Franklin Villavicencio
14 de octubre 2018
AA
La Unidad Nacional Azul y Blanco informó que mantiene la convocatoria para la marcha “Unidos por la libertad”, la cual se realizará este domingo a las nueve de la mañana, pese a la amenaza de la Policía Nacional. A través de un comunicado esta institución manifestó que “tomará todas las medidas necesarias para mantener la seguridad y el orden público”.
Amparados en los artículos 53, 54 y 32 de la Constitución Política de Nicaragua —que establecen el derecho a reunión pacífica sin previo aviso—, la Unidad llamó a estar pendientes sobre cualquier aviso o cambio de ruta.
La Unidad Nacional Azul y Blanco anuncia que convocatoria para marcha mañana sigue, amparados en la Constitución y pese a la amenaza de la Policía Nacional. pic.twitter.com/b1ALsZcsaH
— Yader Luna (@Lunacero) 14 de octubre de 2018
El universitario y miembro de la Alianza Cívica, Harley Morales, explicó que valorarán las condiciones de seguridad e informarán a la población sobre cualquier cambio de ruta o si finalmente deciden realizar un plantón en lugar de la marcha convocada.
Morales manifestó que no quisieron pedir permiso para la manifestación porque “desconocen la institucionalidad” del régimen de Ortega.
“Es difícil pedir permiso porque sabemos que no nos lo darán, pero también hemos dicho que desconocemos a las instituciones que nos reprimen y pedirle permiso a la Policía es legitimar a esa institución”, afirmó.
Por su parte, el académico y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Carlos Tünnermann, aseguró que el régimen de Ortega “no quiere más manifestaciones” y que por eso “amenaza” a la población que está convocada este domingo.
“Es una política del Gobierno de Ortega que ya no quiere que la gente salga a las calles a manifestarse, por eso publicaron ese comunicado de la Policía Nacional que no es una advertencia si no una amenaza contra el derecho a protestar”, indicó el también miembro de la Alianza Cívica.
Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, la situación es grave porque el régimen de Ortega viola la misma Constitución con una interpretación antojadiza que agrede la libertad de movilización.
“No puede de ninguna manera una institución policial prohibir el ejercicio de un derecho constitucional y es otra medida desesperada de Ortega por permanecer en el poder queriendo atemorizar y encarcelar a los ciudadanos que protestan”, explicó.
Amenaza policial
El comunicado de la Policía Nacional establece que, basado en la Constitución Política y la Ley 872 de la Policía Nacional, “toda movilización en cualquier parte del país, debe realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales, y que este haya sido otorgado”.
El artículo 53 de la Constitución Política de Nicaragua establece que "se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho NO REQUIERE PERMISO PREVIO.
El comunicado de la Policía es otro capricho del dictador a quien le molesta que el pueblo exija su salida. pic.twitter.com/FJSbwOslRO
— Maynor Salazar (@Maynorsalaz) 13 de octubre de 2018
Suyén Barahona, miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), uno de los organismos que suscribió el ‘Manifiesto a la Nación’ con el que se dio a conocer la Unidad Nacional Azul y Blanco, respondió a la nota policial recordando que “el artículo 53 de la Constitución reconoce el derecho a la reunión pacífica, y eso no requiere permiso previo”.
En la nota informativa, la Policía Nacional también amenaza con encarcelar a quienes organicen y participen de esas actividades, al recordar que al cuerpo policial le corresponde “establecer responsabilidades y cargos contra quienes pretendan alterar la paz y la convivencia propias de nuestro pueblo, nuestra cultura y tradición”.
Al respecto, Barahona insistió en pedir a la ciudadanía que no se deje “provocar ni atemorizar. Estamos en esta lucha pacífica casi por seis meses ya, y así va a continuar. No vamos a descansar de librar esta lucha pacífica. Seguiremos manifestándonos”, prometió, a la vez que instaba a los ciudadanos a “estar atentos a los medios de comunicación, por si hubiera que indicar algún cambio”.
Ortega también amenaza
El comandante Daniel Ortega presidió ayer un acto en homenaje a monseñor Óscar Arnulfo Romero, el primer santo centroamericano, mientras mantiene una feroz persecución contra los obispos y sacerdotes de la iglesia católica. Custodiado por decenas de policías, Ortega atacó a los a los manifestantes que se oponen a su Gobierno y los tachó de ser los responsables del “derramamiento de sangre”.
“Siempre estarán al otro lado los que odian la paz, los que viven arrodillados frente al yanqui mendigándole para que les de más financiamiento para dañar al pueblo nicaragüense y buscando como organizar marchas, para bañar de sangre al pueblo”, dijo la tarde del sábado.
También tildó de “somocistas” a los manifestantes que desde el 18 de abril se han tomado las calles en rechazo a la represión ejercida por órdenes del Ejecutivo, a través de la Policía Nacional y grupos paramilitares amparados por el Gobierno.
“Siguen llamando a realizar marchas, no por la paz, sino para buscar sangre, quieren sangre, están sedientos de sangre”, dijo Ortega, frente a miles de seguidores, citados por el Estado para “honrar” la canonización de monseñor Óscar Arnulfo Romero por el Papa Francisco.
Comunicado Policía
La Policía Nacional ya había oficializado a través de un comunicado el pasado 28 de septiembre la criminalización de la protesta social, al calificar de ilegales las marchas y amenazar con procesar a quienes las convoquen.
“Serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales", señalaba parte del comunicado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró, en aquel momento, por medio de su cuenta de Twitter, que recibió “con preocupación” la nota de prensa de la institución policial e insistió que esa decisión es contraria “a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”.
Con colaboración de Ivan Olivares.
