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La dictadura Ortega Murillo hace rato que perdió las formas; que para eso es una dictadura. Lo que no estaba muy claro es que también había perdido los contenidos. La reciente derogación de la ley de Carrera Administrativa Municipal en favor de la Procuraduría General de Justicia, demuestra que el régimen se ha quedado sin imaginación. Las justificaciones presentadas en la nueva ley son tan pobres que no alcanzan para disimular lo que intentan tapar: la corrupción sin freno que el clientelismo partidista ha fomentado en las alcaldías.
Léase, si no, la parte expositiva del proyecto de reforma que cabe en un párrafo lleno de lugares comunes, sin más esfuerzo que la misma retórica hueca de hace 19 años (“velar y actuar por las conquistas del Pueblo Nicaragüense”), o las justificaciones anodinas del mandador de la Asamblea Nacional, que a pesar de llevar tantos años en el cargo todavía no había entendido qué cosa es un Estado descentralizado.
Empecemos por aquí el breve recorrido arqueológico. Allá por 2006, Nicaragua había dado pasos para convertirse en un Estado descentralizado. Es decir, un Estado compuesto con tres niveles de gobierno: central, autonómico y municipal. Para atajar posibles duplicidades, los tres niveles se regirían por las relaciones intergubernamentales. Es decir, no se trataba de un modelo jerárquico donde las órdenes bajan de la cúspide a la base. Se partía del supuesto de que entre los niveles habría negociaciones. Esto la saben bien los alcaldes del FSLN que todavía siguen en sus cargos, que protagonizaron largas negociones con el expresidente Bolaños.
El marco de este funcionamiento era una política de descentralización, que fue más praxis que norma por las reticencias de algunos altos funcionarios del Gobierno central de entonces. La descentralización no fue un invento de la doctrina neoliberal. Quien afirme lo contrario es un ignorante de capirote o un mal intencionado; o ambas cosas.
En Nicaragua y en Cafarnaúm la descentralización se aplica en tres esferas: la política, la financiera y la administrativa. La primera es la más importante porque es la transferencia de competencias y de poder, del nivel central a los subnacionales. Es la fuente del autogobierno en la medida en que es la potestad para la toma de decisiones más cercana a la población. Poder del pueblo o poder ciudadano, pues. La segunda es la capacidad de dotarse de presupuestos propios con aportes del nivel central y de los tributos locales. La tercera se refiere a la facultad del gobierno subnacional -en este caso el municipal- para organizar los recursos humanos técnicos en un cuerpo administrativo propio que tenga la capacidad de responder a las exigencias del entorno.
La primera esfera la derogó de facto la dictadura (para eso son las dictaduras) con los sucesivos fraudes electorales; la segunda sufrió un proceso de erosión progresivo hasta invalidar las transferencias presupuestarias para volver al esquema voluntarista previo a la Ley 466 de 2003; la tercera, que por su complejidad apenas empezaba a ser puesta en práctica mediante la ley 502, recibió la extremaunción el pasado 25 de marzo.
Aunque se tratase del último ladrillo de las ruinas de la autonomía municipal, su derogación no ha sido un asunto menor que los municipalistas de Nicaragua y de Centroamérica no deberían pasar por alto.
La extinta ley 502 de Carrera Administrativa Municipal era una ley sumamente avanzada para su tiempo y para un país, que relegaba al último lugar a los trabajadores públicos de las alcaldías. De hecho, frente a las protestas de 2018, fueron utilizados como fuerza de choque y en la actualidad, bajo los pasamontañas de paramilitares, engrosan las filas de la llamada policía voluntaria.
En cambio, la ley 502 buscaba ni más ni menos que la dignificación de la función pública municipal, mediante una carrera administrativa compuesta por un cuerpo funcionarial reclutado en base a méritos y capacidades. Además, por primera vez definió el concepto de servidores públicos de carrera, diferenciándolos de manera taxativa de los cargos políticos por elección popular, del personal de confianza y del personal temporal. Todo ello para evitar que los cambios de gobierno ocasionaran las famosas barridas o el spoil system que, además de descapitalizar los recursos humanos de las alcaldías, se prestaran al clientelismo partidista.
Todo esto se ha ido a la basura, literalmente. Las dictaduras son así: destruyen cuanto no comparten, roban lo que tienen a mano, menosprecian lo que amparan sus ilustres ignorancias.
¿Por qué traspasar la gestión de los recursos humanos de las municipalidades a la Procuraduría General de Justicia, una entidad eminentemente anticorrupción? Por la misma razón que más de 30 alcaldes, cinco vicealcaldes y un sinnúmero de concejales han sido destituidos desde enero de 2023: por la corrupción, por la robadera, porque la dictadura para poder sostenerse en los territorios ha convertido la gestión municipal, en especial la contratación de las obras públicas, en un banquete de zopilotes.
Antes de la entronización del régimen Ortega Murillo había un sistema de instituciones y de mecanismos de fiscalización interna y externa, vertical (que incluía a la Contraloría General de la República e INIFOM) y horizontal (dentro de las alcaldías que incluía al Concejo Municipal, las auditorías externas y manuales de organización interna) que fueron desmantelados por órdenes de arriba ejecutados por el virus de los secretarios políticos. En paralelo, cancelaron las iniciativas de auditoría social y los concursos de transparencias promovidos por la sociedad civil.
A partir de 2008, las alcaldías empezaron a supurar corrupción, coimas y mordidas de todos los tipos. Las investigaciones realizadas por la Red Local con el apoyo de los pobladores a pesar de las amenazas de represión, han revelado patrones de actuación que se repiten en todo el país. Por un lado hay pequeñas corruptelas que se reparten entre las autoridades y empresas locales sin experiencia compuestas por miembros del FSLN, familiares y amigos. Es decir, la corrupción de toda la vida. Pero la mayor parte del pastel de la contratación pública le toca a los grandes proyectos que llegan asignados desde Managua. Los beneficiados siguen siendo los empresarios sandinistas con sede en Managua y las grandes empresas tradicionales que dejan la tajada correspondiente en El Carmen.
Pero como dirían en mi barrio del Arbolito, ahora vienen a “hacerse los chanchos” y pretextan que la demolición final de la autonomía municipal se hace en nombre de velar y actuar en defensa de las conquistas del pueblo nicaragüense, como si no hubiesen sido sus propias decisiones en estos 19 años las que prohijaron la robadera, los chanchullos y el latrocinio mediante una gestión carroñera de los recursos municipales.
Cuando el tamaño de lo robado es tan grande, la lona que se quiere utilizar para taparlo es la prueba misma de la podredumbre que se encuentra debajo.
