25 de noviembre 2022
AA
En 2022, el régimen de Daniel Ortega agudizó la violencia estatal contra las defensoras feministas de derechos humanos al cancelar masivamente las asociaciones que brindaban apoyo a mujeres víctima de violencia, además que persiguió, desterró y encarceló a defensoras y lideresas comunitarias de diferentes partes del país.
Solo en la semana previa a las elecciones municipales, donde el partido gobernante liderado por Ortega se adjudicó todas las alcaldías del país, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentó ocho detenciones a mujeres activistas y lideresas territoriales.
“De las ocho mujeres detenidas, dos ya fueron liberadas. Adicionalmente documentamos 12 eventos de hostigamiento a cuatro defensoras de derechos humanos y activistas territoriales. La Policía ha sido identificada como la principal responsable de las agresiones, seguida por civiles no identificados, personas que trabajan para el Estado y simpatizantes del FSLN”, denuncia la iniciativa.
En total, en los últimos seis meses, IM-Defensoras documentó 558 agresiones contra defensoras feministas, estas incluyen hostigamiento, amenazas y destierros de facto. La última denuncia de este tipo registró el caso de la abogada y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, Anexa Alfred Cunningham, a quien no le permitieron regresar al país.
La lideresa de origen miskito, quien tiene hijos menores de edad que están bajo su cuidado, regresaba de participar en Ginebra (Suiza) en una sesión del Grupo de Personas Expertas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, cuando se le impidió abordar el vuelo de regreso.
IM-Defensoras alertó en octubre pasado que el régimen está usando la represión migratoria como un mecanismo contra las defensoras. De un total de 140 nicaragüenses que sufrieron este tipo de violencia, entre 2021 y 2022, 60 fueron defensoras, activistas o familiares de estas.
Cierre masivo de oenegés
Además del destierro y la persecución, las defensoras feministas se han enfrentado al cierre de espacios con la eliminación masiva de asociaciones y fundaciones que brindaban herramientas y diferentes tipos de ayuda a mujeres víctimas de violencia.
Un cálculo de CONFIDENCIAL estima que entre las 2981 Organizaciones Sin Fin de Lucro (OSFL) que les cancelaron su personería jurídica y registro de operación, hay al menos 122 que trabajaban temas de derechos de las mujeres. Cinco de estas datan desde 1990, entre ellas: el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y la Fundación Xochiquetzal.
Esta semana, el Ministerio de Gobernación -controlado por el régimen de Ortega, eliminó otro grupo de oenegés que incluyó seis asociaciones de mujeres, entre estas la Asociación de Mujeres Profesionales por el Desarrollo Integral, la Asociación Organización de Mujeres Discapacitadas Fátima-San Marcos, Asociación de Mujeres de Kukra River.
IM-Defensoras hizo su propia clasificación por tipo de oenegé y estima que el número de organizaciones pro derechos de la mujer superaba las 176 hasta septiembre pasado.
“Entre las organizaciones canceladas se encuentran algunas con una larga e importante trayectoria de trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres, como es el caso del Colectivo de Mujeres Itzá, una organización feminista, integrante de la Red de Mujeres contra la violencia y de la Red de Albergues de Nicaragua, con 33 años de trabajo en defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos y dando acompañamiento a sobrevivientes de violencia machista”, denunciaron.
Asimismo, añadieron que este colectivo tenía refugio para mujeres que necesitan protección ante el riesgo de femicidio en Somoto, Madriz. Este operaba desde 2009 y estaba funcionando al momento de la cancelación ilegal de su personería jurídica.
Violencia machista dejó más de 50 mujeres asesinadas
Los femicidios consumados y frustrados en Nicaragua siguen en aumento. Según reportes mensuales de Católicas por el Derecho a Decidir, hasta el dos de noviembre pasado fueron asesinadas unas 53 mujeres, niñas y adolescentes. Mientras, otras 110 mujeres sobrevivieron. Este dato está actualizado hasta agosto de 2022.
Los femicidios frustrados han incrementado en un 44% desde 2018. Según los datos recogidos por este observatorio, en ese año se identificaron al menos 76 sobrevivientes, en 2020 se reportaron 115, al año siguiente 140 y en 2022 ha habido al menos 110.
El reporte sería aún más alto porque el observatorio solo se tiene información de los casos que tienen mayor impacto en las noticias o son conocidos a través de las redes y colectivos de mujeres, que brindan apoyo a las sobrevivientes de violencia de género.
