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En medio del dolor y la conmoción que ha causado el asesinato político del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, en San José, Costa Rica, repudiamos un crimen cobarde, ordenado desde la cúpula del poder, que fue ejecutado con violencia, premeditación y alevosía, para intentar silenciar una de las voces más críticas de la dictadura Ortega Murillo.
Un asesinato político que condenamos sin reservas, y demandamos que sea investigado y esclarecido para que sus autores materiales e intelectuales puedan ser sometidos ante la justicia internacional.
Roberto Samcam era un opositor a la dictadura, que apoyó las protestas de la Rebelión de Abril en Jinotepe, Carazo, y estaba exiliado y refugiado en Costa Rica desde 2018, desde donde ejercía una labor permanente de crítica y denuncia, sobre el involucramiento del Ejército de Nicaragua en la represión, y sobre su complicidad como soporte político y militar de la dictadura dinástica.
Le corresponde a la cúpula militar, no al Ejército como institución, responder sobre el asesinato político de Roberto Samcam.
El exmayor del Ejército es el tercer ciudadano, originario de Carazo que apoyó la protesta cívica en Jinotepe en 2018, y que después de exiliarse en Costa Rica, ha sido objeto de un atentado criminal, como antes ocurrió con Joao Maldonado, que sobrevivió a dos atentados, y con Rodolfo Rojas “Piel”, que fue asesinado en Honduras.
Roberto Samcam es también el primer ciudadano desnacionalizado por la dictadura en 2023, que después de haber adquirido la ciudadanía española, gracias a un extraordinario gesto de solidaridad de España, ha sido víctima de un asesinato político en Costa Rica.
Como Pinochet y la DINA, con el atentado criminal contra el excanciller chileno Orlando Letelier en septiembre de 1976, ejecutado en Dupont Circle en Washington DC, Ortega está haciendo de San José, Costa Rica, un territorio para ejecutar sus crímenes con impunidad contra todos los opositores.
Por ello, la dimensión política extraterritorial de este asesinato político no solamente reclama la condena de los nicaragüenses, y sobre todo de los centenares de miles de refugiados en Costa Rica, que demandan protección y seguridad, sino también la condena de los gobiernos de Costa Rica, España, y de la comunidad internacional, para que se haga justicia en los tribunales internacionales. Y para que este crimen originado en un acto de terrorismo de Estado no quede en la impunidad y nunca más vuelva a repetirse.
