16 de febrero 2022
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La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), la red universitaria más grande y antigua de la región, denunció —a través de un comunicado— que la cancelación y posterior confiscación de seis universidades privadas en Nicaragua "no se apegó al debido proceso" y que representa una violación de la autonomía universitaria y la Constitución Política del país.
Las universidades fueron canceladas por la Asamblea Nacional, el 2 de febrero pasado, a solicitud de la responsable del departamento de registro y control de asociaciones civiles sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación (Migob), Franya Urey Blandón, quien las señala de ser “poco transparentes en la administración de los fondos”, ya que supuestamente el Migob desconoce “la forma en que ejecutaron los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgará la personalidad jurídica”.
Ante esta situación, Udual señaló que en sociedades democráticas este tipo de decisiones deben acompañarse del debido proceso. "No se trata de negar el derecho del Estado a aplicar sanciones a las universidades que incumplen las normas que amparan su funcionamiento y que no prestan un servicio con la calidad requerida. Pero una decisión de gran impacto social como esta no puede imponerse legítimamente si no se justifica debidamente, si no se hacen conocer los análisis contables, jurídicos y otros requeridos, que prueben la validez de la determinación de prohibir el funcionamiento de las instituciones por violaciones a leyes a las que se comprometieron apegarse", dice el comunicado.
La organización, además, destacó que "de permanecer este estado de cosas, es decir, el no respeto al debido proceso, estaríamos ante una violación de la autonomía universitaria" que la Constitución Política de Nicaragua le concede a las universidades en su artículo 125, en el que se lee: "Las universidades y centros de educación técnica superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa". Y agrega: "Sus bienes no podrán ser objeto de intervención ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales".
Preocupados por la confiscación
Para la Udual es "preocupante" que, además de la cancelación de las universidades, no exista claridad acerca de lo que ocurrirá con los bienes de esas universidades. "¿Se trata también de una confiscación de bienes, a pesar de que el artículo (de la Constitución) lo prohíbe? Este parece ser el caso, porque se han nombrado ya nuevas autoridades que suponemos operarán en las instalaciones de las universidades canceladas", subrayan.
Cinco días después de la cancelación de las universidades, los legisladores nicaragüenses crearon las universidades: Francisco Luis Espinoza Pineda, Universidad Nacional Politécnica (UNT) y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, para confiscar los bienes y la comunidad estudiantil que pertenecían a seis casas de estudios canceladas. Actualmente todos los recintos están en poder del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
La Udual "expresa su profunda preocupación por la violación de las leyes que el propio Estado nicaragüense ha dado, al no proceder de acuerdo al debido proceso para juzgar a las universidades y asociaciones", dice el comunicado. "Hacemos un llamado a las autoridades de ese hermano país centroamericano a que rectifiquen su decisión y procedan adecuadamente, reconociendo la función social de las universidades y la autonomía que deben tener, dada su condición de espacios de apropiación y de desarrollo libre del conocimiento que requieren el bien común y la construcción de futuro de la sociedad", concluyen.
