4 de abril 2025
AA
Share
La imposición de los aranceles del presidente Donald Trump a varios países surge bajo una lógica descrita en la justificación acerca de las asimetrías comerciales que enfrenta Estados Unidos que incluye “no solo las diferencias no recíprocas en los aranceles entre socios comerciales extranjeros, sino también el uso extensivo de barreras no arancelarias por parte de estos [que] incluyen obstáculos técnicos al comercio; normas sanitarias y fitosanitarias sin fundamento científico; protección insuficiente de la propiedad intelectual; consumo interno suprimido (por ejemplo, supresión salarial); normas y protecciones regulatorias laborales, ambientales y de otro tipo deficientes; y corrupción”.
Nicaragua es el país del CAFTA-DR con el que Estados Unidos tiene el déficit comercial más alto. La lógica del 18% refleja una revisión de diferentes aranceles que Nicaragua cobra aún dentro del marco de CAFTA, entre ellos, arancel general de 3% más 1.2% bajo CAFTA en importación de derivados de petróleo como gasolina, o arancel general de 35% más 3.6% bajo CAFTA a pollos y otros productos derivados y que según la administración Trump explican un superávit para este país del 36%.
Hay varios aspectos por considerar, primero, el costo que representa el aumento parejo en los aranceles. Segundo, las consecuencias de los aranceles. En el primer caso, los costos suben para los exportadores al aplicarse el arancel del 18%, afectando la rentabilidad de las operaciones. Las utilidades pasan de 32% del valor exportado a 14% ya con los aranceles. Las opciones de las empresas de recuperar esos costos dependen del costo de oportunidad de quedarse en el país, y de hacer ajustes en eficiencia y productividad.
Las consecuencias de estos cambios son varias.
La primera es que el efecto adverso frente al resto de los miembros de CAFTA-DR que reciben un arancel que corresponde a la mitad del de Nicaragua—el cálculo se hizo a 50% del déficit con el país, o fijo a 10%. Nicaragua tiene un superávit comercial con Estados Unidos del 36%, y en particular relacionado con ciertos productos que puedan estar vinculados al régimen de Nicaragua (petróleo del cual la familia Ortega maneja un tercio de la distribución).
En términos prácticos, para Estados Unidos el volumen sobre el déficit comercial pesa mas que los aranceles que cobra Nicaragua —al 2024 el total de impuesto resultando de aranceles sumaba $150 millones (4% de la renta tributaria), y un porcentaje iba hacia Estados Unidos.
La diferencia de ese arancel en primera instancia aparece como un incentivo a empresas para mover sus operaciones. Aunque suben los costos las empresas calculan el costo-beneficio de moverse a otro lugar considerando la inversión inicial, de movilización de factores, de contratación de personal, de conformar cadenas de valor hasta Estados Unidos, entre otros, así como la durabilidad del arancel sobre sus productos.
También, existen incentivos no comerciales para irse, tales como lidiar con acosos laborales contra los sus trabajadores, extorsión fiscal, intimidación y miedo entre personal de ser negada la reentrada al país después de haber salido por razones laborales o personales. Dejar 200 o 1000 trabajadores (el rango que emplea cada empresa), no es una decisión liviana y los costos pueden resultar mayores.
Sin embargo, la opción de ejecutar medidas está en la mesa. Una opción puede ser de reducir el número de empleados, situación que no puede ser muy grande porque estas fábricas o fincas producen con base en mano de obra intensiva. Pero la opción puede dar lugar a reducir el empleo en 10% de sus trabajadores para compensar la productividad, nivelando las pérdidas por aranceles.
La salida de empresas como opción incluye determinar el costo de oportunidad de irse a otro país de Centroamérica, el cual puede llegar subir las utilidades a 22% y aproximarse a los otros países de CAFTA-DR. Sin embargo, los otros países realizaran estrategias similares, aparte de subir los costos de operación (al consumidor) para mantener sus utilidades.
Dentro de esto es importante considerar que el arancel para Nicaragua tiene un impacto reputacional, un efecto políticamente fuerte que resienten las empresas exportadoras e importadoras.
El golpe de estos aranceles es político ya que Nicaragua es el país de América Latina y el Caribe que recibe el arancel más alto, Venezuela la otra dictadura que tiene comercio con Estados Unidos, es el segundo (15%).
Las empresas están explorando decidir sus opciones en base al costo económico y político de seguir operando en el país.
Mientras tanto el Gobierno de Nicaragua puede optar por reducir sus tarifas y mejorar la relación adversa.
Estados Unidos ha tenido claro que Nicaragua no es un socio comercial confiable y la tarifa obedece a consideraciones políticas que pueden ser un preámbulo a otras presiones.
En primera instancia el Gobierno de Nicaragua puede tomar estos cambios como el inicio de una guerra comercial, y aplicar medidas de retaliación que escalen el conflicto, tomando en cuenta que no tienen a un mercado sustituto al de Estados Unidos.
Pero más que disminuir sus aranceles (los cuales en 90% son menos de 1.5%), lo que debe hacer es explorar un acercamiento con Estados Unidos para aumentar la inversión privada norteamericana y subir el volumen de importaciones (para bajar la brecha comercial). Para esto debe dar señales para resolver las diferencias político-diplomáticas, que incluyen la democratización del país y el restablecimiento de los derechos de la diáspora expulsada y exiliada del país. Esto empieza por mejorar la seguridad jurídica del país.
Entre estas dos opciones, el camino de la guerra comercial solo conduciría al estancamiento económico, más inestabilidad, y una nueva ola de migración masiva.
