23 de noviembre 2018
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Las madres de los manifestantes que han sido detenidos durante la crisis sociopolítica de Nicaragua informaron que hay al menos 610 presos políticos en Nicaragua.
Entre los reos están 46 mujeres, 28 menores y tres mujeres transexuales, según el informe preliminar, distribuido este jueves por las mujeres organizadas.
De acuerdo con el informe, 458 de los presos políticos enfrentan procesos judiciales, de los cuales 62 ya fueron condenados.
Hasta ahora el número de personas capturadas luego de participar en protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega ascendía a 602, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los manifestantes que están en las cárceles son considerados "terroristas", golpistas" y "delincuentes comunes", por el Gobierno de Nicaragua, que reconoce 273 reos en total.
CENIDH interpone recurso contra la UAF
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), por otra parte, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por considerar que busca "controlar y destruir" el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua.
"Es un recurso de carácter parcial, contra algunos artículos que le atribuyen funciones injerencistas y desproporcionadas a la UAF para buscar cómo controlar y destruir el trabajo de las organizaciones civiles sin fines de lucro", dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, a periodistas.
Según el recién aprobado reglamento, las organizaciones sin fines de lucro tienen hasta el 3 de diciembre próximo para registrarse ante la UAF y presentarle toda su actividad administrativa y financiera, así como el origen y destino de los fondos que reciben, bajo pena de sanciones temporales o suspensiones definitivas.
Una violación a las normas de la UAF podría hacer que las ONG caigan en violaciones a la "Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva", aplicada a personas que se oponen al Gobierno del presidente Daniel Ortega, recordó el Cenidh.
El recurso fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por un grupo de nueve activistas del Cenidh, liderados por Núñez, quien afirmó que el objetivo del Gobierno es "institucionalizar, con estas facultades, una persecución de carácter jurídico".
