25 de junio 2023
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Este domingo Guatemala se enfrenta a unas elecciones complejas y cruciales que determinarán su futuro político en medio de condiciones extremadamente adversas. El proceso electoral se ve opacado por una intensa judicialización, la falta de garantías electorales, prohibiciones de candidaturas, múltiples denuncias e irregularidades y un creciente descontento ciudadano.
Estos problemas se dan en un contexto político caracterizado por un deterioro democrático evidente, manipulación del sistema judicial y del Ministerio Público, creciente acoso a la prensa, violaciones de los derechos humanos y una alta incertidumbre debido a una guerra de encuestas.
La eliminación de los candidatos Carlos Pineda, Thelma Cabrera y Roberto Arzú impactó negativamente en el proceso electoral y generó una profunda controversia. Los tres denuncian “fraude electoral” e instan a sus seguidores a emitir votos nulos o en blanco.
La combinación tóxica de estos hechos, el doble estándar de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral en materia de registro y bloqueo de candidatos y la falta de control efectivo del financiamiento político y del gasto electoral evidencian una creciente contaminación del proceso electoral y una fuerte pérdida de confianza en las instituciones encargadas de garantizar su integridad.
La expulsión intempestiva de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2019 marcó un punto de inflexión en la erosión democrática. A partir de ese momento, se inició un proceso de recaptura del Estado guatemalteco con la agenda de garantizar impunidad para las élites enquistadas en el poder (“pacto de corruptos”) y mantener el statu quo.
Las encuestas reflejan una débil cultura política democrática, con altos niveles de apatía y desconfianza hacia las instituciones políticas tradicionales. El Gobierno de Alejandro Giammattei ha sido mediocre y corrupto: solo el 11% aprueba su gestión. Los tres principales problemas para la población son inseguridad, desempleo y corrupción.
En términos de derechos humanos, la situación es igualmente preocupante. Informes de organizaciones como WOLA y Human Rights Watch destacan la aplicación cuestionable de los criterios electorales, así como el desmantelamiento del Estado de derecho. Esto ha generado un clima de miedo y vulnerabilidad entre aquellos que se atreven a desafiar el statu quo, lo cual ha llevado a muchos periodistas, abogados, fiscales anticorrupción y activistas a abandonar el país en los últimos años.
También la libertad de expresión enfrenta múltiples amenazas. Según el índice de Chapultepec, el país ocupa el puesto 19 en cuanto a garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, solo delante de Venezuela, Cuba y Nicaragua en la región. Destaca el caso del periodista José Rubén Zamora, quien recibió una injusta condena de seis años de cárcel por supuesto lavado de dinero en un juicio plagado de irregularidades.
Esta sentencia constituye una grave afrenta a la libertad de expresión no solo en Guatemala, sino también en toda la región. El mensaje enviado por el Gobierno es claro: investigar la corrupción es un crimen que tiene un alto costo.
Candidatos principales y tendencias
Más de nueve millones de ciudadanos guatemaltecos están habilitados para acudir a las urnas y participar en las elecciones generales de este domingo, para elegir presidente, vicepresidente, 160 diputados, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlacén.
La elección presidencial presenta una extremada fragmentación. Los electores tendrán más de 20 opciones en el tarjetón para presidente y vicepresidente, pero únicamente tres candidatos tienen posibilidad reales de disputar la presidencia: Sandra Torres (ex primera dama, fundadora del partido centrista la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE), Zury Ríos (coalición de extrema derecha Valor-Unionista, hija del exdictador Efraín Ríos Montt) y Edmundo Mulet (exdiplomático, fundador del partido de centroderecha Cabal).
Una encuesta del pasado jueves de la empresa Prodatos, publicada por el diario de mayor circulación Prensa Libre, mostró a Torres con el 21.3%, Mulet con el 13.4% y Ríos con el 9.1%. La encuesta registra asimismo un elevado volumen de personas que dicen que votarán en blanco, un 14.8%, o que anularán su voto, un 13.5%.
A la luz de estos datos y en sintonía con las tendencias regionales, anticipo un voto de castigo al oficialismo —la derrota es segura, ya que su candidato Manuel Conde tiene apenas un 5.8% de intención de voto— y la necesidad de ir a un balotaje, el 20 de agosto, para definir la presidencia.
La ausencia de garantías electorales, la judicialización excesiva y la erosión del Estado de derecho generan una inquietud significativa respecto a la legitimidad e integridad del proceso electoral y la credibilidad de los resultados. La descalificación de diversos candidatos y las acusaciones de fraude electoral han intensificado el escepticismo y la incertidumbre entre los ciudadanos.
No hay que descartar nuevas denuncias de irregularidades asociadas al desarrollo de la jornada electoral o respecto del escrutinio de los resultados o, incluso, numerosos votos nulos y en blanco, acompañados de una elevada abstención, en un país con históricamente bajos niveles de participación electoral, promediando el 51.3% desde 1985 hasta la fecha (IDEA Internacional 2023).
En este complejo panorama, el riesgo es doble: por un lado, que la alternancia presidencial que se lleve a cabo no traiga el cambio que Guatemala necesita desesperadamente para superar el grave deterioro democrático y de desarrollo humano que padece desde hace muchos años. Y, por el otro, que el nuevo presidente carezca de legitimidad de origen y ello agrave la delicada situación que vive el país.
Frente a ello, las misiones de observación electoral y la comunidad internacional deben mantenerse alertas y preparadas para defender la integridad electoral y respaldar la democracia guatemalteca. Pero los ciudadanos guatemaltecos también deben desempeñar un papel esencial en este escenario. Tienen la responsabilidad de defender sus derechos, resistir a aquellos que buscan perpetuar un statu quo de corrupción e impunidad y exigir unas elecciones con integridad y credibilidad.
La legitimidad del próximo Gobierno dependerá de la percepción de justicia y transparencia en el proceso electoral. Solo con este compromiso Guatemala podrá mantener viva la esperanza de cerrar este sombrío capítulo de su historia y avanzar hacia un futuro más democrático y justo.
*Artículo publicado originalmente en La Nación de Costa Rica.
