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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo atraviesa una fase agónica, propia de los autoritarismos tardíos: no sostiene su poder con el uso de la fuerza bruta, sino con un intento desesperado de preservar un aparato simbólico en ruinas. Desde su retorno al poder en 2007, Ortega ha edificado una maquinaria autoritaria basada en cárceles políticas, cierre de universidades, asfixia de la prensa independiente y persecución sistemática de la disidencia. En su deriva más reciente, la represión ha dejado de ser exclusivamente institucional o física: se ha convertido en una estrategia estética, semiótica y afectiva. En Nicaragua, portar una vestimenta folclórica, declamar un poema o ejecutar una danza ancestral se ha transformado en una forma de insurrección.
Este desplazamiento hacia lo simbólico responde a lo que Hannah Arendt describió como la ansiedad totalitaria ante el azar del mundo. Ortega ha dirigido su poder coercitivo hacia una ofensiva que intenta regimentar no solo las acciones concretas de cuerpos, sino también su imaginación. La censura estética no busca solo silenciar expresiones culturales: pretende abolir las condiciones mismas de posibilidad del sentido. Pierre Bourdieu advirtió que el poder simbólico requiere reconocimiento; cuando este se erosiona, lo que queda es el uso desnudo de la fuerza, la proliferación vacía de banderas, himnos y retratos que ya no interpelan a nadie. En Nicaragua, la censura no recae sobre la tela, sino sobre el derecho a ocupar el espacio público con significados no autorizados.
La vigilancia ha dejado de ser exclusivamente territorial. Ahora opera también en el plano perceptivo, emocional y sensorial. El miedo se ha interiorizado al punto de producir una cartografía del silencio. Ortega no solo gobierna a través del miedo, sino que también actúa impulsado por él. Su figura se ha convertido en prisionera de una paranoia estructural, donde toda ambigüedad se interpreta como amenaza y todo matiz se castiga como traición. La opacidad, que en otros momentos funcionó como método de control, se ha transformado en una grieta. El arresto domiciliario impuesto a su hermano, Humberto Ortega (que falleció recluso), por expresar opiniones críticas, refleja un punto de inflexión: cuando incluso la sangre se vuelve sospechosa, el autoritarismo entra en su fase autofágica.
El orteguismo no solo ha reprimido con armas y propaganda. También ha reconfigurado el andamiaje legal para convertir el derecho en herramienta de persecución ideológica. Ha impulsado reformas penales, tipificado vagamente delitos como “traición a la patria”, disuelto personerías jurídicas y creado un marco normativo que criminaliza el disenso. La más alarmante de estas reformas ha sido la incorporación de la cadena perpetua al sistema penal nicaragüense, medida introducida en 2020. Esta pena no responde a debates jurídicos sobre proporcionalidad o reinserción social. Funciona como un dispositivo simbólico orientado a intimidar opositores y disuadir cualquier forma de crítica. El Estado se arroga el derecho de sepultar en vida a quien desafíe su ficción hegemónica.
Desde una perspectiva jurídica, la cadena perpetua viola el principio de humanidad de las penas y desvirtúa el horizonte de reinserción consagrado en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana. En un contexto donde la independencia judicial ha colapsado, esta pena se ha convertido en un mecanismo de represión selectiva. El poder define al enemigo y lo castiga con base en normativas ambiguas. Sin garantías procesales, el adversario político se transforma en delincuente perpetuo.
No obstante, el derecho tiene memoria. Las leyes represivas promulgadas por regímenes autoritarios no desaparecen con sus autores. “Lex talionis” recuerda que todo castigo puede retornar a su emisor. “Nullum crimen sine lege” garantiza que nadie puede ser sancionado sin una ley previa, pero “nullus auctor est supra legem” advierte que ningún legislador está por encima de la ley que instituyó.
La historia ofrece ejemplos elocuentes. En Irak, Saddam Hussein fue llevado a la horca tras ser condenado por un tribunal que aplicó leyes creadas por su propio régimen. En Rumania, Nicolae Ceaușescu enfrentó una corte revolucionaria que utilizó mecanismos de excepción similares a los que él había institucionalizado. En Cambodia, los archivos del Khmer Rouge sirvieron como prueba en los tribunales que juzgaron a sus líderes. En Libia, Muamar Gaddafi fue linchado por grupos que él mismo había entrenado y armado. El poder que descentraliza la represión puede terminar enfrentado por los mismos sujetos que domesticó: el verdugo entrenado puede convertirse en rebelde armado.
La militarización de la vida civil refleja ese mismo colapso de la hegemonía simbólica. El régimen instauró cuerpos de policía voluntaria, condicionó el empleo público a la lealtad partidaria y fomentó redes de vigilancia vecinal. Lejos de demostrar fortaleza, estas medidas muestran un poder que no logra sostenerse por consenso. El régimen ha descentralizado el control, pero también ha expuesto sus fisuras. La base armada que hoy reprime podría rebelarse mañana. El adepto que obedece hoy podría recordar su humanidad en cualquier momento.
Cuando el opresor se siente acorralado, sus decisiones pueden ser absurdas, ridículas o abiertamente delirantes. Hitler por ejemplo, prohibió el arte moderno y ordenó la quema de libros para imponer una estética aria sin matices. Mussolini, mientras perdía ciudades enteras durante la Segunda Guerra Mundial, ordenó erigir monumentos vacíos que exaltaban un imperio inexistente. Ceaușescu construyó un Palacio del Pueblo descomunal, mientras su pueblo moría de hambre. Pol Pot expulsó a toda la población urbana de Camboya y destruyó la infraestructura para imponer un modelo agrario utópico que terminó por colapsar. Gaddafi intentó suprimir el árabe clásico y reemplazarlo por un idioma inventado por él mismo. Kim Jong-Il en Corea del Norte, ordenó el estudio obligatorio de su filmografía como herramienta pedagógica. Idi Amin Dada, en Uganda, proclamó haber derrotado al Imperio Británico, exigiendo que su retrato fuera colocado junto al de la reina Isabel en las embajadas. Ortega, al perseguir trajes típicos, danzas folclóricas, poetas, intelectuales y religiosos replica ese patrón de decisiones que revelan no solo autoritarismo, sino desorientación simbólica.
Las banderas del partido, colocadas en escuelas, hospitales y plazas, evocan la estatua ecuestre de Anastasio Somoza, derribada en 1979 por la decisión popular. Estos estandartes actuales, saturados de ritual vacío, podrían tener el mismo destino si la disidencia latente se transforma en ruptura colectiva.
Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué permanecer cuando todo se ha desmoronado? ¿Por qué aferrarse a un poder sin prestigio simbólico, sin legitimidad ética, sin afecto social? Quizá porque temen el vacío que su salida revelaría: la impostura de un legado inexistente. Pero la historia demuestra que incluso en el ocaso, la retirada puede constituir un gesto político. Fulgencio Batista huyó de Cuba ante el avance revolucionario. Alfredo Stroessner aceptó el exilio tras ser depuesto. Wojciech Jaruzelski negoció una transición democrática en Polonia. José Eduardo dos Santos renunció ante la presión de su propio partido en Angola. Todos entendieron que la permanencia en medio de la ruina simbólica solo amplifica la degradación histórica. La cúpula orteguista debería considerar esa posibilidad. El juicio histórico no evalúa exclusivamente los actos cometidos, sino la ética de los papeles representados. El líder que alguna vez encarnó la esperanza de liberación nacional se ha convertido en símbolo de opresión. La figura femenina que ascendió a su lado, antes emblema del protagonismo político de las mujeres, ha degenerado en caricatura autoritaria. No quedará en la memoria por su capacidad de liderazgo, sino por haber contribuido a consolidar el terror como forma de gobierno. Ambos, rodeados de vigilancia, aislamiento y culto personalista, se han convertido en prisioneros del aparato que construyeron.
Liberar a los demás podría representar, paradójicamente, la única forma de liberarse también a sí mismos. El exilio pactado, la transición negociada o incluso una retirada decorosa pueden ofrecer salidas tácticas. Pero lo que no existe, ni existirá, es evasión del juicio histórico. Ese tribunal invisible, pero implacable, opera con la ley en una mano y en la otra, el archivo minuciosamente tejido por la memoria colectiva: un expediente ineludible de crímenes de lesa humanidad que ninguna narrativa oficial logrará sepultar.
