24 de marzo 2024
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Nicaragua necesita de un movimiento cívico que lidere una estrategia de resistencia política para debilitar la fuerza represiva del régimen, o como dice Enrique Sáenz, “para socavar las bases de la dictadura”. Organizar la resistencia cívica bajo el Estado policial predominante en Nicaragua, es diferente a hacer oposición para prepararse a participar en una elección. Esto último implica trabajar desde el entorno de un sistema legal de partidos, una opción que ha sido anulada por la criminalización de los derechos de asociación, reunión, movilización y elecciones libres, impuesta por el monopolio de poder político del régimen. En cambio, el desafío de la resistencia cívica depende de un movimiento cívico-político con un programa de cambio democrático que apueste a debilitar y desafiar el régimen, no para ir a una elección, ya que primero se necesita cambiar el balance de poder para llegar a un proceso electoral, tras la suspensión del Estado policial.
La realidad actual en la lucha cívica
La presencia activa de un movimiento democrático liderado por grupos cívicos organizados, legítimamente reconocidos por los nicaragüenses, representativos de la sociedad, incluyendo una gran cantidad de familias encabezadas por madres solteras, requiere de una masa crítica de capital y riesgo político para movilizarse. No hace falta un líder, aunque no hace daño que el movimiento deposite su confianza en uno, una, varios, o en un liderazgo colectivo.
Este movimiento es necesario, pero no suficiente, para cambiar la balanza de poder a favor de la democracia en Nicaragua. Adicionalmente, se necesita debilitar económicamente al clan familiar y al círculo de poder con las sanciones internacionales; incentivar la creciente disidencia interna entre los servidores públicos que desemboque en una ruptura dentro del círculo de poder; y promover una presión política internacional incremental, que fortalezca la legitimidad del movimiento democrático dentro y fuera del país.
En sociedades totalitarias como Nicaragua, conformar este tipo de movimientos es un reto monumental porque el sistema dictatorial niega la posibilidad de organizarse, movilizarse libremente, y competir.
Lamentablemente, la experiencia de Nicaragua tras la rebelión de abril, después de la represión masiva en 2018 y 2019, la “operación limpieza”, la redada electoral de 2021, y el aplastamiento de la sociedad civil en 2022-2023, ha debilitado a los grupos cívicos que no cuentan con el reconocimiento de la población para realizar el contrapeso necesario frente a la dictadura y obtener el reconocimiento internacional.
La debilidad también radica en la dispersión de los propios movimientos cívicos en el exterior, que no cuentan con bases nacionales. Muchas de estas agrupaciones tienen menos de cinco miembros en el exterior sin ninguna raíz nacional, y otros tienen una base precaria en Nicaragua, aunque dicen contar con toda una representación ‘territorial’, y todos reclaman ser “la verdadera oposición”.
Ninguna organización goza del reconocimiento nacional de los nicaragüenses, porque adolecen de credibilidad para ser identificados como interlocutores frente al poder de la dictadura. Compiten por redactar los comunicados más radicales para “derrocar” al régimen y demandar las sanciones internacionales “más contundentes”, como si se tratara de alzar una varita mágica y botar a la dictadura con adjetivos perentorios.
En su mayoría, en vez de establecer una estrategia de resistencia cívica, se reúnen para planear eventos de tipo electoralista, en base a un trazado ideológico, para definir si el pueblo es “liberal”, de ‘derecha’, “conservador”, “antisandinista”, “somocista” o “revolucionario”, pero no identifican cuáles son las acciones de activismo político democrático que, sin exponer la seguridad de las redes cívicas, son más efectivas para plantear la resistencia al régimen. La exclusión, intolerancia a la diversidad y desconfianza parece predominar entre ellos. Cuesta discernir en dónde ubican su compromiso democrático, si la igualdad ante la ley, la tolerancia, la confianza, la solidaridad y la libertad es parte integral de sus credos democráticos.
Botar una dictadura no es hacer democracia, puede ser un acto de liberación porque restaura libertades, pero sin el compromiso y el riesgo político de conformar un orden democrático el día después se convierte en una acción insuficiente. Si no, ahí está Bukele como recordatorio de las consecuencias ante la ausencia de pesos y contrapesos después de haber sacado al FMLN del poder.
Agréguese a esto una especie de narcisismo o figureo político que se usa como instrumento para promover el espectáculo de adhesión al “líder”, en vez de trabajar en la acción política para golpear a la dictadura.
En el archipiélago político de la oposición y la diáspora hay más de 250 organizaciones, cada una con su propia sigla y emblema, agrupadas en alianzas, confederaciones, coaliciones, concertaciones, espacios, iniciativas, que compiten en la emisión de comunicados, y no en la acción. La atomización, al final no suma, sino que resta fuerza.
¿Quién es quién en la resistencia cívica?
Nada de lo que ocurre con la oposición de Nicaragua es único de nuestro país, también se observa en otras sociedades con sistemas totalitarios. Cuesta montar un movimiento cívico frente a un monstruo que te persigue para matarte. Pero el déficit de la oposición, se puede empezar a resolver, midiendo las fuerzas políticas de sus miembros. Hay que romper con el estado de negación que pretende ocultar cuál es el peso político propio de cada organización en la realidad nacional. Se necesita una especie de terapia política.
Esta forma de terapia demanda acordar un sistema de auditoraje externo, verificable y constatable sobre la verdadera fuerza y representatividad que poseen cada una de estas organizaciones, su liderazgo, y su incidencia nacional e internacional, de manera que el “créanme somos muy grandes” no sea suficiente prueba de su capital político, hasta que un árbitro pueda brindar una aproximación a un dato político confiable y a partir de ahí contar con una masa crítica de líderes y sectores que apueste a comprometerse a la lucha política. El auditoraje externo surge frente a la realidad de que, entre ellos, no logran conformarse en un bloque organizado y representativo.
La prioridad de las organizaciones debería ser construir una hoja de ruta de resistencia cívico-política para responder a las penurias y las expectativas que se viven en Nicaragua: la represión y la crisis social; las demandas de las grandes mayorías; la migración masiva; la corrupción pública; la vigilancia política a lo interno del sector público; y la pretensión de imponer desde ahora la “sucesión dinástica” de Rosario Murillo para legitimar la dictadura en otra farsa electoral en 2026, con un juego negociado con el partido zancudo PLC y sus comparsas.
El objetivo es debilitar y desmoralizar a la dictadura, incentivar a la disidencia interna que no está involucrada en crímenes de lesa humanidad, y convocar el apoyo internacional con propuestas concretas y resultados que debiliten al régimen.
El grupo debe contar con nuevas reglas del juego acompañadas con mecanismos de cumplimiento de acuerdos, metas calendarizadas e incentivos o penalidades de los logros o fracasos.
De lo contrario, se corre el riesgo de que se imponga la inercia política de estos grupos y los lleve al olvido, mientras la dictadura avanza en su “sucesión dinástica”. En Nicaragua, hay jóvenes líderes con la energía y la pasión para llevar en sus hombros la lucha política, con el apoyo de lo mejor de la experiencia acumulada en la Rebelión de Abril.
La madurez política de este trabajo incluye lograr consenso sobre las expectativas que cada grupo tiene de ellos hacia el futuro, y si el consenso no se logra, al menos comprometerse en la unidad en la acción, a respetar que cada uno trabajará de manera independiente, pero sin atacar o ningunear al otro. Esto es unidad en la diversidad.
La resistencia política de este movimiento es transnacional, como lo es hoy día la comunidad nicaragüense, un conglomerado de ciudadanos en el que uno de cuatro compatriotas está fuera de su país, con un liderazgo colegiado, también transnacional. Un liderazgo con estrategias de seguridad para proteger a las redes cívicas, pero con la capacidad de asumir riesgos para comunicarse con la disidencia, y mantener la capacidad de difundir información, denunciar y ‘desnudar’ al régimen, en su corrupción, represión, mal manejo de la economía y la política social, y su subordinación a los intereses del clan dinástico y los militares. Una estrategia de resistencia que apunta a golpear donde más les duele, su bolsa y su ego.
Frente al contexto regional y global, las crisis de las protestas en Cuba, la amenaza a la vía electoral en Venezuela, el colapso del Estado fallido en Haití, la ola de violencia en Ecuador, las elecciones en Panamá, República Dominicana y México, la invasión rusa en Ucrania, y la crisis Israel-Hamás en Gaza, la movilización cívica interna en Nicaragua tiene ahora más peso y preponderancia que la presión internacional que está enfocada en otras prioridades, y no las reordenará a menos que el grupo cívico organizado se convierta en una alternativa de poder ante la dictadura.
El verdadero compromiso de todos los grupos de una oposición, diversa e inclusiva, empieza por acordar someterse a un estándar político definido y sumar todas las fuerzas en una estrategia de lucha contra la dictadura.
