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El bloqueo petrolero y la presión de Estados Unidos, un diálogo sobre seguridad y el “modelo cubano”, y una hoja de ruta de cambio en 2027

Personas caminan por El Boulevard de San Rafael en La Habana (Cuba). Foto: EFE
El modelo revolucionario cubano quedó atrás junto al colapso de la economía, y la crisis de los operadores del régimen, especialmente su línea dura. Se acerca un proceso diferente que podría desembocar en una hoja de ruta de cambio a mediados de año.
Miguel Díaz-Canel asumió el mandato del círculo gobernante en octubre de 2019 para continuar las reformas del 2010, utilizando el término “continuidad”, tratando de mantener una economía mixta con microempresas, control estatal y reducción del número de empleados públicos. Esta continuidad trajo consigo un ligero cambio, pues transfirió el poder de la vieja guardia a un liderazgo surgido tras la Revolución cubana.
Sin embargo, en el contexto económico cubano, el alcance y la profundidad de estas reformas resultaron insuficientes para abordar los desafíos estructurales en medio de una competitividad global en declive. La continuidad implicaba promover la iniciativa privada condicionada a límites al crecimiento impuestos por el Estado, contradicción que no contribuyó al desarrollo del sector empresarial. Además, el enfoque siguió en la dirección del modelo exportador tradicional (tabaco, minerales, turismo), mientras se dependía de las remesas para sostener el consumo privado (casi un tercio de los hogares reciben remesas).
Raúl Castro no pudo detener la caída de competitividad global y ese patrón lo heredó Díaz-Canel.
Con una fuerza laboral de cinco millones de trabajadores, que suelen ganar menos de U$3000 anuales, aun para quienes están formalmente ligados al sector exportador y al turismo, Cuba no pudo generar suficiente riqueza con microempresas atadas de la mano, y un modelo exportador agotado.
En Cuba los cuentapropistas son 1.5 millones de microempresarios y generan menos de U$3000 anuales; los empleados públicos viven con menos de 50 dólares al mes y suman menos de 2 millones; y luego están los del sector informal, que también viven del turismo y de lo que puedan agenciarse, pero sus ingresos también son inferiores a U$3000. Muchos de estos reciben remesas para compensar el déficit de sus ingresos. Pero frente a una dependencia de las exportaciones, el turismo y las remesas, la disminución gradual de éstas genera una reducción de la capacidad importadora y de satisfacer las necesidades de la población.

El modelo económico cubano, paradójicamente, no pudo satisfacer las necesidades de quienes se encuentran en la base de la pirámide. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó que el PIB de Cuba en 2021 y 2022 fue inferior a 25 000 millones de dólares, lo que revela el verdadero tamaño de su economía. Para 2025, el PIB puede ser de menos de U$14 000 millones, U$5200 de turismo, remesas y exportaciones.
Las cifras evidencian, en particular, la dependencia del país de las remesas, del turismo y de las exportaciones. Para un país con 2.5 millones de hogares y al menos 1 millones de remesadores, el impacto de las remesas es sustancial tanto para la economía local como para las familias. Esto es especialmente importante, dados los informes que señalan que el 80% de la población vive actualmente en la pobreza (los que no reciben remesas ni trabajan en el sector exportador). Como el impacto de las exportaciones y del turismo es muy limitado a nivel local o en la utilización de mano de obra, porque son economías de enclave con muy pocas cadenas de valor (un tercio de las exportaciones de Cuba son tabaco y el resto son minerales, como zinc), con la caída de las remesas desde la pandemia la sostenibilidad económica pasa de frágil a en crisis.
Cuando Díaz-Canel asumió el control, la llegada de la pandemia de covid-19 lo llevó a afrontar una crisis humanitaria sin precedentes, y tuvo que posponer algunas iniciativas. El virus se propagó por el país y el desarrollo de las vacunas se demoró considerablemente, lo que provocó una crisis sanitaria. La recuperación sanitaria, no conllevó la económica, y el turismo no repuntó significativamente, y la capacidad exportadora tampoco creció. La economía ya iba en picada.
Entre la crisis económica, ya en marcha antes de la pandemia, y la sanitaria, Díaz-Canel tuvo que afrontar las presiones internas de la vieja guardia del politburó y del Partido Comunista. El politburó refleja una brecha generacional, cuenta con una sobrerrepresentación de cuadros veteranos, muy leales a los Castro, y desconfía de los líderes más jóvenes.
En cuanto a las demandas sociales, los cuadros veteranos aún perciben las protestas callejeras como “contrarrevolucionarias”, pagadas por Estados Unidos para desestabilizar el país. Los líderes más jóvenes han sido menos “tóxicos” al abordar la protesta social. Por ejemplo, el vicepresidente Roberto Morales Ojeda, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, buscaron ser más conciliadores que acusatorios.
Aunque al principio Díaz-Canel adoptó un enfoque pragmático al implementar reformas limitadas y se rodeó de algunos expertos económicos, era consciente de la resistencia de la línea dura, que aún controla la mayoría de las decisiones. Su pragmatismo se observa en la dependencia con López-Calleja, quien tenía conexiones y experiencia en la economía cubana y fue muy cercano al Ejército. Pero la situación se complicó aún más con las protestas sociales de 2021, en que las redes sociales documentaron de inmediato la frustración de la gente ante el deterioro económico y la crisis sanitaria, así como el aumento de los contagios. En lugar de abordar las protestas, Díaz-Canel pasó a la ofensiva mediante la represión policial. Utilizó el viejo discurso, atacando a Estados Unidos como un enemigo que busca confundir al pueblo cubano y provocar caos, y reafirmó su enfoque de “continuidad”, lo que frustró a otros reformistas en la isla, incluidos los jóvenes.
El país no logró superar las dos crisis y, a pesar de las continuas protestas, acompañadas de represión, ya para 2024 Díaz-Canel no tenía soluciones para el cambio en Cuba, el cual, en gran parte, es político: desligar la influencia de la línea dura. Lo político limitó la gestión económica de destrabar el pluralismo económico y político.
Díaz-Canel ha navegado entre un esfuerzo de balancear las presiones de un liderazgo octogenario del Partido Comunista y el ejército y un grupo más reformador que cambiara la economía estatal, el sector público; las estructuras productivas y la baja productividad de la economía cubana.
Al menos diez fichas forman parte del círculo de poder dividido en dos grupos, quienes se preocupaban por la modernización pero tenían menos probabilidades de impulsar cambios importantes, y los que pertenecen a los sectores más fuertes de la estructura del partido comunista y el ejército.
Entre la estrecha red de asesores del presidente se encuentra Manuel Marrero Cruz, primer ministro de Cuba, quien desempeñó el cargo de ministro de Turismo y mantuvo decenas de alianzas con empresas extranjeras y amplios vínculos con el creciente sector privado. También lideró el auge de la construcción hotelera en la isla, que opera como economía de enclave. Marrero trató de modernizar las empresas estatales, incluidas las de telecomunicaciones y de finanzas, e incluso de descentralizar Fincimex del control del Ejército. Sin embargo, restringieron la iniciativa privada a menos que fuera microempresarial.
Luis Alberto Rodríguez López-Calleja fue un asesor económico, empresario que se desempeñó como administrador de las finanzas cubanas y el cerebro empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Supervisaba las cadenas minoristas, hoteles, restaurantes, gasolineras, flotas de alquiler de vehículos y empresas de importación y exportación. Él fue una ficha clave de la modernización, y tras su muerte en 2022, asumió Ania Guillermina Lastres Morera, militar retirada, a cargo de GAESA y parte del equipo que administra la economía. Su gestión se ha caracterizado por mantener a flote a GAESA como entidad a cargo del manejo del consumo sin productividad.
Salvador Antonio Valdés Mesa, quien ha trabajado en una cartera centrada en la seguridad alimentaria y la agricultura a nivel nacional y local, asumió el avance de los programas agrícolas vinculados a la autosuficiencia municipal. Ha alentado a los funcionarios a descentralizar la economía otorgando mayor dinamismo a los municipios. Sin embargo, ha sido responsable de minimizar la inseguridad alimentaria y se expresa más en línea con la línea partidista: la revolución está al servicio de todos.
Estos asesores han dependido del poder del politburó, el Ejército y la dirección del Partido Comunista. Paralelamente, tanto GAESA como CIMEX y FINCIMEX han sido objeto de numerosos abusos de corrupción, que no solo debilitaron la gestión del Estado, sino que también disminuyeron la capacidad económica del país, toda vez que los millones robados no se integraron en la economía local. Los reportes del fraude de parte de miembros del partido y el ejército y del que son objeto estas entidades estriban en los miles de millones, justo en momentos de crisis humanitaria y económica.

La crisis energética cubana a finales de 2024 se sumó a la alimentaria y a la incapacidad productiva, y con un estamento político reticente a salir del modelo ‘revolucionario’. En 2026, después de provocar la caída de Maduro en Venezuela, el equipo del presidente Trump le impuso un bloqueo petrolero a Cuba para presionar al régimen a sentarse en la mesa de negociaciones.
Ciertamente, la línea dura quedó relegada a segundo plano frente a la inevitabilidad del hambre, y ante el bloqueo energético se iniciaron conversaciones en México con Ana Guillermina Lastres y Alejandro Castro Espín, participando por parte de Cuba. Díaz Canel ha anunciado que el régimen cubano está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre temas relacionados con migración, seguridad, y narcotráfico. Pero en la agenda de la administración Trump también están contemplados cambios drásticos en la estructura política, como desmontar el rol de partido único del Partido Comunista para introducir el pluralismo político, liberar a los presos políticos, reducir la injerencia del Ejército en la sociedad, retornar tierras, empresas, y otros bienes expropiados, a cambio de ayuda humanitaria inmediata, y un eventual proceso de inversión extranjera, tras la suspensión del embargo comercial, para iniciar una transición democrática en 2027.
La motivación cubana en estas conversaciones es táctica, lograr en el corto plazo salir del problema, hasta que se presente otra crisis y empezar de nuevo. Sin embargo, se encuentran en un punto de inflexión en el que la línea dura está débil,
Diaz Canel tiene pocas alternativas a la propuesta de Estados Unidos: México no puede resolver la crisis, el ejército no tiene recursos ni capacidad con un despliegue territorial de asistencia alimentaria. El desfalco al Estado ante la corrupción, la falta de liquidez frente al colapso económico, la urgencia de comer, la molestia generalizada, y un partido desmoralizado, apuntan a que el régimen tiene que llegar a un acuerdo de estabilización económica acompañado de un plan de gobernabilidad democrática. Es muy difícil salir de esta situación a menos que la línea dura imponga la continuidad de una situación que sería peor que la haitianización de Cuba.
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Politólogo nicaragüense. Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Tiene una maestría en Administración Pública y Estudios Latinoamericanos, y es licenciado en Relaciones Internacionales. También, es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, presidente de Centroamérica y el Caribe en el Instituto del Servicio Exterior de EE. UU. e investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de Georgetown.
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