15 de abril 2020
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El Gobierno de Nicaragua es responsable y está perfectamente consciente de sus políticas de salud pública y del impacto que tendrán en la población. Al optar por un enfoque de “inmunidad de rebaño”, para hacer frente al contagio del covid-19, y descartar estrategias orientadas a la mitigación o supresión de la pandemia, se decantó por priorizar su continuidad en el poder sobre el impacto de la enfermedad. En otras palabras, optó por el contagio intensivo y breve, con el fin de reducir al máximo la duración del impacto del covid-19 en la economía.
La decisión podría parecer cruel, al poner en riesgo la vida de miles de nicaragüense. Sin embargo, responde a cálculos políticos y económicos que el régimen asume como un “mal menor” ante una crisis económica que venía anunciándose desde antes de las protestas de abril de 2018 y que se profundizó en los últimos 24 meses, sin que se vislumbre la luz al final del túnel.
La pandemia, que se produce en una coyuntura de pérdida de credibilidad y espacios internacionales, la utiliza el Gobierno para justificar la crisis económica, solicitar ayuda internacional y sacudirse la responsabilidad que le corresponde, minimizando el impacto del covid- 19, al no realizar las pruebas necesarias para detectar el número real de personas contagiadas.
¿Le parece absurdo? No lo es. Tratemos de entender la lógica del régimen.
1. La “inmunidad de rebaño” promueve actividades sociales masivas, el funcionamiento de las oficinas públicas, de las escuelas y el comercio, descartando cualquier cuarentena o políticas de aislamiento social.
Eso explica el frenesí del Gobierno por realizar visitas casa por casa, carnavales, ferias, marchas, concursos, procesiones, simulacros y todo lo que propicie la reunión masiva de personas en un supuesto ambiente de normalidad.
El Gobierno apuesta a que la mayoría de la población es joven y podrá hacer frente sin mayores problemas al contagio, como lo explicó el diputado Mario Valle, rector de la Universidad de Managua, en una reunión con centenares de estudiantes de ese centro universitario.
Los muertos el Gobierno los atribuirá, y ya los está atribuyendo, a las víctimas de las enfermedades crónicas, que por las características del coronavirus, están en una situación de riesgo natural.
En 2019, según el MINSA, acudieron a los hospitales, a causa de neumonía e infecciones agudas de vías respiratorias, 44,131 nicaragüenses de diferentes edades y condición social, de los cuales fallecieron 1,361. En total, entre infartos, hipertensión, tumores, diabetes, enfermedades renales y otras enfermedades crónicas, fueron casi 100 mil hospitalizaciones a lo largo de 2019, y más de 13 mil defunciones.
Detrás de esas hospitalizaciones y muertes, el régimen tratará de ocultar la presencia del Covid-19, para mantener la ilusión de una supuesta efectividad en su política de contención de la pandemia, ante la carencia de pruebas que permitan conocer de la presencia del virus en el país y su real impacto.
Por ahora incluye en sus estadísticas a los que no pueden esconder, mientras los demás mueren de neumonía o ataques cardíacos víctimas del calor extremo.
2. Esa práctica de ocultamiento de la realidad solo es posible por otra característica del régimen, que se ha venido afianzando en los últimos años: la centralización y control de las acciones que realizan las instancias del Estado.
Ese afán de control se expresa también en la represión a iniciativas desde la sociedad, como ocurrió con la reciente propuesta de la diócesis de Matagalpa para hacer frente a la epidemia en ese departamento, o en no permitir que los hospitales privados hagan pruebas para detectar el covid-19, lo que pondría en evidencia la mentira oficial sobre el número de casos positivos.
La pobreza y falta de credibilidad de la información que brindan las autoridades sobre los casos de covid 19 reconocidos oficialmente, van acompañados de la falta absoluta de transparencia sobre el estado actual de la enfermedad en el país y los recursos para hacerle frente.
Pretender que el Gobierno del FSLN estaría dispuesto a compartir responsabilidades en la crisis es no entender la naturaleza del régimen y su afán por controlar todos los espacios de la vida del país. En esa situación, la cesión de espacios se convierte en una amenaza para su permanencia en el ejercicio del poder.
No es por casualidad que el régimen controla todas las instituciones (Asamblea, Justicia, Poder Electoral, Contraloría, Policía, y Ejército). Únicamente se permitió, por algunos años, que el sector privado, aglutinado en el COSEP, pudiera participar en decisiones económicas, siempre y cuando dejara la política a un lado. En otras palabras, lo que algunos pretendieron llamar “Modelo COSEP”, no fueron más que concesiones del “Modelo Ortega” para cooptar al capital.
La rebelión de abril 2018 fue un parteaguas y mostró la falencia del “Modelo Ortega”. El espacio cedido al COSEP, con él que pretendía lavar su imagen y esconder las arbitrariedades cometidas, como los sucesivos fraudes electorales, ya no le permitió ocultar su incapacidad para gobernar por otro medio que no fuera la represión y la censura.
Las políticas de salud del Estado, que controla y maneja el Gobierno del FSLN, no escapan a esa realidad y no pueden abordarse como un problema de mala o buena voluntad de los gobernantes.
A través de sus políticas para el abordaje de la pandemia del Covid-19, el régimen reproduce en el ámbito de la salud sus políticas criminales, que tienen al país en un permanente Estado de Sitio, con las libertades cercenadas y amenazados quienes se atrevan a disentir. Pese a sus esfuerzos por someter a la población, ésta resiste en los diferentes ámbitos de la vida del país. Al quedarse en casa y no acatar las orientaciones del Gobierno, la población expresa su rechazo a una política que podría ser calificada de criminal, pues pone en riesgo de muerte a miles de nicaragüenses. Quedarse en casa, aun cuando no se haya planteado de esa manera, se transformó en un acto de protesta y sobrevivencia ante un régimen que no vela por otra cosa que no sea su permanencia en el poder y el control de toda la sociedad.
La sociedad resiste y pone en jaque al régimen, cuestionado dentro y fuera de Nicaragua, mientras los pocos espacios que lo legitimen, poco a poco se van cerrando más y más. La misma Organización Panamericana de la Salud, OPS, que hace pocos días aplaudía las medidas tomadas por el Gobierno de Nicaragua, se vio obligada a echarse atrás y criticar al régimen en palabras de su directora, luego que fuera cuestionada por una periodista en una entrevista en Washington.
En Centroamérica, el régimen se cuelga del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, para obtener la legitimidad que le permita acceder a fondos internacionales, sin poder evitar las críticas que le hacen los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, que se sienten amenazados por las políticas que lleva a cabo Nicaragua en contra de lo que dictan la Organización Mundial de la Salud y la OPS.
Al cumplirse dos años de la Rebelión de Abril, el pueblo está encontrando nuevas formas de expresar su rechazo al régimen criminal, que atenta contra la vida de los nicaragüenses, incluyendo a sus propios seguidores. La población, contrario al Gobierno, esta priorizando el bienestar común por encima de los ntereses partidarios.
