19 de junio 2018
AA
El Ejército de Nicaragua está en la obligación de frenar el genocidio que está sufriendo el pueblo de Nicaragua, ya que su principal función es proteger a la población de Nicaragua, y asegurar su bienestar y su integridad física ante cualquier amenaza. Evidentemente la población entera de Nicaragua está frente a un peligro constante, con una Policía Nacional politizada, sirviendo a un dictador que se aferra al poder y está impulsando una masacre para mantenerse en la presidencia. Si el Ejército de Nicaragua es en realidad una institución profesional, tiene que aceptar que el Jefe Supremo ha perdido la autoridad moral y política para continuar en funciones, y por tanto tiene que actuar para desmantelar las fuerzas represivas, proteger a la población civil, y ayudar a las instituciones del estado a encontrar la mejor salida constitucional posible en estas circunstancias.
La Ley 748, de 2010, en su capítulo I, artículo 3, numeral 2, especifica: “Se entiende por Seguridad Nacional, la condición permanente de soberanía, autodeterminación e independencia nacional, paz y justicia social dirigida a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado de Nicaragua, sus instituciones, el orden democrático, estado social de derecho, el bien común, protección de las personas y sus bienes, frente a cualquier amenaza, riesgo y agresión, en apego a la Constitución Política de la República de Nicaragua, los derechos humanos, los convenios y tratados de los que Nicaragua es Parte en esta materia”. Evidentemente el orden democrático, el estado social de derecho, el bien común, y la protección de las personas y sus bienes han sido agredidos por el mismo Presidente de República, y por tanto el Ejército tiene la obligación de adoptar medidas urgentes, para restaurar los derechos de los nicaragüenses y asegurar la paz y la justicia social.
Esto se refiere a los Intereses Supremos Nacionales, contemplados en el artículo 4 del mismo capítulo, y que constituyen la razón de ser del Ejército. Entre los objetivos fundamentales contemplados en al Capítulo II, artículo 5, numeral 2, se estipula de nuevo: “Proteger la vida de la población y sus bienes”, y en el numeral 7 se dice: “Garantizar el irrestricto respeto de los Derechos Humanos, permitiendo el desarrollo personal, familiar y social en Paz, Libertad y Democracia”. Al no actuar en la situación actual de Nicaragua el Ejército está violando su propia ley constitutiva, y está siendo cómplice por omisión de su deber, del genocidio que está sufriendo el pueblo de Nicaragua a manos del dictador Daniel Ortega. La ley es aún más clara en el Capítulo III, artículo 9, numeral 5, en cuanto a la mitigación de desastres que “Comprende la prevención, mitigación y atención de desastres naturales o antropogénicos”. Claramente en estos momentos estamos viviendo un desastre antropogénico, causado por la obstinada pretensión de unos individuos a permanecer en el poder inconstitucionalmente.
El Ejército no puede permitir por su misma ley constitutiva la existencia de fuerzas paramilitares, o ejércitos paralelos, y es evidente que en este momento en Nicaragua tenemos una fuerza irregular movilizándose por las calles y disparando a mansalva. El artículo 95 de la Constitución política de la República de Nicaragua claramente afirma: “No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional, ni rangos militares que los establecidos por la ley”. De forma que tanto la Constitución Política como la Ley Orgánica del Ejército los compele a actuar de inmediato, desarmar a los para policías y a las turbas, y colaborar con las autoridades para castigar a los culpables.
El Ejército tiene que estar sumamente preocupado por lo que va a pasar una vez que Ortega haya dejado el poder. ¿A quién corresponde constitucionalmente desarmar a las turbas orteguistas? ¿Quién va a restablecer la ley y el orden? ¿Quién tendrá que colaborar en la depuración y reentrenamiento de la Policía para que vuelva a ser una Policía Nacional y no la Policía criminal y pretoriana en que la ha convertido Daniel Ortega? Obviamente tendrá que ser el Ejército, y para ello tienen que ganarse la confianza del pueblo de Nicaragua, demostrando con sus acciones que son un ejército profesional, apolítico, y nacional.
Si bien es cierto que todos los nicaragüenses se están viendo afectados económicamente por el virtual paro nacional en que se encuentra el país, el Ejército de Nicaragua y sus vastas inversiones, tanto en Nicaragua como en el extranjero, se están viendo afectadas en igual o mayor proporción. Es por tanto en su beneficio institucional, y en virtud de salvaguardar su patrimonio, contribuir a ponerle fin a la crisis que vive el país.
En su artículo de opinión del 16 de junio publicado en La Prensa, Edmundo Jarquín se pregunta, Y el ejército, ¿qué? y termina señalando tres aspectos importantes y beneficiosos para su intervención inmediata en el conflicto 1) recuperar control de las fuerzas irregulares, 2) mandar un mensaje a la Policía Nacional, y 3) buscar una solución al problema que vivimos. En ese artículo Jarquín también señala la pérdida de prestigio que el ejército ha sufrido en las últimas semanas, desde el momento en el que se declaró neutral y prometió no salir a reprimir al pueblo. La posición del Ejército últimamente se ha visto en entredicho por los rumores actuales de que hay efectivos del Ejército vestidos de civil involucrados en actos criminales, y que han suministrado armas de guerra a la turbas orteguistas. Como dijo el Comandante en retiro Luis Carrión Cruz en entrevista con Carlos Fernando Chamorro, en el programa Esta noche, el día 13 de junio, “la gente en las calles está pidiendo que Ortega se vaya, y realmente temen que cada día que esté Ortega en el poder bajo cualquier circunstancia, la represión, los asesinatos, los crímenes van a continuar y eso es inaceptable. Aquí hay que detener la represión, y Ortega ha demostrado que no tiene voluntad y en algunos casos ha perdido la capacidad”.
Ante toda esta situación irregular es imperativo que el Consejo Militar analice y delibere ante la grave crisis nacional, en la que el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército ha perdido la autoridad moral para ejercer sus funciones, se ha sobrelimitado en sus derechos y ha violado los principios fundamentales que juramentó al tomar posesión del cargo. Los jefes del ejército en retiro también deben aconsejar y colaborar con el Comandante en Jefe, el general de ejército Julio César Avilés, para definir la estrategia de la institución ante la situación de desgobierno que está viviendo el país. Ellos tienen la experiencia para distinguir entre los intereses nacionales, y las lealtades personales partidarias ajenas a la institución militar, para que Nicaragua vuelva a la paz, al estado de derecho y la democracia. Si todos los miembros del Ejército de Nicaragua no actúan de inmediato, facilitando a través de una solución constitucional un gobierno de transición, lo vamos a lamentar por muchos años más.
*El autor es escritor y catedrático de la Universidad de Cincinnati
