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En Nicaragua, la violencia política no castiga a todos por igual. El poder tiránico decide quién debe ser neutralizado diplomáticamente y quién puede ser sometido a castigos brutales. Cuanto más vulnerable se percibe a un grupo, más fácil resulta despojarlo de su dignidad y someterlo a prácticas de represión sistemática. Esta vulnerabilidad se sostiene en la ausencia de frenos y contrapesos dentro de un sistema político concentrado. En ese marco de poder absoluto, la represión adopta una jerarquía social nítida. Algunos son despojados de influencia sin tocar sus cuerpos; otros son encerrados y torturados para eliminar su voluntad política; y los más vulnerables, sobre todo pueblos indígenas y afrodescendientes, se ven despojados de su identidad y de su cultura, excluidos hasta de su condición humana.
Opositores con visibilidad internacional
Los opositores con visibilidad internacional o capacidad de incidencia política son sometidos a estrategias de neutralización que el régimen asigna para limitar su influencia sin recurrir a la violencia física directa. Entre estas medidas se incluyen el destierro, el arresto domiciliario, la confiscación de bienes y la restricción de derechos civiles. Estas sanciones buscan minimizar el costo diplomático del régimen mientras mantienen control sobre individuos de alto perfil.
Con el tiempo esas fronteras se desdibujaron y lo que antes parecía impensable se volvió realidad. El caso de Humberto Ortega, hermano del dictador, abandonado a la enfermedad y a la muerte en condiciones de encierro, convertido en prisionero de su propia sangre, muestra que hoy ya no quedan inmunes. La represión alcanza incluso a las élites y, al normalizar su castigo, abre la puerta a un trato aún más cruel y sistemático hacia los sectores más vulnerables.
Opositores urbanos y rurales
Los opositores urbanos y rurales sin respaldo internacional, incluidos jóvenes activistas, campesinos, líderes territoriales, estudiantes y defensores de derechos humanos sin apoyo social o internacional, pasaron períodos prolongados en prisiones de alta severidad, como El Chipote, La Modelo o La Esperanza. Allí enfrentaron torturas, aislamiento, hambre y negación de atención médica. La cárcel no fue solo encierro; se convirtió en un espacio de degradación y tortura sistemática, diseñado por el régimen para quebrar su dignidad, su voluntad política y enviar un mensaje ejemplarizante a toda la sociedad.
Pueblos indígenas y afrodescendientes
Todavía más severo ha sido el trato aplicado por el régimen contra indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, entre ellos miskitos, mayagnas, rama-kriol y defensores territoriales. Estos grupos enfrentan criminalización desproporcionada, torturas físicas severas, abandono médico y la casi total ausencia de defensa legal. Sufren además racismo institucional e invisibilización, muchos fueron tachados de “brujos” y privados de hablar su lengua en prisión, lo que convierte su prisión en una herramienta deliberada de desarraigo cultural.
Entre los ejemplos más indignantes y brutales está el caso de Musawás, en 2023, donde un agricultor mayangna y sus hijos fueron golpeados, atados y sumergidos repetidamente en el río de su comunidad, en la Costa Caribe. Para los mayangnas ese río no era solo una fuente de agua, sino fuente de vida y espacio sagrado. Convertirlo en escenario de tortura fue una profanación deliberada cuyo propósito no era castigar a individuos aislados, sino deshacer el tejido colectivo y borrar la memoria histórica de pueblos milenarios.
Mecanismos de deshumanización
Esa lógica encuentra su base en los mecanismos de deshumanización que sostienen la represión. La psicología social distingue varias formas: la animalística, que compara a seres humanos con animales y organismos biológicos como plagas o parásitos; la mecanicista, que los reduce a engranajes sin emoción o piezas desechables; la demonizante, que los describe como seres malvados, demonios, brujos o criminales incorregibles; y la colonial o primitivista que presenta al ser humano como atrasado, primitivo o enemigo del progreso. Estos recursos discursivos han servido para legitimar la violencia contra cualquier voz crítica. Pero cuando tales etiquetas recaen sobre pueblos indígenas y afrodescendientes, su efecto es devastador, pues no solo degradan a los individuos, sino que hieren la identidad colectiva, la espiritualidad, la lengua y los saberes ancestrales. Llamar atrasado a un opositor urbano busca restarle legitimidad política; llamar atrasados o brujos a pueblos indígenas equivale a negar la validez de toda una cultura y justificar su desaparición.
Desde un punto de vista político, este patrón no es casual. El régimen utiliza de manera estratégica la represión selectiva, administrando castigos distintos según la posición social y visibilidad de cada grupo. A las élites con visibilidad internacional las neutraliza mediante destierro; a los sectores populares los somete a condiciones duras en prisión; y a los pueblos indígenas y afrodescendientes los castiga colectivamente en territorios periféricos, donde la violencia queda menos visible para la comunidad internacional.
Aquí se marca con nitidez la frontera entre crímenes de lesa humanidad y genocidio. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los delitos de lesa humanidad (art. 7) incluyen ataques sistemáticos contra la población civil, como detenciones, torturas y destierros; el genocidio (art. 6) busca destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La represión contra opositores exiliados y urbanos corresponde a la lesa humanidad; la violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes, al prohibir su lengua, profanar sus símbolos y despojarlos de sus territorios, se aproxima al genocidio cultural. Los primeros son expulsados de la nación, los segundos de la sociedad, y los terceros son excluidos de todos los espacios, despojados de sus tierras, de su lengua, de su comunidad y hasta de su humanidad.
Esa frontera jurídica no se sostiene en el vacío, sino que se alimenta del lenguaje, de los insultos que preparan el terreno para la violencia. Cuando se presenta a un pueblo como animal, máquina, demonio o rémora del progreso, se le despoja de su condición humana y se facilita que otros lo dañen sin remordimiento. La única respuesta ética, además de la denuncia y la conciencia de clase, consiste en cuidar las palabras, rechazar el vocabulario discriminatorio y, juntos, reconocer que ningún ser humano vale menos que otro.
