crecimiento, y que dos sistemas diferentes y desiguales de protección social fomentarán la inclusión social. Por el contrario, debe comprometerse a eliminar los incentivos perversos que surgen del trato desigual que se les da a las actividades formales e informales. Esto incluye reformar el sistema tributario para gravar a los hogares de altos ingresos, no a las empresas productivas.

México es un país con desigualdades profundamente arraigadas, donde la productividad ha estado estancada por décadas. Necesita una estrategia para abordar ambas cuestiones al mismo tiempo. Dejando la retórica de lado, la estrategia de desarrollo de AMLO fue, en esencia, la misma que la de sus antecesores -que, en ningún caso, generaron un crecimiento socialmente inclusivo-. Más de las mismas políticas provocará más de los mismos resultados. Pero si Sheinbaum está dispuesta a abordar la división formal-informal y construir un estado de bienestar inclusivo y favorable a la productividad, su presidencia podría resultar verdaderamente transformadora.

*Artículo publicado originalmente por Project Syndicate

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Santiago Levy

Santiago Levy

Miembro sénior no residente del Programa de Economía y Desarrollo Global de Brookings. Fue economista jefe y vicepresidente para Sectores y Conocimiento en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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