3 de octubre 2019
AA
Ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo, el clamor popular se centra en dos demandas, justicia para las víctimas y restablecimiento de la democracia. Las demandas, aunque sencillas en apariencia, tienen una concreción muy compleja, ya que el régimen carece de vergüenza, decencia y, sobre todo, de la menor intención de encontrar una solución racional a la crisis. ¿Qué se puede hacer?
La primera lección de la experiencia internacional que debemos tener presente es: Que mientras persista el factor detonante de las graves violaciones a derechos humanos (guerras o dictaduras), los mecanismos de justicia transicional no se pueden implementar o simplemente no son efectivos. En Argentina tuvo que salir la Junta Militar; en Chile el proceso se generó con la salida de Pinochet; en Perú debió salir Fujimori; en El Salvador y Colombia tuvo que terminar la guerra. Si queremos justicia, el régimen Ortega-Murillo debe salir del Gobierno, porque se necesita voluntad política e institucionalidad democrática para que las demandas de justicia prosperen.
Pero Daniel Ortega debe salir del Gobierno por un proceso electoral auténtico (libre y transparente), por lo tanto, la demanda de elecciones justas debe ser de alta prioridad a nivel nacional e internacional como solución legítima a la crisis que enfrenta el país. El régimen solo va a acceder a esto por la presión internacional y la insostenibilidad interna del autoritarismo en el país.
Pero, ¿cómo aumentar la presión interna? En Nicaragua existe una enorme inconformidad contra el Gobierno, pero no existe un liderazgo u organización que encabece o capitalice ese descontento. De hecho, la situación es tan grave que un cura en el exilio es la persona con mayor credibilidad, lo digo no en el ánimo de denostar a Monseñor Báez, sino porque cualquier análisis sociológico concluiría que el liderazgo del clero está asociado a la inexistencia de otras instituciones o estructuras sociales básicas para la convivencia. En Nicaragua los partidos políticos y el pluralismo político fueron aniquilados, sino pulverizados, de ahí el traslape de personas en diversas organizaciones.
Pero esta situación nos brinda la extraordinaria oportunidad de construir un nuevo pluralismo político y partidos políticos que tengan como agenda común el respeto y protección de los Derechos Humanos. Si bien la creación de la UNAB es un paso importante, es necesario que su agenda y actuar conecte con el nicaragüense, ese punto de conexión deben ser los Derechos Humanos.
¿Cómo conciliar el aumento de la presión interna con la falta de conexión entre la UNAB y el pueblo? Convocar a marchas es útil, pero exponer al régimen no es suficiente y deja de lado otras formas de expresión y participación. Que el régimen no respete las leyes y el Estado de derecho, no significa que no podemos hacer uso de ellas. La Ley de Participación Ciudadana es una herramienta importante en virtud de la cual se puede presentar una iniciativa ciudadana que regule el ejercicio del derecho a la protesta en Nicaragua. La elaboración de una iniciativa de ley que reglamente los artículos 53 y 54 de la Constitución Política, la conformación de un grupo promotor y la recolección de firmas para tal efecto, serían las acciones a seguir.
Entre otras cosas, esta iniciativa ciudadana debe regular: Obligación del Estado de proteger el derecho a reunión con fines pacíficos de las personas, incluso de la violencia física que pueden sufrir de los manifestantes de “opinión opuesta”; Prohibición del uso de fuerza letal; Registro y control de municiones usadas en manifestaciones; Registro de comunicaciones para verificar órdenes en los operativos, responsables y ejecutores; Identificación de los agentes policiales que participan en el control del orden público con medios visibles; La identificación de responsables políticos a cargo de los operativos de la seguridad en la marcha; Prohibir que autoridades policiales y otros operadores de justicia involucrados en el operativo, estén a cargo de las investigaciones; Prohibición de ocupación de equipos a periodistas o de la obstaculización de su labor; Refrendar que la vía pública es un espacio para expresarse y circular, y que ambos derechos deben ser garantizados; Que la falta de autorización de marchas configura censura; Y establecimiento de un sistema de sanciones con investigaciones independientes y participación de las víctimas del abuso o actos de violencia, entre otras cosas.
Que la iniciativa retome los estándares internacionales de derechos humanos es útil para que la población tenga claridad del alcance de su derecho a protestar. Además, la promoción de una iniciativa ciudadana que para reglamentar los artículos 53 y 54 de la Constitución Política, permite al pueblo de Nicaragua expresarse y participar. Es bueno nos expresamos en redes sociales, medios de comunicación o participando de alguna marcha, pero es más útil involucrar y hacer partícipe a la población de la demanda de cambio en el país.
Promover una iniciativa de esta naturaleza, acercaría a la UNAB a la población, además, obtener el respaldo de millón y medio de personas o más, aumentaría la presión interna al régimen para respetar el derecho a la protesta. Agradezco y comparto los esfuerzos realizados por la UNAB, pero la lucha debe ser de todos y defender nuestro derecho a la protesta, no solo debe ser una demanda de ellos o de instancias internacionales, sino que esa lucha debe involucrar a todos los nicaragüenses, porque el cambio solo lo haremos todos.
