3 de octubre 2015
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La comisión permanente de Derechos Humanos (CPDH) realizó esta semana un foro en el que se expusieron denuncias de torturas en las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, mejor conocidas como “El Chipote”. Durante el evento, se realizó un recorrido histórico sobre los momentos y las coyunturas en que fueron utilizadas estas instalaciones como celdas de tortura para enemigos políticos y también se narraron otras circunstancias, en que personas ‘comunes’ han sido retenidas en ese mismo lugar.
Un día después del evento, la CPDH fue convocada de manera sorpresiva por la policía nacional a una reunión con algunos de sus directivos. Los representantes del organismo de derechos humanos cuestionaron el uso desmedido de la fuerza y los tratos arbitrarios que comete la institución del orden público.
En el encuentro con el Inspector general de la policía, Comisionado mayor Pablo Emilio Ávalos y otros dos altos mandos policiales, la CPDH denunció las torturas y vejaciones que se cometen en celdas preventivas, incluyendo ‘El Chipote’. “Ellos obviamente siempre niegan las torturas, pero Ávalos prometió que vamos a poder visitar las celdas preventivas, no sabemos a ciencia cierta si nos van a permitir visitar El Chipote, pero dijo que va a retomar la apertura que había todavía hasta el año pasado”, relató Denis Darce, responsable de proyectos de la CPDH.
Los testimonios de torturas en las celdas ubicadas en la Loma de Tiscapa son recurrentes en los últimos 80 años de historia política en Nicaragua. Por ahí pasaron en los años 50 Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Clemente Guido, y centenares de antisomocistas, y en los años 60 y 70, los comandantes Daniel Ortega, Tomás Borge y muchos militantes del FSLN. En los 80, El Chipote fue sede de investigaciones de la Dirección General de Seguridad del Estado.
Tanto la ‘guardia’ somocista como la actual Policía Nacional son acusados de utilizar esas instalaciones como cárceles de hostigamiento para enemigos políticos, aunque en los últimos años no han sido los únicos.
También han pasado por ahí delincuentes de alta peligrosidad como Raquel Alatorre, líder de la banda mexicana bautizada como los “falsos televisas”, extranjeros detenidos por supuestas faltas migratorias, los acusados de la masacre del 19 de julio de 2014 y hasta una trabajadora del hogar, acusada de un robo menor. Todos coinciden en que son retenidos en condiciones infrahumanas y con trato agresivo de los oficiales de la policía.
Legalmente, la jurisdicción de las cárceles de la DAJ es inexistente y desde la perspectiva formal es ilegal que una persona sea retenida en “El Chipote”. “No hay justificación para que una persona que la agarran en Siuna la traigan para ‘El Chipote’. Ha sido un elemento de tortura e intimidación contra las personas para atemorizar, las llevan ahí para que las familias no puedan verlos”, manifestó Darce.
La época somocista
El actual editor de la sección de opinión del diario La Prensa, Luis Sánchez Sancho estuvo preso en esas cárceles en dos ocaciones durante la dictadura somocista. En 1971, el entonces dirigente del partido socialista fue acusado erróneamente de participar en el secuestro de un terrateniente conservador. Después de dos años en la clandestinidad, fue capturado y llevado a las mazmorras de esas instalaciones, que en ese momento no tenían nombre, ni eran cárceles oficiales. “Eran centros ilegales donde Somoza tenía a los que éramos opositores. Me mantuvieron encapuchado, encadenado a las paredes y constantemente me golpeaban”, relata Sánchez. Después de diez días fue trasladado a las cárceles de “La Aviación”, donde ahora se encuentra la delegación Ajax Delgado de la Policía. Cumplió una condena de seis meses.
La segunda vez, en 1976 fue vinculado equivocadamente al asalto de la casa José María Castillo, que perpetró un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En esa ocasión también fue torturado e interrogado sobre su participación en el evento. En ese momento, Sánchez fungía como secretario general del partido socialista, una organización política de izquierda agrupada en la coalición Unión Democrática de Liberación (UDEL). Después de un juicio militar, fue liberado cinco meses después.
Su testimonio formó parte de la campaña presentada por la CPDH y para él es muy importante que la población tomé conciencia de los abusos a los Derechos Humanos que se han cometido, y que se siguen cometiendo en las cárceles de “El Chipote”. “Es un símbolo de la represión, de un tipo de represión inhumana que contradice todos los principios y normas de tratados internacionales”, manifestó el periodista.
Los detenidos de el canal
En los últimos años, el uso de este centro como espacio de represión política se ha retomado con un arma contra los que contradicen al gobierno. En los relatos recopilados por el organismo de derechos humanos, también figuran los campesinos que fueron capturados el pasado diciembre cuando realizaban tranques de carretera en rechazo al proyecto del canal interoceánico. Una de ellas fue Sonia López, del departamento de Rivas.
“Nos interrogaban todo el tiempo. Decí quienes lo mandaron a ustedes a protestar, era lo que nos decían. Tuvimos que dormir en el piso para que las otras señoras pudieran dormir en una cama de cemento, hacía frío y todo era oscuro, no sabíamos si era de noche o de día”, relató López.
Asimismo, Ronald Enríquez, también de Rivas, expresó que las condiciones son totalmente insalubres, pues el inodoro es un hueco en el piso. También relata que los policías abiertamente aceptaban su afiliación al FSLN. “Ellos decían que acataban ordenes del Frente. Yo sinceramente pensé que no iba a regresar de ahí”, dijo el activista contra la expropiación canalera.
Proyecto de ley estancado en la Asamblea
Los esfuerzos por cerrar ‘El Chipote’ no son nuevos. Una iniciativa fue impulsada en los años 90 pero no dio frutos. Desde 2013, la CPDH impulsa una campaña para que se cierren estas instalaciones y uno de sus esfuerzos fue interponer una iniciativa de ley para que, desde la Asamblea Nacional, se obligara a la policía a cerrar esas cárceles, se trasladara la DAJ a una edificación mejor equipada y se convirtieran esas instalaciones en un museo histórico contra la tortura.
Sin embargo, hasta el momento la iniciativa de ley sigue sin pasar a plenario y no se vislumbra voluntad política del oficialismo para darle seguimiento. “Hemos identificado que de parte de los diputados oficialistas han negado la existencia de la tortura, incluso el procurador de DD.HH. (Omar Cabezas) dijo en su momento a un medio de comunicación que Marcos Carmona (director de CPDH) se ‘la estaba fumando verde por que estaba pidiendo el cierre de El Chipote”, expuso Denis Darce, responsable de proyectos del organismo de DD.HH.
De igual manera, Darce considera que es necesario que se castigue a los oficiales acusados de tortura, algo que hasta el momento no ha ocurrido. El representante de la CPDH considera que si bien el cierre de “El Chipote” no resolvería la problemática de la tortura como una practica ya institucionalizada por la policía, si mandaría un mensaje muy fuerte para los miembros de las fuerzas policiales. “Creemos que se podría reducir la tortura por que su lógica es: si lo hacen en Managua lo podemos hacer aquí”, declaró el abogado.
Diversos sectores de la sociedad civil se han pronunciado en favor de la campaña y han exigido desde sus espacios el cierre de este centro. Tanto la iglesia católica, representada por Monseñor Silvio Báez y la empresa privada, representada por Jose Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) han dicho que ‘El Chipote’ debe ser clausurado por que es un símbolo histórico de la practica sistémica de la represión. Ambos apelan a que el Estado cumpla con los tratados internacionales, la constitución política y el código penal, que establecen la tortura como un delito grave.
Sin embargo, el periodista Luis Sánchez no es optimista sobre la respuesta del gobierno, liderado por el comandante Daniel Ortega. “Al régimen actual no le interesa cerrarlo, es una tarea pendiente si hay cambio de gobierno”, dijo Sánchez.
