17 de octubre 2022
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Después de la farsa electoral de noviembre 2021 y con su tercera continuidad autoritaria, Daniel Ortega prometió “borrón y cuenta nueva, y vamos adelante.” Esta declaración cimentó lo que se convirtió en la radicalización del autoritarismo del régimen. La radicalización ha sido una forma de talibanizar a Nicaragua y continuar los juicios contra líderes de la sociedad civil y la empresa privada, condenarlos en juicios espurios, eliminar el pluralismo cívico y político, y perseguir a todo sector que no acepte o no simpatice con el régimen, incluyendo a las autoridades religiosas. La situación de derechos humanos continúa siendo precaria, existiendo constantes humillaciones para los prisioneros políticos, prohibiciones de credos religiosos y la lectura de libros censurados por el régimen, denegar la entrada al país a ciudadanos nicaragüenses, confiscar pasaportes de familiares de presos, y encarcelar a familiares de presos de manera arbitraria e ilegal.
Nicaragua es una sociedad con miedo, asediada, y sin esperanza de mejora en el corto plazo. La impunidad imperante y abrumadora ha sobrepasado cualquier sentido de decencia contra la humanidad.
El ataque al pluralismo ha sido uno de los focos del extremismo del régimen. Además de criminalizar la democracia, el régimen ha cerrado las actividades de miles de organizaciones no gubernamentales. A octubre de 2022, cerca de 2000 organizaciones sin beneficio de lucro fueron canceladas de ejercer su trabajo como grupo legal de la sociedad civil.
Estas oenegés han servido como apoyo complementario al Estado para el desarrollo social del país. Los indicadores de desarrollo humano y social de Nicaragua ya eran mediocres antes de 2018, y debido a la crisis política, se deterioraron aún más. El índice de Progreso Social, por ejemplo, muestra una caída en el puntaje de Nicaragua de 8%, una caída de 3% en necesidades básicas y de 7% en oportunidades para generar riqueza.
La participación de la sociedad civil organizada a través de oenegés ha sido importante a pesar de su pequeño tamaño. El registro histórico muestra no más de siete mil organizaciones. Sin embargo, de las 2000 cerradas, 50% estaban inactivas: un análisis de 1070 oenegés, encontró a 593 activas. Pero el cierre se concentró en las organizaciones con mayor actividad, reputación y compromiso con el desarrollo social. Además, la distribución geográfica de estas organizaciones era descentralizada, con más del 50% operando fuera de la capital. La diversidad de actividades abarcaba temas de desarrollo local, democracia y derechos humanos, hasta trabajo de género, oportunidades económicas o educación. Un ejemplo es educación, el Gobierno necesitaba funcionar con estas oenegés porque el Estado carece de capacidad de dar todo el apoyo a los jóvenes en el sector educativo, sea en términos de rendimiento académico, de matrícula y prevención de deserción escolar, así como seguridad alimentaria y equipo de apoyo. De igual manera, es preocupante que oenegés que trabajaban en temas de género y educación sexual y reproductiva han sido canceladas de manera arbitraria, dejando a la igualdad e inclusión como ultima prioridad.
El análisis de una muestra de 53 oenegés demuestra que estas tenían un presupuesto global de USD 41 millones, empleando a más de 2000 profesionales, y trabajando en varias áreas de operación. Estas oenegés beneficiaban a más de un millón de personas. Según la balanza de pagos, Nicaragua recibía más de USD 120 millones en 2018 (USD 170 millones en 2017) en transferencias de donaciones , antes de la crisis, para 2022 era menos de USD 25 millones. Agréguese a esto el impacto del cierre de las oenegés internacionales, las cuales operaban con presupuestos mayores, e inversiones propias, aparte de las contribuciones a otras oenegés nacionales. En términos generales, es un efecto devastador para un país pobre, con un presupuesto en educación de menos de USD 650 millones en 2022.
¿Qué más hacer desde la comunidad internacional?
Los insultos, agresiones verbales, declaraciones de persona non grata, ataques contra autoridades internacionales, son parte característica de un Estado forajido, tal vez herido, que sigue cavando su trinchera en vez de encontrar una solución negociada a la crisis. En esta era de cooperación compleja, Nicaragua es un Estado conflictivo, agresivo, y no cooperativo. [1]
El reto ante la comunidad internacional sigue siendo ofrecer una solución ante la realidad que los nicaragüenses no pueden resolver esta crisis por cuenta propia: el miedo, la represión y violencia, el exilio y la impunidad no les permite ser un contrapeso proporcional al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El mundo sabe que la respuesta internacional sigue siendo desproporcional al nivel de impunidad que impera en el país. Pero hay cinco áreas en donde el contrapeso puede contribuir a cambiar el balance de poder favorable a detener la impunidad. A continuación proponemos cinco cursos de acción entre la presión y la mediación externa.
1. Aumentar las sanciones a quienes facilitan la represión y corrupción
El impacto de las sanciones ha ido dirigido hacia los transgresores y sus instituciones sin afectar al país o la población por extensión. Instituciones sancionadas como Albanisa, Caruna, BanCorp, DNP y Zanzíbar, facilitaban la red de corrupción y clientelismo del régimen, e estas sanciones interrumpieron actividades ilegitimas del sistema.
A nivel individual, el impacto de las sanciones ha afectado la reputación de los altos funcionarios y temporalmente desarticulado su capacidad de gestión pública para facilitar actividades de corrupción o negociación de acuerdos favorables al régimen. Los individuos sancionados son personas directamente vinculadas con la corrupción, violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el ecosistema en el que operan los ha reintegrado en otros niveles. Su autoridad es reubicada en otro ente institucional, mientras su capital económico es protegido a través de terceros.
Ante el impacto de las sanciones, es importante que otros países las apliquen y extenderlas a los niveles más altos del círculo de poder y especialmente en instituciones públicas claves, como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Transporte e Infraestructura que se han constituido en los ejes instrumentales de sostenimiento económico del régimen.
2. Rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales
Las instituciones financieras internacionales han otorgado préstamos a Nicaragua en medio de represión y la corrupción, facilitando la oxigenación del sistema. Estos préstamos representan más del 10% del gasto público y acompañados con la extorción tributaria contra las empresas y la tributación indirecta a las remesas (que resultan de la expulsión migratoria), más de la mitad del ingreso del Estado se oxigena económicamente a través de represión y manejo discrecional del endeudamiento externo.
La coherencia entre el compromiso democrático y el financiamiento externo no está presente en estas instituciones que están arriesgando su reputación y compromiso con el desarrollo a cambio de otorgar complicidad implícita y a veces explicita al régimen (como es el caso del BCIE). La forma en cómo el Estado ha movilizado fondos extranjeros para obras públicas, y a la vez mantener el estado represivo ha garantizado la impunidad.
El régimen ha redireccionado el endeudamiento a obras públicas en un momento de crisis social. El gasto en inversión pública relacionado con obras públicas se duplicó de 29 % a 58% entre 2017 y 2022. De igual forma, el presupuesto de la Policía y Defensa pasó de 3.7% ciento y 2.7% , respectivamente, a 10.6 % y 3.2%, respectivamente, del presupuesto nacional durante ese mismo período, aumentando la fuerza policial a 20 000 efectivos, y el gasto en expansión de instalaciones. La Policía de Nicaragua es tan grande como la de Honduras, con una población 30 por ciento menor y con menos amenazas de criminalidad a las que se enfrenta el vecino país. Su inversión pública financiada con endeudamiento con organismos financieros internacionales pasó de 46% a 68% entre 2017 y 2022. Este financiamiento ocurre en abierta dependencia con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuya participación en el total financiado a Nicaragua incrementa de 21% a 47 %. Otras entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) también continúan su apoyo en áreas fuera del plan nacional de desarrollo y de salud, en medio de una crisis política y una radicalización extremista de la represión.
La comunidad internacional debe presionar por el compromiso del régimen con el desarrollo económico y humano del país ya que el financiamiento externo no está dirigido a las prioridades sociales ni llegando a los beneficiarios que realmente lo necesitan.
Las entidades públicas deben rendir cuentas a las instituciones financieras internacionales sobre el uso de los préstamos otorgados. Si no existe transparencia, ni rendición de cuentas y no hay confiabilidad en los datos otorgados, la rigurosidad frente al cumplimiento de las cláusulas contractuales no solamente está en duda, sino se da una clara violación de los contratos y del debido proceso. Una auditoría de las actividades y obras realizadas en municipios en donde el clientelismo ha quedado evidenciada muestra que menos del 5% del financiamiento ha ido a localidades o municipios que no son del partido del régimen, FSLN.
El congelamiento y condicionamiento de préstamos internacionales es de vital importancia frente a un régimen que abusa estos recursos para propósitos políticos y represivos. El plan de desarrollo formulado por el régimen para 2022 justifica la necesidad de más financiamiento con el argumento del ‘fallido golpe de Estado’, en un país donde la mayoría de los nicaragüenses y la comunidad internacional concuerdan que las protestas de abril de 2018 fueron basadas en el derecho constitucional a la protesta ciudadana. La comunidad internacional no debe prestarse a tales argumentos para seguir otorgando financiamiento a un Estado represor y violador de derechos humanos.
3. Reconocer y promover el rol de la diáspora nicaragüense como actor cívico y pacífico de cambio
El éxodo nicaragüense a fines de 2022 demostró que al menos 400 000 nicaragüenses huyeron de su país entre 2021 y 2022. Estados Unidos se ha convertido en el principal receptor de estos migrantes. Mientras tanto, Costa Rica sigue siendo el segundo receptor de solicitantes de refugio: para 2022 se estima habrán más de 80 000 solicitudes.
Entre estos migrantes se encuentra una fuerte mayoría de perseguidos políticos, periodistas, exilados por amenazas de muerte, cárcel, desprestigio e intimidación. Muchos representan un sector clave de la movilización cívica democrática que aboga por diálogo y solución pacífica de controversia con el régimen.
La comunidad internacional debe reconocer el grupo cívico democrático exiliado y apoyar sus gestiones, reconociendo su presencia nacional e internacional y tratarlos como la contraparte cívica al cambio democrático en un país en donde el pluralismo ha sido criminalizado.
Uno de los ejes de apoyo para los nicaragüenses sea a través de la diáspora o los exilados es la lucha contra la censura y la desinformación. La cooperación a favor de la democracia puede enfocarse en comunicación y libertad de expresión, apoyando a los medios independientes, la circulación de información sobre todo en medios digitales y redes sociales, para hacer frente al bloqueo informativo que el régimen ha establecido en los últimos años.
4. Continuar la condena y la presión y bilateral multilateral
Los Estados miembros de la OEA, la Unión Europea y muchos dentro de Naciones Unidas reconocen la situación crítica en la que se encuentra Nicaragua y la importancia de una solución que detenga el avance de un régimen autoritario que ya tiene repercusiones en todo el hemisferio.
Nicaragua ha sido sujeto de condenas internacionales, de violación a su constitución así como de varios artículos de la Carta Democrática. El esfuerzo internacional desde el sistema Interamericano debe persistir aun a pesar de la magnitud de la represión. Aunque el Gobierno Ortega-Murillo sigue dando un mensaje de belicosidad, rompiendo relaciones, abandonando a organismos como la OEA y otros, la comunidad internacional debe continuar su condena a la regresión democrática y la deriva autoritaria, extender sanciones y otras penalidades, a la vez que medie hacia una transición.
El pueblo de Nicaragua fortalece su espíritu cívico y de lucha por la democracia cuando la condena internacional les recuerda que no están solos. La condena internacional de parte de países, la sociedad civil, los medios, el sector empresarial, sigue siendo una clave importante que fortalece la moral política del nicaragüense y contribuye a resistir pacífica, pero firmemente frente al desgaste económico y el desastre político.
5. Ejercer presión desde la implementación plena de la Ley Renacer
Es importante, urgente e imperativo implementar la Ley Renacer. Esta Ley cuenta con los componentes para una respuesta proporcional a la represión imperante. La Ley Renacer contiene disposiciones que abordan la desenfrenada corrupción dentro del régimen, las sanciones contra violadores de derechos humanos y contra la interferencia rusa, así como también la revisión del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (TLC), y el escrutinio de los préstamos entre instituciones financieras internacionales y la coordinación de esfuerzos con otros socios diplomáticos.
La mayoría de los nicaragüenses no quieren más inestabilidad y miedo y la presión internacional es justa y necesaria. La población está en contra de las restricciones a las libertades civiles y violaciones de derechos humanos de los prisioneros políticos, que siguen siendo hoy en día las personas respetadas en el país, pero no pueden enfrentar la dinastía en el poder.
Las encuestas de CID-Gallup de mayo y septiembre 2022 muestran que Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Félix Maradiaga siguen siendo las personas con mayor opinión favorable entre los nicaragüenses, mientras que Ortega-Murillo siguen cosechando las opiniones más negativas.
Es moral y políticamente responsable de parte de la comunidad internacional, aumentar la presión para lograr la liberación de los presos políticos, presionar para que ellos tengan libertad y dignidad humana como se la merecen. Estas presiones son necesarias y justificadas ante principios internacionales de derecho humanitario y ante el estado de miedo y talibanización de esta nación, el mundo tiene un rol primordial en lograr esta liberación y la subsecuente transición democrática de Nicaragua para celebrar elecciones libres.
[1] https://cnnespanol.cnn.com/2022/10/10/union-europea-declara-persona-non-grata-a-jefa-de-la-mision-de-nicaragua-orix/
