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Claudia Sheinbaum es la persona con más poder político en la historia contemporánea de México. También es la presidenta que ha sufrido el peor desaire ciudadano en los últimos años. La elección judicial consolida la autocracia que el oficialismo ha construido en beneficio de Sheinbaum. Ahora controlará los tres poderes del Estado y tiene a su cargo las tareas que cumplían los organismos autónomos. Al mismo tiempo, la bajísima participación en la elección del domingo 1 de junio de 2025 manifiesta un claro rechazo de los ciudadanos a la reforma judicial que impusieron Sheinbaum y los suyos.
Para llevar votantes a esa elección el gobierno y Morena emprendieron una amplia operación en todo el país: presionaron a millones de ciudadanos amenazándolos con retirarles apoyos sociales si no acudían a las urnas, sin pudor ni cuidado repartieron acordeones e instruyeron para copiarlos, la presidenta se convirtió en propagandista de esa votación, la estructura de su partido se movilizó con el mismo propósito. Al final, sólo acudió alrededor del 12 % de los ciudadanos con derecho a votar. De ese porcentaje hay que descontar aproximadamente 11 % de votos nulos. Se puede decir, cifras más o menos, que sólo uno de cada diez ciudadanos atendió al llamado de Sheinbaum y Morena para votar por los candidatos del oficialismo.
Estamos ante un palmario fracaso de la presidenta y su partido. Sheinbaum conserva la adhesión de la mayoría de los mexicanos, pero, entre ellos, son pocos los que están dispuestos a seguirla sin condiciones. La presidenta es una autócrata sin consenso activo. Concentra amplísimas facultades, algunas obtenidas de manera legítima hace un año en las urnas, y otras conquistadas con trampas. Su capacidad para imponer decisiones sin que sean frenadas por otras instituciones resulta inédita y desmedida y constituye un peligro para la democracia. A la vez, entre los ciudadanos la presidenta y su partido tienen un respaldo débil.
Cerca del 90% de los ciudadanos desdeñaron los exhortos de la presidenta y Morena para acudir a las urnas. Ese desdén no fue sólo resultado de una elección que se sabía abigarrada, ni de la insuficiente información sobre los candidatos. Entre quienes no fueron a la elección judicial, el 26% afirma que no lo hizo porque consideró que tales votaciones fueron una farsa. Un 22% adicional dice que esas elecciones no le importaban. Otro 10%, de manera explícita, responde que su abstención fue un rechazo a la reforma judicial. Y un 10% adicional no fue a esas urnas porque no había garantías para que el voto fuera respetado.
En otras palabras: casi siete de cada diez de los mexicanos que no votamos el 1 de junio, tomamos esa decisión por desacuerdos políticos con la elección judicial. Así lo indica la encuesta telefónica que levantaron ISA y GEA, el día de la elección, por encargo del Frente Cívico Nacional. Esa misma encuesta, en coincidencia con el dato que anunciaría el INE, encontró que la asistencia a las urnas fue de aproximadamente 10 %
En esta elección podían votar casi 100 millones de ciudadanos. Dejaron de hacerlo alrededor de 89 millones. Según la mencionada encuesta la mitad de los ciudadanos que se abstuvieron son beneficiarios –ellos o sus familias– de algún programa social del gobierno. Es decir, más de 44 millones de personas, aunque reciben dinero del gobierno, desatendieron las indicaciones de los operadores oficiales para que fueran a votar.
En una democracia, en donde la voluntad de los ciudadanos define las decisiones cardinales –y la abstención en este caso ha sido claramente deliberada– la votación del domingo sería motivo para que el gobierno propusiera una nueva reforma al sistema de justicia que fuera aceptada y respaldada por la mayoría de los mexicanos. Claudia Sheinbaum no es una demócrata. De la elección, le interesaba el nombramiento de magistrados y jueces afines a Morena. La participación ciudadana era la ratificación política de la reforma judicial y por eso el oficialismo se empeñó, ahora sabemos que fallidamente, para llevar gente a las urnas.
La de Morena y la presidenta es una autocracia populista en donde el pueblo no es beneficiario de sus decisiones, sino pretexto narrativo. Sheinbaum, igual que López Obrador, sostiene que actúa a nombre y a favor del pueblo. Pero ese pueblo, el 1 de junio, le dio la espalda a una de las iniciativas más importantes de la llamada 4T. Ahora Sheinbaum y sus propagandistas alegan que 13 millones son muchos votos y que, gracias a la votación judicial, México “es el país más democrático del mundo”.
Decenas de millones de mexicanos desconfían de ese discurso. Es difícil que la desafección ciudadana respecto de Sheinbaum y su proyecto se profundice, al menos por ahora, porque muchos de esos ciudadanos temen que cualquier modificación en el ejercicio del poder afecte la entrega de ayudas sociales. Por otra parte, no hay una oposición capaz, también por ahora, de enfrentar con eficacia a Morena. El hecho es que muchos simpatizantes del gobierno mantienen una adhesión pasiva al grupo en el poder. Respaldan a Sheinbaum, pero no creen todo su discurso.
El autoritarismo en el gobierno tiene dos pinzas. Una es el ejercicio, con exceso, de la autoridad. La otra, es el empleo de medidas de fuerza para someter a la sociedad. Es gravísimo que, junto con la concentración de poder que conduce a la autocracia, en México el gobierno propicie la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades ajenas a sus atribuciones. La presencia de elementos del Ejército llevados para amenazar con su desalojo a los asistentes a un concierto en el Foro Alicia, en la Ciudad de México, fue un indicio ominoso, además de ilegal, de la militarización actual. Las reacciones en contra de esa presencia militar, incluso desde las filas del partido oficial y el gobierno mismo, fueron muy significativas. También lo fue la confusión, o la mentira, dentro del gobierno mismo sobre el origen de la orden que llevó al Ejército a suspender un evento musical.
La tendencia a normalizar la presencia pública de las Fuerzas Armadas y su injerencia en todas las áreas del Estado se ratificó el día de las elecciones. En Durango, se conoció la solicitud del Comandante del 71 Batallón de Infantería para que miembros de esa corporación, vestidos de civil, estuvieran presentes en las sesiones de un Consejo Municipal Electoral. Y para que no hubiera dudas del protagonismo que adquieren las Fuerzas Armadas, en las sesiones del Consejo General del INE hubo elementos del Ejército, con su uniforme reglamentario. Ni el IFE ni el INE habían sesionado con presencia de militares.
La presidenta del INE, que se comporta como funcionaria del gobierno y no de un organismo autónomo, dijo que a los militares los invitaron “por cortesía”. Otros consejeros de ese organismo discreparon de ella. Es un hecho sintomático de la presencia pública que el oficialismo busca para las Fuerzas Armadas.
La elección judicial mostró debilidades en la capacidad del oficialismo para convencer a la sociedad. Pero aún con tales insuficiencias, Sheinbaum tendrá la posibilidad de manejar al gobierno, controlar a los legisladores, disponer de los jueces, tener al Ejército en las calles. Se trata de un poder enorme, sin contrapesos institucionales, delante de una sociedad compleja y de ninguna manera uniforme.
*Artículo publicado originalmente en Nexos
